By En su artículo de opinión “Cambiar los procesos de transición por la restitución de la democracia”, publicado el 3 de agosto de 2026 en Infobae, el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy, sostiene que en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia se perpetró la desaparición y suplantación de todos los elementos esenciales de la democracia. Según el autor, las dictaduras del “socialismo del siglo XXI” reemplazaron esos pilares por terrorismo de Estado, falsificación institucional, usurpación constitucional, corrupción y “dictadura electoralista”. Ante su eventual final, estos regímenes han convertido el concepto de transición en “una narrativa de manipulación para ganar tiempo reteniendo el poder”, por lo que urge reemplazarla por la agenda de “restitución de la democracia”.
La Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (2001) define como elementos esenciales de la democracia el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. A continuación se profundiza el análisis de cómo se erosionaron o desaparecieron estos pilares en cada país, tomando como base principal el diagnóstico de Sánchez Berzaín y ampliándolo con reportes de organizaciones de derechos humanos, análisis institucionales y hechos verificados hasta mediados de 2026.
Cuba: el modelo originario de control total
Sánchez Berzaín identifica a Cuba como “la dictadura jefe del sistema de delincuencia organizada trasnacional” que lleva más de 67 años en el poder y desde la cual se expandió el modelo a otros países. El régimen de partido único prohíbe el pluralismo político, controla los medios y suprime la disidencia. Freedom House califica consistentemente a Cuba como “Not Free” (9/100 en su informe 2026), con puntuaciones cercanas a cero en derechos políticos. Human Rights Watch documenta la continuidad de detenciones arbitrarias, hostigamiento a críticos y la permanencia de centenares de prisioneros políticos, muchos de ellos vinculados a las protestas de julio de 2021. La crisis económica y los apagones no han abierto espacios de competencia real: el control ideológico y la coacción siguen siendo los pilares del sistema.
Nicaragua: de la alternancia a la dictadura familiar
El autor señala que Daniel Ortega retomó el gobierno en 2007 y reinstaló la dictadura, convirtiéndola en un “régimen de propiedad de Ortega/Murillo”. Tras las protestas de 2018, la represión se intensificó. En 2025-2026 se profundizó el modelo autoritario: reformas constitucionales establecieron la “copresidencia” de Ortega y Rosario Murillo, subordinaron al Poder Judicial y Legislativo, y se eliminó la doble nacionalidad. Human Rights Watch y el Grupo de Expertos de la ONU han documentado violaciones sistemáticas que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, despojo de ciudadanía y cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil. En 2026 Ortega llegó a anunciar que no se celebrarían elecciones, consolidando un Estado policial sin competencia real ni separación de poderes.
Venezuela: erosión gradual y ruptura abrupta
Sánchez Berzaín describe a Venezuela como la “dictadura satélite central” que, bajo Hugo Chávez, rescató al régimen cubano y luego instaló a Nicolás Maduro. El proceso ilustra un gradual colapso democrático: captura de instituciones, control electoral y persecución de opositores. El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y su esposa Cilia Flores en la operación Absolute Resolve (CRS Report; Wikipedia). Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina. Se liberaron cientos de presos políticos, pero analistas de WOLA, Freedom House y Brookings advierten que las estructuras del chavismo permanecen intactas. Existe el riesgo de una “adaptación autoritaria” más que de una restitución plena: el control de las fuerzas de seguridad y la economía sigue en manos de actores del antiguo régimen.
Bolivia: hegemonía partidaria y cambio electoral incompleto
Según Sánchez Berzaín, Evo Morales tomó el gobierno en 2006 tras el golpe de 2003 y en 2008 suplantó la República al crear el Estado plurinacional. Tras la crisis de 2019 y el gobierno de Luis Arce, en 2025 Rodrigo Paz ganó las elecciones y asumió el 8 de noviembre (El País; Wikipedia). El autor advierte que se entregó el gobierno pero no el poder, y que Paz corre el riesgo de cargar con las culpas de más de 20 años de dictadura. En 2026 el nuevo gobierno enfrentó protestas masivas, bloqueos y una crisis económica heredada (CSIS). El cambio electoral no ha desmontado por completo las redes clientelares ni garantizado una independencia plena de las instituciones.
Ecuador: el ciclo de concentración y parcial desmontaje
Sánchez Berzaín señala que Rafael Correa instaló desde 2007 un “Estado plurinacional dictatorial” por más de diez años. La restitución comenzó con Lenín Moreno en 2017, pero el autor sostiene que casi una década después la transición no termina y mantiene impunidad e inestabilidad, con el correísmo como factor de poder. Daniel Noboa, reelecto en 2025, enfrenta una grave crisis de seguridad y ha respondido con militarización y estados de excepción. Organizaciones y analistas advierten tensiones con la Corte Constitucional y prácticas que amenazan los equilibrios institucionales (Democratic Erosion; Journal of Democracy). Ecuador no es una dictadura consolidada, pero arrastra legados de institucionalidad debilitada.
Patrones comunes y el llamado a la restitución
Sánchez Berzaín concluye que la modalidad de transición por reforma mantiene el sistema, las leyes de la dictadura, la impunidad y la participación de la delincuencia en la política. Los cinco casos comparten rasgos de captura institucional, polarización y, en los extremos, represión abierta. Las divergencias son relevantes: Cuba y Nicaragua son dictaduras cerradas; Venezuela se encuentra en una fase incierta; Bolivia y Ecuador han experimentado alternancias electorales, aunque con instituciones frágiles.
La restitución democrática, tal como la plantea el autor, implica desmontar las estructuras de poder heredadas, garantizar independencia real de poderes, justicia transicional creíble y sistemas electorales transparentes. Sin ello, el riesgo es la perpetuación de sistemas híbridos o el retorno cíclico de las mismas élites. El diagnóstico de Sánchez Berzaín, contrastado con los reportes de Freedom House, Human Rights Watch, la OEA y análisis académicos, subraya que la democracia no se restaura solo con un cambio de gobierno o de narrativa: requiere voluntad política sostenida y un compromiso coherente con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
