Erlymar Romero estaba trabajando en Estados Unidos cuando su hija, de 12 años, cayó del piso 7 del bloque 40, de la urbanización Menca de Leoni en Guarenas, estado Miranda. Al día siguiente de lo ocurrido, regresó al país. Hoy, desde su duelo, clama justicia. El padrastro de la víctima está imputado de los delitos de feminicidio agravado y abuso sexual
Rosanna Battistelli /El Pitazo
Erlymar Romero habla despacio. Lo hace desde el dolor; desde su duelo. El 24 de enero de 2022 su vida quedó marcada. Ese día, su hija, de 12 años, murió al caer del piso 7 del bloque 40, de la urbanización Menca de Leoni en Guarenas, estado Miranda. La víctima sufrió traumatismo craneoencefálico severo.
Cuando este hecho ocurrió, Erlymar estaba en Estados Unidos . Había emigrado seis meses antes en busca de un mejor futuro. Su aspiración era llevarse a su familia, una vez que le aprobaran el asilo, pero sus planes se truncaron.
La primera hipótesis que se manejó sobre la muerte de la hija de Erlymar fue el suicido; sin embargo, las investigaciones determinaron que la adolescente, presuntamente, fue abusada y asesinada por Carlos Gabriel Herrera Milazzo, de 31 años. Él era su padrastro.
Herrera Milazzo fue detenido por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana. Con él fue arrestada su madre, Lorena Mercedes Istúriz, de 51 años, por omisión.
Yo solo quiero que se haga justicia, porque este hombre me engañó a mí y a mi familia. Nos manipuló. Es un monstruo. Mi hija era una niña alegre, dulce, cariñosa, feliz, con una vida por delante. Era una niña amada y querida por su familia
Erlymar Romero
Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía 21 del Ministerio Público imputó al hombre por los delitos de feminicidio agravado y abuso sexual a niña con penetración en grado de continuidad.
Una vez evaluados los elementos expuestos, el Tribunal 2° de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, con sede en Guarenas, le dictó medida privativa de libertad. Su progenitora también quedó detenida. La calificación del presunto delito que cometió fue cambiada. Ahora es juzgada por cómplice innecesario de feminicidio.
El Observatorio Digital de Feminicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 62 feminicidios y 24 frustrados en los primeros 3 meses de 2022. Según los datos publicados en la página web de esta organización, hubo una acción feminicida en Venezuela cada 26 horas; un total de 23 niños quedaron huérfanos por el asesinato de sus madres y 3 presenciaron los hechos violentos.
En 19 % de los casos había una relación familiar entre víctima y ofensor (padres, padrastros, hermanos, hijos, hijastros, primos), mientras que en 61,9 % de los feminicidios la relación afectiva entre víctima y agresor estaba constituida por vínculos de parejas y exparejas, con o sin convivencia bajo el mismo techo.
En busca del sueño americano
Carlos Gabriel Herrera Milazzo y Erlymar Romero, de 36 años, se conocieron en Ecuador en 2017. Ambos habían emigrado. Ella lo hizo con sus dos hijas, de 13 y 5 años, en 2015. A los meses, la pareja decidió formalizar su relación y tuvieron un hijo en 2020.
La meta de ambos era radicarse en Estados Unidos (EE. UU.). Con ese proyecto en mente, planearon casarse; sin embargo, en Ecuador se les hacía difícil, así que regresaron a Venezuela. En ese momento, la hija mayor de Erlymar se fue a España con su papá.
“Nos casamos en mayo de 2021, en el estado Aragua, donde vive mi familia, y comenzamos a planificar el viaje. Le propuse a Carlos que cruzara él por frontera, ya que no tiene visa, y yo me quedaba aquí con los niños, pero no le gustó la idea, porque quería estar con su mamá. Entonces, decidimos que me iría yo primero, pediría asilo y los incluiría a todos en la solicitud”, contó Erlymar a El Pitazo, el 28 de mayo, vía telefónica.
“Trabajaba día y noche”
Erlymar y Carlos Gabriel vivían para entonces en Guarenas. En esta ciudad reside la familia de Carlos. Decidida a irse a EE. UU., con visa en mano, Erlymar dejó a su hija de 11 años a cargo de su esposo y al hijo de ambos, quien para ese momento tenía 1 año de edad. El 4 de julio de 2021, Erlymar ya estaba en suelo americano.
