By A pesar de los intentos institucionales por proyectar un clima de normalización política, los números de la persecución en Venezuela continúan estancados en una alarmante meseta. El más reciente balance de la organización no gubernamental Foro Penal, con fecha de corte al 3 de agosto de 2026, reveló que 382 personas permanecen privadas de su libertad por motivos políticos en el país sudamericano.
La cifra no solo evidencia la continuidad de los arrestos arbitrarios, sino que expone el colapso del sistema penal tras el cierre definitivo de los mecanismos de gracia impulsados a inicios de año. El informe de la ONG detalla que la población actual de presos políticos está compuesta por 356 hombres y 26 mujeres. En el desglose de sus ocupaciones, 222 corresponden a civiles y 160 son miembros de las fuerzas militares, manteniéndose además el registro de 40 ciudadanos extranjeros detenidos y una persona cuyo paradero sigue siendo completamente desconocido.
Estatus Procesal de los Detenidos (Agosto 2026):
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│ Personas ya condenadas │ 158 │
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│ Personas esperando sentencia │ 224 │
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El fin de la Amnistía y la política de la “puerta giratoria”
La acumulación de estos casos se produce pocos meses después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, diera por concluida formalmente la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática el pasado mes de abril. Dicha legislación, aprobada originalmente en febrero de 2026 por la Asamblea Nacional, prometía canalizar más de 12.000 solicitudes y beneficiar a millares de ciudadanos. No obstante, organizaciones de la sociedad civil como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón calificaron la interrupción del proceso como una medida “arbitraria e inconstitucional” que transformó la ley en un mero ejercicio de retórica política sin resolver el problema de fondo.
Lejos de vaciar las cárceles, los defensores de derechos humanos denuncian la vigencia de una dinámica de “puerta giratoria”. Este fenómeno se traduce en el hecho de que, por cada medida de liberación parcial otorgada por las autoridades, se ejecutan de inmediato nuevos arrestos que mantienen estable el balance de prisioneros. Entre finales de julio y los primeros días de agosto, Foro Penal documentó la incorporación de cuatro nuevos expedientes de detención política que neutralizaron el impacto de las excarcelaciones previas.
Un ejemplo de este goteo intermitente incluyó la excarcelación bajo restricciones del coronel José Jesús Lozano Mogollón.
El abandono sanitario en las prisiones
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el fallecimiento de al menos 49 presos bajo custodia estatal entre abril y julio de 2026 debido a patologías prevenibles como la tuberculosis y la deshidratación, agravadas por el abandono institucional y obstáculos para recibir atención médica.
Exigencias internacionales y contexto histórico
Las organizaciones civiles exigen investigaciones independientes sobre estas muertes y que el Estado cumpla las recomendaciones internacionales. Desde 2014, Foro Penal registra un acumulado de 19.175 detenciones políticas, mientras el gobierno insiste en negar la existencia de prisioneros de conciencia.
La permanencia de los 382 presos políticos en Venezuela y las alarmantes tasas de mortalidad en los centros de reclusión han provocado intensas reacciones en el plano internacional. Estas respuestas combinan la presión de organismos multilaterales de derechos humanos, la mediación política global y un nuevo enfoque diplomático condicionado por cambios geopolíticos recientes.
Las principales reacciones y dinámicas internacionales se estructuran en los siguientes ejes fundamentales:
1. El condicionamiento del nuevo diálogo político por EE. UU.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y la gestión del secretario de Estado Marco Rubio, ha manifestado su firme respaldo al inicio de negociaciones formales en Caracas entre la oposición (representada por la Asamblea Nacional de 2015 y Dinorah Figuera) y el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
- El Plan de Tres Fases: Washington ha integrado este diálogo dentro de su estrategia de tres fases para Venezuela, la cual busca la estabilización económica, la reconciliación política y una transición pacífica hacia elecciones democráticas tras la captura y procesamiento judicial de Nicolás Maduro en territorio estadounidense.
- Exigencia de libertades: A través de sus portavoces, la diplomacia estadounidense ha calificado las conversaciones como una “oportunidad única”. Sin embargo, la delegación internacional y sectores aliados han dejado claro que la ampliación de las libertades políticas y la liberación incondicional de los detenidos son requisitos indispensables para que el proceso arroje “resultados tangibles”.
2. Evaluaciones de la ONU y la “Comisión de Verificación”
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha seguido de cerca la situación carcelaria.
- Advertencia de impunidad: Aunque a principios de año la Misión saludó una primera oleada de excarcelaciones masivas (donde Foro Penal llegó a registrar más de 600 liberados iniciales tras los eventos de enero), en sus últimos pronunciamientos ha denunciado que el aparato represivo sigue intacto. Los expertos de la ONU recuerdan que el Estado no ha rendido cuentas por las detenciones arbitrarias acumuladas ni por los abusos dentro de las prisiones.
- Comisión Mixta: Las organizaciones no gubernamentales miran con cautela la instalación de una comisión mixta internacional que cuenta con el apoyo de Washington. El valor de esta delegación dependerá de su capacidad para auditar de forma independiente los centros de detención más críticos, como el Internado Judicial Rodeo I o Cenapromil.
3. Denuncias ante la CIDH y el “Termómetro de Justicia”
En el marco de los períodos de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una coalición de 20 organizaciones civiles venezolanas presentó una nueva herramienta de monitoreo denominada Termómetro de Justicia y Verdad.
- Estatus de la persecución: Ante los comisionados internacionales, los activistas demostraron que los prisioneros políticos actuales atraviesan todos los estratos sociales, incluyendo a sindicalistas, militares, civiles comunes y ciudadanos extranjeros.
- El reclamo de desacato: La comunidad jurídica internacional ha censurado de forma unánime que Venezuela mantenga su desvinculación formal de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y continúe ignorando las medidas cautelares de protección emitidas para resguardar la vida de los detenidos en situación de salud crítica.
4. Presión diplomática por presos extranjeros
El balance que registra 40 ciudadanos extranjeros bajo privación de libertad por motivos políticos ha activado los canales diplomáticos de distintos países. Organizaciones de derechos humanos, como la alianza Justicia, Encuentro y Perdón, han elevado alertas a cancillerías de la región y de Europa. Se acusa formalmente a las autoridades de usar a estos detenidos extranjeros como “fichas de canje” o herramientas de extorsión geopolítica para flexibilizar las presiones internacionales sobre el gobierno interino.
