By En las prisiones y calabozos de Venezuela, la privación de libertad se ha convertido, para miles de personas, en una sentencia de muerte lenta y silenciosa. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización no gubernamental dedicada al monitoreo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, documenta año tras año un patrón de violaciones graves que incluye hacinamiento extremo, ausencia de atención médica, tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia del Estado.
El sistema penitenciario venezolano, heredero de décadas de abandono institucional, opera muy por encima de su capacidad real. Centros como el de El Libertador en Carabobo superan el 200% de ocupación, lo que genera condiciones inhumanas: falta de agua potable, higiene deficiente, propagación masiva de enfermedades infecciosas (tuberculosis, diarrea aguda, infecciones cutáneas) y colapso total de los servicios de salud. Según las Reglas Mandela de las Naciones Unidas —principios mínimos para el tratamiento de reclusos—, el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas, atención médica oportuna y el derecho a la vida. En Venezuela, estas obligaciones se incumplen sistemáticamente.
Muertes bajo custodia: cifras alarmantes
Los datos del OVP revelan la magnitud de la tragedia:
- En 2025, murieron al menos 181 privados de libertad en cárceles y calabozos policiales (158 en prisiones y 23 en calabozos). Esto equivale a un preso cada dos días. La gran mayoría (más del 95%) falleció por falta de atención médica y condiciones de salud prevenibles y tratables.
- En lo que va de 2026, la situación no ha mejorado. Entre abril y julio, el OVP ha documentado al menos 28 a 37 muertes en distintos centros penitenciarios, muchas de ellas por negligencia médica. Casos recientes incluyen muertes por paro cardiorrespiratorio, tuberculosis y diarrea aguda en prisiones como El Libertador (Carabobo), Barcelona (Anzoátegui) y Yare.
Desde 1999 hasta 2025, el OVP ha registrado más de 8.111 muertes en cárceles y un total acumulado que supera las 17.000 víctimas heridas o fallecidas. Durante el período de Nicolás Maduro (2013-2025), se contabilizaron al menos 2.454 muertes. Muchas de estas ocurren sin autopsias independientes, con causas genéricas (“paro cardiorrespiratorio”) y sin investigación efectiva, lo que genera un clima de impunidad total.
Además de las muertes por negligencia, existen reportes de presos políticos fallecidos (al menos 20 entre 2020 y 2024, con más casos en 2025) y episodios de masacres o motines con alta letalidad, como los ocurridos en Yare.
Violaciones estructurales de derechos humanos
- Hacinamiento y condiciones inhumanas: La sobrepoblación impide el acceso básico a camas, alimentación, agua y espacio vital. Familias reportan que los reclusos deben pagar por comida, medicinas y hasta por un lugar para dormir.
- Ausencia de atención médica: No hay médicos suficientes, ni medicamentos, ni traslados oportunos a hospitales. Enfermedades crónicas o infecciosas se agravan hasta causar la muerte.
- Tortura y tratos crueles: Denuncias reiteradas ante organismos internacionales incluyen golpizas, aislamiento prolongado, traslados punitivos y separación arbitraria de familias.
- Presos políticos y detenciones arbitrarias: Tras las elecciones de 2024, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente. Muchas permanecen en condiciones precarias, en régimen de incomunicación, según informes de Amnistía Internacional y Foro Penal.
- Impacto en mujeres y adolescentes: Las reclusas enfrentan invisibilidad y mayores riesgos; los menores en centros mixtos o inadecuados violan convenciones internacionales.
El Comité contra la Tortura de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido recomendaciones reiteradas a Venezuela, que el Estado ignora en gran medida. Las “intervenciones” mediáticas en prisiones (como las de años anteriores) han dispersado a la población reclusa sin resolver problemas estructurales, según el OVP.
Voces y demandas
Ramón Alexis Franco, fallecido recientemente en Carabobo, es solo uno más en una larga lista. Su caso ilustra el patrón: traslado hospitalario tardío, información opaca y ninguna rendición de cuentas.
El OVP exige investigaciones independientes, publicación de datos oficiales de salud penitenciaria, reducción urgente del hacinamiento mediante medidas alternativas a la prisión y cumplimiento de estándares internacionales. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han llamado a la comunidad internacional a presionar por acceso humanitario y monitoreo independiente en las cárceles venezolanas.
Mientras el Estado minimiza o niega la crisis, las familias de los reclusos y las ONG continúan documentando lo que muchos describen como una “fosa común de impunidad”. En Venezuela, estar preso no solo significa perder la libertad: para muchos, equivale a arriesgar la vida bajo custodia del Estado. La protección de los derechos humanos de los privados de libertad sigue siendo una de las deudas más graves de la nación.
