By La investigación judicial en torno al polémico rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra ha entrado en una fase crítica en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción y el magistrado instructor José Luis Calama han cerrado filas para frenar la estrategia jurídica del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien pretendía invalidar las pesquisas financieras que pesan sobre su entorno familiar y laboral. Esta contraofensiva de las instituciones judiciales coincide con revelaciones directas de exdirectivos de la compañía aérea, quienes han confirmado ante el juez el presunto pago de comisiones ilícitas a cambio del auxilio financiero del Ejecutivo.
El portazo judicial a la defensa de Zapatero
El origen del actual choque procesal radica en la dura postura adoptada por el Ministerio Público frente a los recursos presentados por la representación legal del exlíder socialista. En un contundente escrito remitido al juzgado, la Fiscalía Anticorrupción acusó a la defensa de Zapatero de tergiversar datos y sostener afirmaciones “categóricamente falsas” con el único propósito de propiciar una nulidad general de las actuaciones. El reproche fiscal censuró el “tono intolerable” de los letrados y sus quejas infundadas sobre supuestas irregularidades en el acceso a los dispositivos electrónicos intervenidos.
Poco después, el juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ratificó el criterio de la fiscalía dictando un auto que desestima el recurso de nulidad general. El magistrado determinó que la defensa del expresidente cuenta con un acceso pleno y efectivo a todos los materiales del sumario, descartando cualquier tipo de indefensión o vulneración de derechos fundamentales. Con esta resolución, la justicia mantiene plenamente vigente la orden dictada a la UDEF para realizar un rastreo exhaustivo de los movimientos bancarios de Zapatero, sus hijas y su secretaria personal, frenando en seco la ofensiva del expresidente para bloquear la investigación.
La confesión del 1% y el papel del entorno de Zapatero
Las declaraciones de exdirectivos de Plus Ultra ante el juez Calama han comprometido drásticamente la versión del exmandatario. El exconsejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, testificó formalmente que la compañía pagó una comisión del 1% al denominado “grupo Zapatero” si se conseguía la ayuda financiera del Estado. El supuesto porcentaje equivaldría a 530.000 euros sobre el rescate total de 53 millones concedido por la SEPI en 2021, una cantidad canalizada a través del empresario Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente.
Según relató Roselli, los informes facturados por consultoría técnica eran en realidad “irrelevantes” y “nadie los miraba”, lo que desarmaría la justificación de que los abonos correspondían a labores de asesoría técnica. El exdirectivo también detalló ante la Audiencia Nacional que el entorno del expresidente disponía de información privilegiada, ya que se les notificó que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaría el préstamo casi una semana antes de que el Consejo de Ministros lo hiciera oficial. Además, Roselli denunció que las transferencias totales superaron el 1% inicial debido a gestiones y cobros adicionales realizados posteriormente en Venezuela
Coincidencias procesales y el desmentido de Zapatero
Esta versión coincide con la del expresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, quien también admitió ante el juez el pacto de la comisión del 1% y mencionó una supuesta llamada telefónica con Zapatero en 2020 para coordinar su intermediación, aunque Roselli matizó que él nunca conversó directamente con el expresidente. Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero ha negado de forma categórica cualquier intermediación o cobro de comisiones, insistiendo en que los pagos a su entorno corresponden a asesorías legítimas. Corresponde a la Audiencia Nacional determinar la naturaleza y el destino final de estos fondos.
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