By En un acto de contorsionismo diplomático que ya comienza a resultar sistemático, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, optó por el silencio cómplice ante uno de los anuncios más explícitos de autoritarismo en América Latina reciente: la decisión de Daniel Ortega de suprimir las elecciones en Nicaragua y enterrar cualquier simulación de alternancia democrática.
“Primero es la autodeterminación de los pueblos… cada país decide, cada pueblo decide”, respondió Sheinbaum en su conferencia matutina, sin una sola palabra de condena al régimen que ha convertido a Nicaragua en una cárcel a cielo abierto. La frase, repetida como mantra, revela más de lo que oculta: una visión blanda, acomodaticia y, en los hechos, funcional a regímenes autoritarios que se autoproclaman “pueblos” mientras aplastan a sus ciudadanos.
El principio que se pudre por dentro
La “autodeterminación de los pueblos” es un concepto noble en su origen —liberación colonial, respeto a la soberanía—, pero se ha degradado en instrumento de impunidad cuando se aplica de forma absoluta frente a dictaduras consolidadas. ¿Puede un régimen que encarcela opositores, cierra medios independientes, exilia a decenas de miles de ciudadanos y elimina las elecciones invocar legítimamente la “voluntad del pueblo”?
Ortega no ganó una elección limpia y competitiva. Gobernante desde 2007, ha desmantelado sistemáticamente las instituciones: controla el Congreso, el Poder Judicial, el ejército, la policía y el ente electoral. Miles de presos políticos, confiscaciones arbitrarias, persecución a la Iglesia católica y un éxodo masivo son hechos documentados por organismos internacionales. Decir que esto es “lo que decide el pueblo de Nicaragua” es un insulto a las víctimas y una negación de la realidad.
La autodeterminación no puede ser un cheque en blanco para tiranías. El derecho internacional moderno —desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta doctrinas como la Responsabilidad de Proteger (R2P)— reconoce límites cuando un Estado comete crímenes de lesa humanidad o niega sistemáticamente derechos fundamentales. México, paradójicamente, ha invocado principios similares para criticar a otros gobiernos cuando le conviene ideológicamente (caso Perú con Pedro Castillo). La selectividad es evidente.
Sheinbaum: la mandataria blanda de la 4T
Sheinbaum no improvisa. Hereda y profundiza la línea de Andrés Manuel López Obrador, quien durante años miró hacia otro lado ante la represión orteguista. Pero en ella, la tibieza adquiere un tono más preocupante: una presidenta que aspira a liderazgo regional elige el perfil más bajo posible ante la consolidación de la última gran dictadura de América Latina.
Esta postura no es neutralidad: es complicidad pasiva. Al negarse a condenar la supresión de elecciones, Sheinbaum envía un mensaje claro a la región: los principios democráticos son negociables cuando el autoritario comparte afinidades ideológicas con el progresismo latinoamericano. Es la misma lógica que ha llevado a México a mantener relaciones cordiales con regímenes como los de Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua, mientras endurece el tono contra gobiernos de derecha.
La imagen que proyecta Sheinbaum es la de una líder blanda con los dictadores y exigente con la democracia liberal. Una mandataria que prioriza la retórica antiimperialista decimonónica por encima de la defensa concreta de derechos humanos y libertades políticas. En tiempos donde el autoritarismo se expande bajo ropajes “soberanos”, esta ambigüedad resulta no solo ingenua, sino peligrosa para la credibilidad internacional de México.
¿Dónde queda la democracia?
La democracia no es solo el ritual de votar cada cierto tiempo. Requiere pluralismo real, separación de poderes, libertad de prensa, independencia judicial y posibilidad efectiva de alternancia. Cuando un gobierno elimina las elecciones, ya no está ejerciendo autodeterminación: está rompiendo el contrato social básico con sus ciudadanos.
Invocar “la autodeterminación” mientras Ortega declara públicamente “aquí no volverá a haber elecciones” equivale a decir que el derecho de un pueblo a vivir en dictadura prevalece sobre el derecho de los individuos a elegir y a disentir. Es una inversión perversa de los valores democráticos.
Sheinbaum podría haber dicho algo tan elemental como: “México respeta la soberanía, pero rechaza cualquier medida que suprima derechos fundamentales y cierre el camino a la alternancia democrática”. No lo hizo. Prefirió la fórmula cómoda que la mantiene alineada con el eje ideológico regional mientras evita costos políticos internos.
Esta tibieza no fortalece a México. Lo debilita moral e internacionalmente. En un continente donde el populismo autoritario avanza, una potencia media como México tiene la responsabilidad de defender estándares democráticos mínimos. Eludirlos bajo el manto de la “autodeterminación” no es prudencia: es abdicación.
La historia juzgará si Sheinbaum fue una presidenta que defendió la democracia o una que, con palabras cuidadosas y silencios elocuentes, le abrió paso a sus enterradores. Por ahora, su respuesta ante Ortega deja un registro incómodo: ante la dictadura, México eligió mirar hacia otro lado.
