By Pasaportes negados, bienes confiscados, medidas cautelares eternas y expedientes abiertos convierten la justicia en un mecanismo de castigo político adicional.
Patrizia Aymerich / El Nacional
Dos meses después de su promulgación, finalizó la aplicación de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática por comunicación de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez. Si bien es cierto que los presos políticos han estado en el centro de la denuncia, hay miles de personas que no han recibido respuesta sobre casos relacionados con causas políticas. Se estima que unas 30.000 personas siguen siendo víctimas directas del régimen chavista con causas sin resolver, muchas silenciosas e invisibilizadas.
Durante años, los organismos policiales del régimen de Nicolás Maduro intensificaron las herramientas de control y represalia política contra ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, con medidas como impedimentos de salida del país, prohibiciones de entrada, retención de pasaportes, negación de documentación, incautaciones de bienes y restricciones en el ejercicio profesional, por nombrar algunos.
Expertos en derechos humanos aseguran que se trata de una estrategia de silenciamiento y represión que afecta a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas políticos, lo que supera con creces el número de víctimas relacionadas directamente con causas políticas. Es otra herramienta del Estado para aleccionar y silenciar voces percibidas como disidentes.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y otras ONG aseguran que la opacidad judicial y la dificultad para acceder a los expedientes impiden el seguimiento de los casos, con lo que la cifra es referencial.
Alonso Medina Roa, abogado penalista y experto en derechos humanos, asegura que por la opacidad del régimen es “imposible precisar el número total de afectados en todo el territorio nacional”. Se trata de otra forma de represión paralela a la privación de libertad en contra de los venezolanos: como incautación de bienes, prohibición de salida del país, restricciones en el ejercicio profesional. Cada una genera un impacto negativo y traumático en la sociedad.
Medina Roa afirma que se los últimos 100 días se ha masificado la aplicación de medidas judiciales cautelares con un impacto importante en la restricción de los derechos fundamentales de miles de venezolanos. “La mayoría de esas medidas se han dictado con la carencia de fundamentos de derechos, por causas políticas y forma de persecución”, dijo.
Pasaportes retenidos, incautaciones y persecución laboral
En el país y en el exterior existe una numerosa población afectada directamente con medidas que impactan el ejercicio de derechos de las personas, las dinámicas familiares, las actividades profesionales, los espacios de trabajo y la movilización ciudadana.
Actualmente, la organización Foro Penal reporta casi 11.500 personas sometidas a medidas cautelares o restricciones de libertad, incluyendo prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y limitaciones para declarar a medios.
A esto se suma la anulación de pasaportes. La CIDH ha documentado más de 40 anulaciones desde las elecciones de 2024, pero podrían ser muchos más. De hecho, ciudadanos en Caracas y Valera han firmado en redes sociales que la cifra es mayor como consecuencia de retenciones arbitrarias en el SAIME, sin motivos señalados.
Incautaciones de bienes
Las incautaciones de bienes se han generalizados. Un ejemplo es el caso de los médicos Juan Torres (cirujano general y mastólogo) y su esposa Elizabeth Rodríguez, detenidos en septiembre de 2025 por denunciar la precarización del sector médico. Fueron excarcelados en febrero de 2026 y de inmediato los despojaron sin orden judicial de sus propiedades: la clínica San Miguel Arcángel —incluidos equipos médicos y quirúrgicos, insumos hospitalarios—, una ambulancia, cinco automóviles, dos motocicletas y otros bienes sustraídos de sus residencias.
Datos del Sindicato Único de Empleados Públicos del Sector Salud en Venezuela (SUNEP-SAS) señalan que la persecución laboral ha afectado a casi 2.000 líderes sindicales mediante despidos y jubilaciones forzosas, en PDVSA, Corpoelec y el sector salud.
Inhabilitaciones políticas
Pese a que las inhabilitaciones abarcan un grupo muy amplio de personas, no solo a líderes políticos que aspiran a cargos de elección popular, sino a actores de la oposición, votante, que han sido privados del documento de identidad y del pasaporte. Decenas de dirigentes —entre ellos alcaldes, líderes partidistas y aspirantes presidenciales— han sido objeto de estas sanciones mediante decisiones administrativas que carecen de legalidad.
