By En una contundente carta pública en video, la abogada Bárbara César Siero denunció el secuestro institucional de sus familiares por parte de la DGCIM, utilizado como mecanismo de extorsión para forzar decisiones judiciales de carácter político y obligarla a renunciar a su cargo en el Tribunal Supremo de Justicia.
En lo que constituye una de las confesiones más graves sobre la pérdida de independencia judicial en Venezuela, la abogada Bárbara César Siero, quien se desempeñó como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre 2014 y 2024 y vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa, rompió el silencio. A través de un extenso y detallado documento, la exjurista reveló cómo el aparato de inteligencia y la directiva del máximo tribunal del país coaccionaron su voto mediante la detención y desaparición forzada de sus hermanos y cuñada para garantizar la continuidad de la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado.
La coincidencia temporal: Detenciones en el marco de los Acuerdos de Barbados
El relato sitúa el inicio de la trama criminal el viernes 15 de diciembre de 2023, una fecha límite crucial. Ese día vencía el lapso acordado en las negociaciones de Barbados para que los dirigentes políticos opositores impugnaran sus inhabilitaciones ante el TSJ. Figuras como Henrique Capriles, Daniel Ceballos, Pablo Pérez y Leocenis García acudieron a la cita; la última demanda en registrarse fue la de María Corina Machado, representada por su defensor Perkins Rocha.
En paralelo y de forma coordinada, ese mismo viernes, comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ejecutaron la detención arbitraria de tres familiares directos de la magistrada: sus hermanos, el Teniente Coronel (Ej) Guillermo Enrique César Siero y el Mayor (Ej) Guillermo Henry César Siero, junto a su cuñada, la Mayor (Ej) Diana Desiree Victora Justo.
“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, sentenció César Siero en su misiva.
Silencio oficial y la imposición de sentencias “exprés”
A pesar de que la entonces vicepresidenta del TSJ alertó vía telefónica a la presidencia del tribunal y al Fiscal General sobre la desaparición de sus familiares, la respuesta institucional fue el ocultamiento. Una reunión televisada del Alto Mando Militar con el Ejecutivo esa misma noche omitió por completo los arrestos. Posteriormente, el Ministro de la Defensa afirmó ante los padres de la magistrada “desconocer” el paradero de los oficiales, advirtiendo que el caso se mantendría bajo reserva pública hasta enero de 2024.
Mientras tanto, la maquinaria judicial operaba bajo irregularidades extremas. Según la denuncia, el presidente de la Sala Político-Administrativa, Malaquías Gil Rodríguez, solicitó de manera unilateral los expedientes a la Contraloría General. El viernes 22 de diciembre de 2023, una semana después de los secuestros familiares, la hija y asistente de Gil Rodríguez se presentó en el despacho de César Siero exigiendo la firma inmediata de las decisiones pendientes, saltándose todos los canales regulares.
“Teniendo a mis hermanos y cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, la de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas”, confesó la exmagistrada, evidenciando el estado de vulnerabilidad y terror bajo el cual se ratificó la medida contra Machado.
Operación Brazalete Blanco: Una narrativa prefabricada
Treinta y ocho días después de las capturas, el Fiscal General de la República compareció ante los medios de comunicación para vincular formalmente a los familiares de la magistrada en la denominada “Operación Brazalete Blanco”, anunciando falsamente órdenes de aprehensión recientes y alterando las fechas reales de detención.
La abogada César Siero fue categórica al desmentir las acusaciones del Ministerio Público: “Esos hechos no ocurrieron, ni esos delitos… Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme… y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de las FANB”. Confirmó, además, que su entorno sufrió aislamiento, torturas y tratos crueles e inhumanos.
El calvario de la renuncia forzada y la persecución continua
El hostigamiento no cesó con las firmas. La misma noche del anuncio fiscal, la nueva presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, junto al Primer Vicepresidente del organismo, acorralaron a César Siero para exigir su dimisión. Tras horas de resistencia y bajo una intensa presión psicológica, la magistrada redactó una separación temporal que fue rechazada por Rodríguez, quien le ordenó explícitamente borrar cualquier mención sobre sus hermanos retenidos en el texto final de renuncia.
Incluso tras forzar su salida, el calvario continuó:
- Se le obligó a firmar resoluciones adicionales que habilitaban a otros dirigentes (excluyendo estrictamente a Machado y Capriles).
- Fue vetada de la apertura del Año Judicial 2024 para evitar su coincidencia con Nicolás Maduro.
- El 2 de febrero, funcionarios de la DGCIM allanaron violentamente las residencias de sus hermanos en Fuerte Tiuna, amenazándola con detenerla a ella también tras exigir la presencia de fiscales públicos.
- El 5 de marzo, tras un extenuante interrogatorio conducido directamente por Tarek William Saab, fue obligada a firmar una segunda carta de renuncia definitiva en el despacho de la presidencia del TSJ.
Condenas políticas y alerta internacional
Hasta la fecha, el TSJ le ha negado a César Siero su derecho a la jubilación y las denuncias consignadas ante el nuevo fiscal general, Larry Devoe, han sido ignoradas.
El balance judicial para su familia consolida la persecución política: aunque su hermano Guillermo Henry y su cuñada Diana fueron excarcelados en junio del año pasado, recientemente fueron condenados a tres años de prisión. Por su parte, su otro hermano, el Teniente Coronel Guillermo Enrique, permanece recluido en la prisión militar de Ramo Verde tras recibir una severa condena de 12 años de prisión.
Ante la gravedad de los acontecimientos y el riesgo inminente que corre su vida, Bárbara César Siero cerró su declaración haciendo responsable “de manera directa y categórica al Estado Venezolano”, a los altos magistrados del TSJ, a la directiva de la DGCIM y a la cúpula fiscal por cualquier atentado o daño a la integridad física, psicológica y patrimonial que pueda sufrir ella o su núcleo familiar, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
