By María Corina Machado responde en Madrid la pregunta que ordena el conflicto: si el sistema se estabiliza económicamente, ¿qué fuerza real le queda a la oposición?
No fue un desayuno más en Madrid. La pregunta que atravesó la sala no dejó margen para respuestas cómodas: si se levantan sanciones, vuelve el financiamiento, se reactiva el petróleo y entra inversión, ¿no se consolida el sistema sin necesidad de cambio político?
No era una provocación retórica. Es una hipótesis que ya circula en gobiernos y empresas, y que coloca a la oposición frente a su punto más vulnerable. El encuentro tuvo lugar en Madrid, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, un formato habitual de interlocución entre dirigentes políticos, empresarios y analistas. En la mesa, Felipe González presentó a Machado ante una audiencia que incluía representantes empresariales, responsables políticos y actores vinculados a la inversión internacional.
No era un acto partidista ni una tribuna simbólica. Era un espacio donde se cruzan decisiones económicas y posicionamientos políticos, y donde la pregunta central no es retórica, sino operativa.
Felipe González habló de condiciones concretas: una amnistía que no dependa de los órganos actuales, la exclusión de delitos de lesa humanidad, el desarme de estructuras parapoliciales y un cronograma electoral verificable. No es un repertorio de principios. Es una lista de requisitos que, si se aplican, hacen inviable una normalización sin transición. Si no se aplican, la estabilización económica gana terreno.
El respaldo no es neutro. González reconoce como presidente electo a Edmundo González Urrutia y legitima a Machado como conducción efectiva. Ese gesto desplaza el eje. La discusión deja de ser si la oposición puede ganar y pasa a ser por qué no se ejecuta un resultado que consideran ya producido. Es una tesis exigente porque obliga a terceros a definirse frente a ese supuesto.
Machado no corrige ese encuadre. Lo asume. Afirma que el proceso ya atravesó una derrota espiritual, política y electoral del sistema, y que ahora la disputa es por desmontar la estructura que impide materializar ese resultado.
La afirmación eleva la apuesta y deja al descubierto la pregunta que recorre todo el acto: cómo se fuerza ese desmontaje sin control institucional ni capacidad coercitiva directa.
La normalización como riesgo
La primera preocupación de la audiencia es directa y concreta: la posibilidad de que la economía avance sin que cambie el poder. La pregunta se formula sin rodeos: si el sistema logra oxígeno financiero, ¿pierde la oposición su capacidad de presión?
Machado no niega el escenario. Reconoce que hay interés inversor, que actores están adelantando evaluaciones y que el país ofrece oportunidades evidentes en energía, infraestructura y servicios. Pero su respuesta introduce un límite.
“Ninguna inversión seria es sostenible sin garantías jurídicas”. Lo plantea en términos de cumplimiento: ningún estándar aceptaría operar donde los mismos actores que expropiaron y desviaron recursos siguen controlando las reglas.
No es una objeción ideológica, es una advertencia de riesgo. Sin Estado de Derecho, la inversión no consolida estabilidad, la vuelve precaria.
Ese argumento busca frenar una dinámica que ya se insinúa. Si el capital entra sin condiciones, el sistema puede estabilizarse sin transformarse. La oposición quedaría desplazada mientras la vida económica mejora parcialmente.
Machado intenta invertir esa lógica. No rechaza la inversión, pero fija un orden: primero reglas, después capital. Es una línea que apunta tanto a gobiernos como a empresas.
Estrategia sin territorio
La segunda inquietud es operativa. ¿Se puede provocar un cambio real sin presencia física en el país? La pregunta no es menor. La oposición ha operado en gran medida desde el exterior y eso limita su capacidad de acción directa. Machado no la esquiva. Reconoce el problema y lo convierte en parte de la estrategia.
Habla de un retorno que no es individual, sino colectivo, condicionado a garantías de seguridad que hoy no existen. No fija fechas, pero introduce una idea clara: la presencia en el terreno es necesaria para ejecutar cualquier transición. Al mismo tiempo, admite que ese regreso implica riesgos personales y políticos. La respuesta no resuelve la tensión, pero la expone sin rodeos.
La ausencia física no es solo un dato logístico. Es un elemento que pesa en la percepción de viabilidad. Sin presencia, la oposición depende más de presión externa y de organización social. Con presencia, el costo puede ser inmediato. La audiencia no obtiene una solución, pero sí una definición: el regreso forma parte del plan, no es una consigna.
El factor tiempo
La tercera preocupación es el tiempo. Cuánto puede sostenerse una fase en la que hay señales de apertura económica pero no hay garantías políticas. La audiencia busca plazos, secuencia, hitos verificables. De ahí la insistencia en un cronograma electoral claro. No como promesa, sino como mecanismo que ordene expectativas.
