By Los tribunales en Venezuela no solo dejaron de impartir justicia, sino que se transformaron formalmente en una extensión del aparato de contrainteligencia militar para perseguir, inhabilitar y extorsionar bajo un diseño institucional coordinado desde el palacio presidencial. Así lo revela el expediente judicial S5 11 Cr. 205 (AKH) de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, una exhaustiva acusación formal sustitutiva (Superseding Indictment) que fundamenta el delito de conspiración criminal y violaciones masivas a los derechos humanos [Pág. 10, 24].
La investigación criminal, liderada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, expone los mecanismos internos mediante los cuales el gobierno venezolano desmanteló la separación de poderes [Pág. 2, 10]. El pliego legal demuestra que, lejos de ser anomalías del sistema, la sumisión de magistrados y la impunidad de redes criminales transnacionales formaron parte de una política de Estado deliberada e instrumentalizada por Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro [Pág. 1, 10].
La “Revolución Judicial” o el diseño del control absoluto
De acuerdo con las pruebas presentadas ante la Corte Federal estadounidense, el desmantelamiento definitivo de la estructura democrática judicial se formalizó en junio de 2021 [Pág. 10]. En esa fecha, Maduro anunció en televisión nacional la creación de la “Comisión Especial para la Conducción de la Revolución Judicial en todo el Sistema de Justicia” [Pág. 10]. Detrás de la fachada de una reforma institucional, el mandatario colocó a su propia esposa, Cilia Flores, en la vicepresidencia de dicho órgano [Pág. 10].
El expediente de la Fiscalía de EE. UU. determina que el verdadero propósito de esta comisión fue purgar los juzgados y asegurar una estructura leal capaz de encarcelar y proscribir a cualquier disidente político, ciudadano o funcionario calificado como “desleal” por el entorno presidencial [Pág. 10]. Con los tribunales bajo su control directo, la cúpula estatal garantizó un blindaje legal absoluto para sus actividades paralelas y las de sus socios internacionales [Pág. 2, 10].
Sobornos en el palacio: Los “bonos” de $1,000 dólares
El documento describe un pasaje perturbador ocurrido en 2022 en el palacio presidencial de Caracas [Pág. 10]. En una reunión secreta convocada por Maduro —donde participaron activamente Cilia Flores y el alto cargo de inteligencia codificado como “CC-1″— se congregó a un grupo seleccionado de juristas y jueces de control, incluyendo a la magistrada identificada en el expediente como “Oficial-2” [Pág. 10].
En este encuentro, Maduro notificó directamente a los jueces que todas las sentencias de impacto político directo serían dictadas desde el Ejecutivo y transmitidas verticalmente a través de magistrados superiores de sus respectivas cámaras; mandatos que debían acatarse de manera obligatoria y sin dilaciones [Pág. 10]. A cambio de esta capitulación institucional, Maduro asignó a cada juez un “bono” mensual clandestino de $1,000 dólares en efectivo, un estipendio que operaba al margen de la ley para comprar la obediencia del circuito judicial [Pág. 10].
Castigo penal a la integridad: El caso de la “Oficial-2”
El expediente revela que el régimen no contemplaba márgenes para la objeción de conciencia o el apego a la ley por parte de los jueces [Pág. 10]. Cuando la presidencia de las cámaras judiciales le ordenó explícitamente a la jueza “Oficial-2” emitir una resolución exprés para inhabilitar a figuras clave de la oposición e impedir que sus nombres figuraran en las boletas electorales, la funcionaria intentó inhibirse y resistir la presión de firmar un documento redactado fuera de los tribunales [Pág. 10].
La respuesta del Estado fue inmediata y violenta: agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) secuestraron e ingresaron ilegalmente a los sótanos de reclusión a miembros de la familia de la jueza [Pág. 10]. Uno de los parientes de la juzgadora, identificado como “Víctima-1”, fue sometido a torturas físicas extremas que incluyeron la obligación de beber agua de una letrina, ataques con gas lacrimógeno dentro de una celda clausurada y amenazas de ejecución a punta de pistola [Pág. 11]. Posteriormente, el rehén fue confinado a “El Congelador”, un calabozo de aislamiento térmico severo con luces encendidas las 24 horas y música a alto volumen ininterrumpida [Pág. 11]. Tras comprobar el sufrimiento de su familia, la jueza cedió y estampó su firma en las sentencias de proscripción política [Pág. 11].
Impunidad blindada para el narcotráfico y las FARC
Además de anular la disidencia, el sistema de tribunales confiscado sirvió como un puerto seguro para la delincuencia organizada y el narco-terrorismo internacional [Pág. 9, 10]. Los fiscales estadounidenses documentan que el Poder Judicial funcionaba como un filtro de limpieza criminal para los aliados políticos del régimen de Maduro:
- Tráfico de influencias parlamentarias: El pliego de cargos señala que, ya desde el año 2010, Cilia Flores —ejerciendo como presidenta de la Asamblea Nacional— instruyó formalmente al Consultor Jurídico del Parlamento acudir ante un tribunal del estado Anzoátegui para exigir e imponer el sobreseimiento definitivo de una causa por narcotráfico masivo contra un operador aliado [Pág. 5, 10].
- Tribunales de despeje para la guerrilla colombiana: Bajo la coordinación de “CC-1”, los jueces penales de las zonas fronterizas tenían instrucciones directas e irrevocables de desestimar y archivar cualquier causa judicial o arresto flagrante contra miembros de las FARC, asegurando que la organización guerrillera operara rutas logísticas de contrabando de cocaína en territorio venezolano sin interferencia del derecho penal [Pág. 9, 10].
La demolición planificada del Poder Judicial es una de las evidencias centrales por las cuales la justicia de los Estados Unidos busca aplicar severas penas privativas de la libertad y la pérdida total y confiscación de activos financieros, inmuebles y cuentas internacionales vinculadas a la red de corrupción que extorsionó a sus propios magistrados para consolidar un monopolio criminal [Pág. 28, 29].
