By Familiares de los detenidos por el caso Plaza Venezuela, entre ellos la adolescente Samantha Hernández, denuncian que fueron excluidos de la amnistía y temen que queden «en el olvido». El 5 de marzo en la audiencia preliminar y fueron enviados a juicio por delitos de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. La causa sigue sumando detenciones.
Luisa Quintero/ TalCual
Loss familiares de más de 50 detenidos, entre ellos una adolescente y su hermana de 19 años, tenían las esperanzas puestas en una amnistía que fue despachada el mismo día en que introdujeron los documentos en tribunales. Con una negativa a cuestas y en espera de apelación, las familias temen que el caso «Plaza Venezuela» quede en el olvido y y sigan en un proceso judicial que no ha cumplido los lapsos establecidos en las leyes.
A principios de agosto de 2025, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció el desmantelamiento de una presunta conspiración para detonar explosivos en Plaza Venezuela, “orquestada por dirigentes opositores como María Corina Machado. El funcionario no presentó pruebas. Solo dijo que habían detenido a varios vinculados y estaban en la búsqueda de otras personas que “estaban al tanto de los planes para detonar la plaza”.
La comerciante Yarilys Díaz dejó constancia escrita sobre su detención. En cuatro hojas de cuaderno relató que funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales de la PNB se la llevaron de su casa, en la parroquia Antímano (Caracas), el 7 de agosto de 2025 para un supuesto interrogatorio, que fue realizado en enero, cinco meses después.
Su hija, Érika Díaz, pudo saber de su paradero al día siguiente cuando le avisaron que le llevara comida a la sede del Cicpc en la avenida Urdaneta. A los cuatro días, la trasladaron a la cárcel de máxima seguridad Rodeo I, en Miranda).
Érika estuvo cinco meses sin tener algún contacto con su madre o conocer las razones de su detención. «Eran 13 mujeres en un tigrito en el Rodeo I. Nunca me informaron por qué se le detuvo y siempre se le negó que en ese centro de detención estuvieran mujeres. Me dijeron que mi mamá fue detenida por la bomba de Plaza Venezuela que iba a colocar el 3 de agosto», contó.
Contó que el día de los hechos, su mamá pasó todo el día con ella en Los Teques. Yarilys tampoco conoce al resto de los detenidos que, según las cuentas de los familiares, son más de 50. «La audiencia de presentación fue el 29 de septiembre de 2025 y la audiencia preliminar se la hicieron el 5 de marzo de 2025. Al igual que mi mamá, muchos de este caso estuvieron en desaparición forzada», añadió
Todos los detenidos por la causa signada bajo expediente 2CT 124-25 fueron imputados de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Se les asignó defensor público y se encuentran a la espera de que un tribunal asuma el caso para comenzar el juicio.
Traslado a La Crisálida
El 12 de enero, Yarilys fue trasladada al centro penitenciario femenino La Crisálida, en Los Teques. Su hija pudo visitarla a finales de mes. La vio pálida y más flaca. «Fue torturada en el Rodeo. Aunque ella me diga que no, yo sé que fue torturada. Las otras detenidas me dijeron que a todas las torturaron con golpes, maltrato psicológico, sin bañarse, sin atención médica», agregó
Rafael Antonio Escorihuela, ex funcionario del Cicpc, es otro de los detenidos por el caso «Plaza Venezuela». Fue apresado para una «declaración» el 22 de octubre en La Guaira, en la vivienda familiar. “Lo señalaron de ser uno de los que iba a grabar la explosión”, le dijeron a la la hermana Rossana. Escorihuela, tenía siete años fuera de Venezuela y ni siquiera se encontraba en el país cuando se desmanteló la presunta conspiración. Llegó el 25 de septiembre para visitar a su padre hospitalizado por una enfermedad coronaria y tenía boleto de avión de retorno el 24 de octubre a Perú.
«Es un hombre de familia, sin ningún tipo de antecedentes penales. Simplemente fue funcionario del Cicpc… Lo acusaron de terrorista. A las 3:00 a.m. lo dejaron ver y luego se lo llevan a la sede del Cicpc en la avenida Urdaneta. Ahí sigue detenido. A él no lo golpearon, pero sí fue coaccionado para que se declarara culpable», afirma Rossana.
Plaza Venezuela: sin amnistía
«Nunca hemos podido ver el expediente del caso. Hay personas con patologías médicas, con hernias, alergias y a raíz de las detenciones y desapariciones. Mi mamá quedó en un estado de depresión y ansiedad muy fuerte», denuncia Érika Díaz.
Díaz introdujo la solicitud de sobreseimiento de la causa vía Ley de Amnistía el pasado 26 de febrero. Ese mismo día se la negaron al igual que a otros familiares. «Apelé a pesar de que me dijeron que a ninguno se la iban a aprobar», subrayó.
Rossana Escorihuela pide justicia, «que esto se haga público. Así como Rafael, hay 50 personas vinculadas a este caso, incluso una menor de edad. Ninguno de ellos se conoce o tiene vínculo, son de diferentes estados». Se refiere a Samantha Hernández, hermana del teniente exiliado Cristian Hernández, quien está recluida en la entidad de atención para menores Dr. José Gregorio Hernández, en Caracas.
Su hermana Arantza, de 19 años, también está detenida. Ambas fueron acusadas de los mismos delitos que el resto de los señalados por el caso «Plaza Venezuela».
Escorihuela asegura que su hermano se encuentra con un deterioro emocional muy grande. Puede verlo cada sábado, pero debe llevarle las tres comidas todos los días a los calabozos del Cicpc. «Nosotros queremos justicia», dijo,
Los familiares señalan que a dos personas vinculadas al caso, uno de ellos llamado José David Espinosa, fueron sobreseídos vía amnistía el 22 de febrero. Esperan que se aplique el mismo concepto para el resto de las personas que se encuentran bajo arresto por el caso, pues tienen la misma acusación.
Cansados de la falta de respuestas, los familiares entregaron una carta a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela el 23 de marzo pidiendo su intervención. «Si le dieron el sobreseimiento de causa a uno, estás extinguiendo la causa. Entonces no entendemos por qué todavía siguen detenidas 50 personas. Antes de Semana Santa, detuvieron a otras tres personas en Maracaibo, nos enteramos esta semana», agregaron.
