By El régimen de Nicolás Maduro cada vez más eficiente en sembrar terror, maquillar la tortura, crear mecanismos de impunidad y silenciar las violaciones de derechos humanos
Sebastiana Barráez
Si algo se rescata del informe que Michelle Bachelet presentó ante la ONU el 29 de junio de 2022 es su reconocimiento de que los enfrentamientos que arrancaron en enero de 2022 en el estado Apure fueron entre las organizaciones guerrilleras del ELN (Ejército de Liberación Nacional ) y facciones disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lo que echa por tierra la campaña de propaganda de las FANB que asegura que ese trabajo lo desplegó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para limpiar al territorio de los Tancol.
En las sesiones del periodo que abarca del 13 de junio al 8 julio 2022, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet Jeria, presenta un informe sobre la Situación de los derechos humanos en Venezuela entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022. Sin embargo, no refleja todo lo ocurrido y hay graves omisiones..
En cuanto a las demoras judiciales, hay una enorme distancia entre lo que afirma Bachelet y la realidad. Un ejemplo es el vaso del general en jefe Raúl Isaías Baduel, que murió preso el 12 de octubre 2021 y nunca le hicieron juicio. Muchos otros están presos sin juicio, como los once militares del Caso Armagedón, lo del caso de los Drones Intento de Magnicidio, Operación Constitución, Operación Libertad y así muchos más.
“Las enmiendas legales establecieron que los civiles que cometan actos sancionados por el Código Orgánico de Justicia Militar serán procesados por tribunales ordinarios y que los juicios en curso de civiles por tribunales militares deben ser transferidos a tribunales ordinarios”. Bachelet omite el caso, por ejemplo, del general de brigada Héctor Armando Hernández Da Costa, que siendo oficial activo de la Guardia Nacional lo juzga un tribunal ordinario.
Lo que refiere sobre las “enmiendas para reducir la detención preventiva, incluso mediante la eliminación de la imposición automática de delitos graves” no pasa de ser letra muerta, porque las detenciones arbitrarias y sin orden judicial siguen ocurriendo, las actas para presentarlos ante la audiencia de presentación son alteradas, entre otras irregularidades.
¿Avances en las notificaciones a familiares y abogados?
Bachelet expresa en su informe que hicieron coordinaciones para que se notificara a tiempo la detención de un familiar y garantizar la asistencia de su abogado, asegurando que el cambio “se implementó institucionalmente a través de la transferencia oficial de la administración de los centros de detención del SEBIN y DGCIM en Caracas al Ministerio de Servicios Penitenciarios”. ¿Acaso ignora o pretende hacerlo que El Helicoide, por ejemplo, fue tomado otra vez por los funcionarios del SEBIN?
“El ACNUDH sigue observando retrasos en la aplicación de las órdenes de liberación, como señaló en febrero de 2022 la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional”. Hay que agregar que solo en el caso de la antigua cárcel La Planta hay seis con boleta de excarcelación.
Presenta cono un avance significativo la condena a 30 años de prisión, de dos funcionarios por la tortura que llevó a la muerte a un capitán de corbeta retirado en junio 2019. Omitiendo cualquier responsabilidad en la cadena de mando y omitiendo que esos dos militares no están detenidos en celdas sino en oficinas de la DGCIM.
Otro de “los logros” que Bachelet destaca es que a dos responsables “de homicidio culposo, quebrantamiento de las normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada”, en el caso del ex concejal Fernando Albán, los condenaron a cinco años y diez meses de prisión, pero se les redujo la sentencia a dos años y ocho meses.
En el informe, Bachelet dice que “según el Ministerio Público, desde agosto de 2017 hasta enero de 2022, un total de 1.343 agentes de seguridad fueron acusados de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y 237 condenados”. Agrega que la mayoría son agentes de la PNB (80), policías estatales (55) y la GNB (41). Sorprende que no haya del Ejército cuando a ese componente pertenece la mayoría de los funcionario de la DGCIM y el SEBIN, principales centros de violaciones de los derechos humanos.