González refuerza ese punto. Advierte que sin un calendario preciso, el proceso entra en una zona de frustración donde la presión social puede derivar en escenarios imprevisibles. La idea es simple: sin fechas, no hay horizonte. Sin horizonte, la tensión se acumula.
Machado recoge esa exigencia y la integra en su planteamiento. Insiste en que Venezuela exige elecciones con condiciones verificables. No plantea una negociación indefinida, sino una secuencia que culmine en un proceso electoral creíble. El problema es que esa secuencia depende de actores que no controla.
Dependencia externa
Otra pregunta atraviesa el foro: hasta qué punto la estrategia depende de decisiones de Estados Unidos. No es una cuestión secundaria. Las sanciones, el acceso a financiamiento y la presión internacional están en gran medida condicionados por Washington. La duda es si existe margen autónomo.
Machado reconoce el peso de ese factor, pero intenta desplazar el foco. Insiste en la agencia interna, en la capacidad de organización social que, según su argumento, ha sostenido el proceso incluso en condiciones adversas. No niega la dependencia, pero se resiste a convertirla en determinante.
La respuesta busca evitar un riesgo evidente: que la estrategia quede atada a decisiones externas. Si eso ocurre, los tiempos y las condiciones dejan de ser propios. La insistencia en la organización interna apunta a construir una base que no dependa exclusivamente de factores externos.
Seguridad jurídica
La audiencia introduce otra exigencia: qué garantías ofrece un eventual cambio político a la inversión. La pregunta baja al terreno concreto. Qué pasa con contratos firmados bajo el sistema actual, cómo se tratarán las expropiaciones, quién asegura que las reglas no cambien de nuevo.
Machado responde con una línea pragmática. Afirma que se respetarán compromisos legales y que se buscará enviar una señal clara a los mercados. Plantea una apertura amplia al capital privado, incluso en sectores estratégicos, con un Estado que actúe como regulador. Es un mensaje dirigido a quienes evalúan entrar.
Pero vuelve a fijar la condición central. Sin instituciones legítimas, sin independencia judicial y sin reglas claras, esa apertura no es viable. La seguridad jurídica no se decreta, se construye. Y ese proceso es inseparable de la transición política.
Riesgo y retorno
El tema del regreso aparece de nuevo, ahora vinculado al riesgo personal. ¿Está dispuesta a volver aun si implica consecuencias inmediatas? La pregunta busca medir compromiso y calcular escenarios. Machado no responde con una fecha, pero sí con una posición.
Afirma que el regreso forma parte del proceso y que no se trata solo de su figura, sino de un retorno más amplio de actores políticos y sociales. Reconoce que existen riesgos, no solo físicos, sino también políticos. La respuesta evita la épica y se mantiene en el terreno estratégico.
El punto es claro. Sin presencia, la capacidad de acción es limitada. Con presencia, el costo puede ser alto. La decisión no es simbólica, es operativa. Y sigue abierta.
El papel de las fuerzas armadas
La cuestión militar aparece como un factor inevitable. ¿Existen condiciones reales para un cambio en su actitud? Sin ese componente, cualquier transición es incierta. Machado introduce un matiz. No plantea desmontar la institución, sino liberarla de su subordinación actual.
Sostiene que existe malestar interno y que una transición ofrecería garantías de dignidad y estabilidad. Es una apuesta. No hay evidencia pública que permita medir su alcance, pero forma parte del esquema que plantea.
La audiencia no obtiene certezas. Obtiene una línea de trabajo: la transición pasa también por una reconfiguración del papel militar. Sin eso, el resto de condiciones pierde eficacia.
El dilema final
La cohesión opositora aparece como otra variable crítica. No como imagen, sino como capacidad de sostener una estrategia en condiciones adversas. Machado insiste en que la unidad se ha fortalecido bajo presión y que ha superado intentos de fractura.
El argumento se apoya en la experiencia reciente. Intenta mostrar que la cohesión no es superficial, sino producto de un proceso que ha resistido incentivos y amenazas. La audiencia evalúa esa afirmación con cautela. La unidad es un activo, pero también una fragilidad potencial.
Machado presenta la unidad como un hecho consolidado bajo presión —intentos de quiebre, amenazas, incentivos— y la coloca como base de la estrategia. No entra en otro terreno: qué ocurre con esa cohesión si el conflicto cambia de naturaleza y pasa de la resistencia a la negociación.
La escena deja un conflicto definido. Si el capital entra sin garantías, consolida a quienes hoy controlan las reglas. Si exige condiciones, fuerza un cambio en esas reglas. Entre esas dos opciones se moverá la siguiente fase.
