By Cinco familias venezolanas dieron un paso histórico al interponer una demanda civil contra Nicolás Maduro ante una corte federal de Nueva York, acusándolo de responsabilidad en las presuntas ejecuciones extrajudiciales de sus familiares durante operativos de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entre 2017 y 2020.
La acción judicial, presentada en la Corte Federal de Brooklyn, se ampara en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de Estados Unidos, que permite reclamar daños y perjuicios contra funcionarios extranjeros por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el ejercicio de sus cargos. Los demandantes, identificados bajo seudónimos (Jane y John Doe) por razones de seguridad, son tres madres, un padre y una hermana que perdió a dos hermanos.
Según la demanda, los jóvenes fallecieron durante redadas en barrios de Caracas en las que las fuerzas de seguridad presuntamente ejecutaron a las víctimas, en muchos casos en sus propias viviendas, y manipularon las escenas del crimen para simular enfrentamientos armados. “A mí el Estado me mató a mi hijo”, declaró una de las madres, identificada como Jane Doe 1. Otra demandante, Jane Doe 3, afirmó: “Mi hijo no era ningún delincuente. Lo asesinan en su propia habitación”.
La iniciativa es impulsada por el Centro Guernica 37, una organización internacional especializada en litigios por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. “Esta demanda refleja la extraordinaria determinación de las familias de las víctimas para hacer frente a los abusos de poder y afirmar que nadie está por encima de la ley”, señaló Michael Reed Hurtado, uno de los abogados representantes.
Apoyo en informes internacionales
La demanda se sustenta en abundante documentación internacional. Informes de la ONU han señalado que las fuerzas de seguridad venezolanas, particularmente las FAES, fueron responsables de miles de muertes en operativos de “seguridad ciudadana”. Solo entre 2018 y 2019 se registraron al menos 6.856 fallecimientos, muchos de ellos catalogados como ejecuciones extrajudiciales con posterior alteración de evidencias. Organismos como Human Rights Watch han documentado patrones sistemáticos de abusos en comunidades populares.
Pese a las denuncias reiteradas, Maduro expresó en 2019 su pleno respaldo a las FAES: “Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico… ¡Que viva el FAES!”.
Las familias explicaron que la decisión de acudir a la justicia estadounidense responde a la impunidad que impera en Venezuela. “El verdadero móvil de nosotros para haber dado ese paso es la impunidad en nuestro país”, dijo una de las demandantes.
Un caso que busca romper el silencio
Este proceso civil representa uno de los intentos más directos de víctimas venezolanas por obtener reparación y justicia fuera del país, en un contexto donde las instituciones nacionales no han investigado ni sancionado estos casos. Los abogados solicitaron indemnizaciones por daños compensatorios y punitivos.
Mientras Maduro enfrenta en Estados Unidos otros procesos judiciales de mayor envergadura (incluyendo cargos penales por narcoterrorismo), esta demanda civil abre un nuevo frente enfocado en violaciones a los derechos humanos y en el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en operativos controvertidos.