“Acordamos que él no iba a trabajar, sino que cuidaría a los niños. Cada dos semanas yo enviaba dinero, no solo para mi familia, sino también para ayudar a los parientes de Carlos. Enviaba cajas con comida y regalos, pagaba el colegio de mi pequeña y costeaba todo lo que necesitaban mis hijos. Trabajaba día y noche en labores de carpintería y hacía de Uber o laboraba con Amazon, en las horas libres. Nunca abandoné a mis hijos, y mi familia también estuvo pendiente de ellos, a pesar de que Carlos nunca permitió que mi hijo pequeño compartiera algunos días con mis parientes”, aclaró Erlymar, a propósito de los comentarios surgidos en redes sociales.
En diciembre de 2021, a Erlymar le tomaron las huellas dactilares en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés) como parte del proceso de asilo y estimaba que en enero de 2022 tendría la entrevista. Ese mismo mes, en Venezuela, le sacaron el pasaporte a su hija menor, mientras que la mayor ya había volado desde España hasta Estados Unidos para reunirse con su madre.
EL OBSERVATORIO DIGITAL DE FEMINICIDIOS DEL CENTRO DE JUSTICIA Y PAZ DOCUMENTÓ 62 FEMINICIDIOS EN LOS PRIMEROS 3 MESES DEL 2022 Y 24 FRUSTRADOS EN VENEZUELA
“Tenía planificado llevarme a mis dos hijos menores en el mes de febrero de este mismo año a Estados Unidos, al igual que a mi esposo. Ese era mi mayor deseo. Hablábamos por videollamadas todos los días y chateaba con mi hija a cada momento. El día que murió, hablé con ella en la mañana. En la noche me envió una nota de voz, pero yo estaba en una congregación, porque soy cristiana, y le dije que hablábamos en un rato, pero me la mataron”.
A las 10:30 pm del 24 de enero de 2022, una prima de Carlos Gabriel llamó a Erlymar por teléfono para decirle que había ocurrido un accidente: “la niña se lanzó por la ventana”. “Fue desesperante estar tan lejos y no poder hacer nada. Es duro que en segundos te arrebaten a tu hija. Las personas que tienen hijos deben imaginar lo doloroso que es esto para mí”, dice con nostalgia.
A las 3:00 pm del día siguiente, Erlymar se bajó de un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira. Su esposo y la familia de él siempre mantuvieron la tesis del suicidio; sin embargo, se contradecían en sus versiones.
“El día del entierro, tanto Carlos como su mamá estuvieron apartados. Nunca dieron muestras de dolor. Cuando sepultamos a mi hija, en Turmero, estado Aragua, ambos se fueron a la celebración de un matrimonio sin importarles mi sufrimiento”.
Las investigaciones
Hasta el 31 de enero de 2022, Erlymar creyó la hipótesis del suicidio, a pesar de que su hija nunca había dado muestras de debilidad emocional. Ese día, cuando fue llamada a declarar en la PNB, en Caracas, le informaron que su hija había sido abusada y, presuntamente, asesinada. Esa conjetura fue producto de las investigaciones de la Fiscalía 21 de Guarenas, estado Miranda, y del cuerpo policial.
Actualmente, el proceso está en etapa de juicio. Los acusados no han asumido los hechos. El hombre está preso en la comisaría de la PNB en San Agustín, Caracas, y su madre, en la sede del mismo organismo en El Valle.
“Yo solo quiero que se haga justicia, porque este hombre me engañó a mí y a mi familia. Nos manipuló. Es un monstruo. Mi hija era una niña alegre, dulce, cariñosa, feliz, con una vida por delante. Era una niña amada y querida por su familia”.
Erlymar denunció que el padre del detenido, Carlos Ernesto Herrera, constantemente la insulta por las redes sociales. “Aunque mi hija fue la víctima, ese ciudadano me agrede verbalmente. Mi lucha es porque no haya más feminicidios en el país; tampoco abusos sexuales ni homicidios contra niños. Quiero que el crimen de mi hija no quede impune. Mientras tanto, yo aprendo a vivir con este dolor”.
En su último balance, presentado a finales de 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia informó que los casos de abuso y violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes aumentaron durante la pandemia del COVID-19. Para 2021, el OVV registró 101 víctimas de abuso y violencia sexual con edades entre 12 y 17 años.