By El periodista Juan Pablo Bieri expone con claridad los horrores que vivieron las menores que cayeron en manos de las FARC. Todo tipo de vejámenes y los más atroces crímenes salen a la luz, soportados en imágenes que se obtuvieron de los computadores incautados a ese grupo terrorista en diferentes operativos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas.
Crímenes que involucran a quienes hoy ejercen como senadores y representantes a la Cámara sin que hayan aceptado aún su responsabilidad. Todo el material audiovisual y los testimonios están en manos de la Justicia Especial para la Paz, pero a la fecha no hay condenas, no hay llamados de atención a las FARC para que expongan la evidencia, procedan con la restauración y la reparación a las víctimas.
El documental «Reclutadas» fue publicado e 22 de mayo y ya ha sido visto más de 10.000 veces. Ojalá los lectores de esta nota se tomen el tiempo de verlo con atención. Lo que está allí consignado es una de las partes más oscuras del conflicto colombiano. Sin embargo, las FARC siguen sin responder y hasta lo niegan una y otra vez.
Alegan que en la guerrilla había reglas muy estrictas y se respetaban los derechos, pero las evidencias los desmienten. Violaciones, todo tipo de acoso, abortos. La lista de crímenes es larga y la impunidad no solo se mantiene sino que hoy tiene una representación en el Congreso.
Bieri logra demostrar que en la guerrilla hubo violación sistemática de los derechos de menores de edad, que eran reclutados a través de una especie de comisión de reclutamiento integrada por otros menores que se encargaban de vender la idea de que pertenecer a las FARC era un camino de vida que los sacaría de la situación de pobreza o vulnerabilidad en la que estaban.
El constitucionalista Luis Andrés Fajardo expone con claridad las implicaciones jurídicas del asunto y se incluyen los testimonios del reconocido psiquiatra Rodrigo Córdoba, la actual directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, la periodista Salud Hernández, excomandantes guerrilleros y hasta el actual Presidente de la República.
Llama la atención que las imágenes que acompañan los testimonios y los análisis que se incluyen en el documental reposan en los computadores de las FARC que están en poder del estado colombiano, pero que no han podido ser presentados como prueba en graves procesos que involucrarían a dirigentes políticos hoy activos e incluso elegidos al Congreso que tomará posesión el próximo 20 de julio.
Tal es el caso de Piedad Córdoba, detenida el 25 de mayo en Honduras por llevar consigo más de 60.000 dólares en efectivo sin declarar. En esos equipos aparece, presuntamente, como alias “Teodora”, pero el sistema de administración de justicia definió que por un error de procedimiento la prueba debe ser descartada.
Uno de los asuntos que estuvo presente en la campaña previa al plebiscito de octubre de 2016, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos sometió el acuerdo al que llegó su gobierno con las FARC en Cuba, fue precisamente la violación sistemática de menores de edad por parte de ese grupo terrorista. Los diferentes comités que promovieron la opción NO insistieron en que llegarían violadores al Congreso sin contar la verdad y sin reparar a sus víctimas. Se les tachó de mentirosos, de ir en contra de la paz. Hoy, y Bieri lo demuestra bien, queda claro que no fueron mentiras, las evidencias están ahí.
Colombia está tomando un camino muy difícil hacia una «verdad» sobre el conflicto que corresponde a la Comisión de la Verdad (CEV) que preside el sacerdote jesuita Francisco José de Roux, de la que se vio obligado a renunciar el mayor retirado Carlos Guillermo Ospina, único militar que integraba dicha comisión, insistiendo en que lo censuraron, lo persiguieron y no lo dejaron ejercer con autonomía, incluso exigiéndole suspender actividades que había programado en el marco de sus funciones.
Al parecer, la CEV ha tomado un camino que hace sombra a los informes de sectores que hoy son vistos como victimarios, a partir de una forma particular de asumir las causas y hechos ocurridos durante el conflicto.
De hecho, el Instituto de Ciencia Política presentó en 2021 el informe Víctimas del conflicto armado en Colombia en razón de su vinculación al sector productivo como un aporte en el que se incluyen casos puntuales y documentados que afectaron gravemente al sector productivo.
Se buscaba evitar la satanización que se percibe por una posición hoy mayoritaria cuyo punto de partida insiste en temas estructurales que hasta en los conceptos tienen una carga ideológica marcada, razón por la cual se requería presencia de militares y policías, empresarios, gremios y demás. Algo que no ocurrió.