Estas medidas no operan de forma aislada, sino que forman parte de un entramado más amplio de control político. A ellas se suman detenciones arbitrarias, imputaciones penales por delitos no cometidos, restricciones para la postulación de candidaturas a todo nivel —desde pequeñas alcaldías hasta postulación presidencial—, confiscación de bienes, prohibiciones de salida del país y, en algunos casos, el exilio forzado.
Bloqueo en registros y procesos notariales
Las medidas no solo restringen la libertad de movimiento, sino que generan un efecto dominó en la vida cotidiana de los afectados. Los afectados por medidas cautelares enfrentan impedimentos para notariar o registrar documentos, como ventas de propiedades, matrimonios o trámites sucesorales.
En muchos casos, los afectados no conocen la existencia de causas abiertas contra ellos, no han sido notificados formalmente ni se han abierto expedientes judiciales.
En situaciones como la anulación y retención de pasaportes, los afectados carecen de procesos o justificación alguna sobre la decisión que garanticen el acceso a la justicia y el debido proceso a las personas afectadas. Cuando los despojados de sus documentos de identidad acuden al SAIME no reciben respuestas y queda atrapados en un limbo administrativo.
La “ley de amnesia penal” con exclusiones masivas
Medina Roa describe la amnistía como “un mecanismo de amnesia penal” que “olvida el hecho, le quita el carácter ilícito al hecho; y en consecuencia, elimina el proceso, la pena y cualquier antecedente penal que se hubiese podido generar”. Pero la ley aprobada, como han advertido organizaciones como Provea y Surgentes, los artículos 7, 8 y 9 deja fuera a un número importante de perseguidos por vías administrativas, laborales o militares.
“La amnistía solo se puede entender como un instrumento indivisiblemente jurídico-político, promulgada en un momento de turbulencia política, en un país que requería una respuesta para la reconstrucción social. Cientos de venezolanos no han sido beneficiados porque implementación ha sido insuficiente y también ha sido excluidos expresamente”, afirma Medina Roa
El experto añade que dejar de aplicar la ley sería un error político de alto costo, pues al día de hoy no se ha generado una estabilización sociopolítica”.
La Comisión Especial de Seguimiento informó que, hasta finales de marzo de 2026, se habían introducido unas 12.700 solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía. De ese total, 11.432 solicitudes fueron consideradas “válidas” por la comisión parlamentaria, sin que se publicara un desglose detallado de las causas de exclusión o un informe que permita revisar caso por caso.
Asimismo, de las libertades concedidas, 7.782 correspondieron a personas que estaban en libertad con medidas cautelares (presentaciones, prohibición de salida, etc.) y 302 a personas que seguían privadas de libertad.
Ciudadanos en general, expresos políticos, trabajadores despojados y familias sin pasaportes son algunas de las víctimas del sistema judicial con casos aún pendientes de respuesta.
Mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirma el cierre de la amnistía, la opacidad judicial y la discrecionalidad dejan a miles en un limbo de derechos negados.
Silencio dobre el motín en Yare III
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la falta de información oficial tras registrarse un motín el 20 de abril en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda. La organización criticó el silencio del Ministerio de Servicio Penitenciario ante un hecho en el cual murieron cinco personas y varias resultaron heridas
Después de una semana del hecho las autoridades no han suministrado información y se desconoce el estado de los internos lesionados. El silencio ha generado incertidumbre entre los familiares de los privados de libertad en Yare III.
Sin visitas y sin paquetes
Desde el motín, las visitas y la entrega de paquetería están suspendidas. Allegados a los reclusos han sido contactados para solicitar medicamentos para el cuidado de los heridos.
El OVP cuestionó la ausencia de declaraciones del ministro Julio García Zerpa sobre lo ocurrido. Humberto Prado, director de la ONG, denunció la permanente 0pacidad oficial sobre las situaciones de violencia en las cárceles. “Es un patrón recurrente del sistema penitenciario no informar”, afirmó.
La ONG pide el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y exige la separación del director de la cárcel mientras se efectúan las investigaciones. También solicita que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Servicio Penitenciario intervengan el centro de reclusión en el cual se perpetran torturas, tratos crueles, restricciones al acceso a los servicios básicos y traslados irregulares.
