By El doble terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio de 2026 —un primer sismo de magnitud 7,2 seguido 39 segundos después por uno de 7,5— se ha convertido en una de las mayores tragedias naturales recientes del país.
Con más de 4.490 fallecidos, 16.740 heridos y casi 18.000 personas sin hogar, los movimientos telúricos, originados cerca de San Felipe, devastaron especialmente el estado La Guaira y partes del norte de Venezuela. Tres semanas después, los equipos de rescate continúan extrayendo cuerpos entre lluvias, réplicas y riesgos sanitarios, mientras llega ayuda internacional de Estados Unidos, Israel, Rusia y organismos de la ONU.
Más allá del impacto natural, la catástrofe ha reavivado el debate sobre la responsabilidad humana. El caso más emblemático es el Complejo Urbanístico Hugo Chávez (también llamado Ciudad Chávez o Summa) en Playa Grande, La Guaira. De sus 196 torres, alrededor del 80% resultaron hundidas, achatadas o inclinadas, afectando directamente a más de 3.000 familias. Muchas construcciones de cuatro pisos se redujeron a dos o tres niveles porque la planta baja literalmente “se la tragó la tierra”.
Según la investigación de Armando.info, se trató de viviendas prefabricadas con estructura metálica ligera, fibra de vidrio como aislante térmico, madera contrachapada, drywall y fachadas plásticas. Este sistema, promovido para abaratar costos y acelerar la construcción, carecía de fundaciones adecuadas para el terreno y convirtió los edificios en trampas mortales durante el sismo. Sobrevivientes como Nancy Rengifo describen cómo quedaron atrapados en un “amasijo metálico” con escasas vías de escape.
El proyecto fue impulsado directamente por Hugo Chávez. Impresionado por las obras de la empresa turca Grupo Summa en Libia, el entonces presidente la contrató bajo un convenio bilateral. En 2012, durante una transmisión televisada, Chávez lo calificó como una “maravilla”. El costo inicial rondaba los 113 millones de dólares para miles de unidades en una zona de meseta costera.
Infobae reporta que el gobierno actual, encabezado por Delcy Rodríguez, defiende la Misión Vivienda al afirmar que la mayoría de los 190 edificios colapsados y 856 afectados eran de promotores privados. Sin embargo, expertos como los arquitectos Gustavo Izaguirre y Marco Negrón, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuestionan la calidad general del programa, la validación de tecnologías extranjeras y la ausencia de controles sísmicos rigurosos.
Ignorando advertencias desde 1999
Esta tragedia no fue imprevisible. La tragedia de Vargas de 1999, que dejó decenas de miles de muertos por deslaves, generó múltiples recomendaciones de ordenamiento territorial que, según expertos, fueron sistemáticamente ignoradas. Estudios posteriores, como el elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) entre 2002 y 2005 —entregado a Chávez en 2005—, advertían sobre la alta vulnerabilidad sísmica de Caracas y La Guaira debido a suelos aluviales blandos que amplifican las ondas sísmicas. El informe recomendaba estricta microzonificación sísmica, restricciones a construcciones multifamiliares en zonas de riesgo y refuerzo estructural. Estas recomendaciones no se aplicaron de manera efectiva.
El plan de ordenamiento territorial de La Guaira de 2006 también recomendaba mapas de microzonas sísmicas en toda la costa, precisamente donde luego se levantaron complejos de la Misión Vivienda. Expertos señalan que se obviaron estas directrices por priorizar la meta política de entregar masivamente viviendas.
Corrupción y opacidad en la Misión Vivienda
La Gran Misión Vivienda, lanzada en 2011 como bandera electoral, ha estado rodeada de denuncias de corrupción desde su inicio. Investigaciones de Transparencia Venezuela, IPYS y medios como Armando.info documentan sobrecostos, contratos inflados, malversación de fondos y opacidad en la selección de contratistas.
El programa involucró a socios internacionales (Turquía, Irán, Bielorrusia, Cuba) en un contexto de opacidad total: sin licitaciones públicas adecuadas, sin inspecciones independientes y con la industria local prácticamente destruida.
Casos como el de Odebrecht ilustran la magnitud de las irregularidades en contratos de vivienda
Terrenos fueron elegidos “a ojo” desde helicópteros, sin estudios profundos de suelo, y permisos otorgados bajo presión política. Tras la tragedia de 1999, se crearon autoridades de reconstrucción que debían aplicar normas estrictas, pero el impulso de “construir para el pueblo” prevaleció sobre la ingeniería y la seguridad.
Hoy, con miles de damnificados adicionales por los sismos de 2026, la pregunta persiste: ¿quiénes firmaron los permisos de construcción en zonas de alto riesgo?
Mientras las familias afectadas en Playa Grande intentan recuperarse entre escombros, el colapso del complejo que lleva el nombre de Hugo Chávez se ha convertido en un doloroso símbolo de las promesas habitacionales masivas del chavismo que, construidas con prisa y presuntamente con corrupción, no resistieron ni la fuerza de la naturaleza ni el escrutinio posterior.