De China a Venezuela
La posición “demasiado diplomática” o tolerante en extremo ante crímenes de lesa humanidad asumida por Michelle Bachelet resulta incomprensible en quien vivió de cerca la tortura y muerte de un familiar por razones políticas. Lo mostró en su desastrosa visita a China, del 23 al 28 de mayo, que levantó una oleada de críticas que la llevaron a anunciar, ante las peticiones de renuncia, que no se presentará a un segundo mandato, cuando en agosto concluya el actual.
Eso no borra la estela de decepción que dejó la cuestionada visita y que, a juicio de Alkan Akad, de Amnistía Internacional en China, fue utilizada por el gigante asiático para “impulsar su propia narrativa y defender su pobre balance en materia de derechos humanos”. Ademas, Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, aseguró que ese viaje “no le pudo ir mejor al Gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang”.
La experiencia que las víctimas y familiares de tortura y violación al debido proceso han tenido en Venezuela con la exagerada diplomacia de Bachelet y sus delegados, ratifica lo que Kenneth Roth dijo: “Bachelet no parece cómoda en el papel de tomar posiciones contra gobiernos poderosos”.
La tibieza de sus declaraciones con respecto a China fue semejante a la que asumió en casi todos los informes sobre Venezuela al no ser contundente en condenar crímenes de lesa humanidad. Con su visita a Caracas, en junio de 2019, creó muchas expectativas de que se haría justicia, acabarían las torturas y los informes amañados de los cuerpos de seguridad, el ocultamiento de las evidencias de tortura por los médicos forenses, entre otros hechos atroces. Las víctimas y sus familiares confiaron en ella, pero solo les trajo más frustración y dolor.
FAES solo cambió de nombre
En lo que significó la primera vez en 17 años que Pekín recibe a un alto funcionario de derechos humanos de la ONU, en momentos en que a China se le acusa de tener detenidos a más de un millón de miembros de las minorías musulmanas en campos de reeducación. La alta comisionada fue a un centro de detención, pero que ya no estaba en funcionamiento y habría dicho que eran “centros de formación educacional y vocacional”. Bachelet dio como cierta la información de China de que esos centros habían sido desmantelados. Igual que lo hace en el informe sobre Venezuela en el que señala que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), responsable de numerosas ejecuciones extrajudiciales, había sido disuelta, cuando en realidad solo cambió de nombre.
Los delegados de la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela fueron utilizados como una excusa del régimen venezolano de que se estaba corrigiendo la violación de los derechos humanos, cuando en realidad resultó en una escalada peor. El jefe de la división de la oficina de Bachelet para las Américas, José María Aranaz, fue pieza importante para que el régimen venezolano maquillara los centros de tortura, como ocurrió con los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Después de su visita, hicieron mejoras estéticas, pero continuó la violación de derechos humanos.
También sirvió para que los delegados de la Alta Comisionada fueran usados para la campaña que, desde los medios de propaganda, se difundía, sobre los cursos que los funcionarios de la oficina de Bachelet impartían a los del gobierno de Venezuela, con intermedio de sonrisas, café y diplomacia. Mientras tanto, las peticiones de muchos familiares de las víctimas de los presos políticos, civiles y militares, no eran tomados en cuenta cuando requerían la intervención de los delegados para poner alto a la incomunicación o tortura.
Han sido tres años, desde que Bachelet vino a Venezuela, que el balance del respeto a los derechos humanos en Venezuela es peor. El régimen de Nicolás Maduro aprende a ser cada vez más eficiente en sembrar terror, maquillar la tortura, crear mecanismos de impunidad, aplastando la disidencia y la oposición.
Cuando parecía que no podía ser peor para la imagen de Bachelet, sucedió su visita a la región noroccidental china de Xinjiang, donde el régimen chino está señalado de la opresión y discriminación contra las minorías musulmanas, como la uigur, en esa región. La excusa del régimen chino es que se ha visto obligado a tomar medidas contra operaciones terroristas, un discurso muy parecido al del régimen de Maduro.
