By La promesa de un Paraguay moderno, tecnológico y convertido en un imán para el capital extranjero se desmoronó en menos de 48 horas. Lo que comenzó el martes como la intervención de urgencia de Ueno Bank, la entidad financiera digital con mayor crecimiento en la historia reciente del país, mutó rápidamente en una crisis de proporciones históricas que arrastró al propio jefe de Estado. La vertiginosa secuencia de eventos derivó en la renuncia del presidente Santiago Peña, masivas movilizaciones ciudadanas ante el temor de un “corralito” al estilo argentino y un histórico proceso de juicio político que el Congreso mantiene firme.
El ascenso meteórico impulsado por el Estado
Lanzada originalmente en 2021 a partir de la adquisición de una pequeña financiera tradicional, ueno se expandió de manera agresiva apostando por una plataforma puramente digital y una omnipresente campaña de marketing que incluía el patrocinio de los clubes de fútbol más grandes y del principal estadio del país. En noviembre de 2023, pocas semanas después de que el economista Santiago Peña asumiera la presidencia, el Banco Central del Paraguay (BCP) le otorgó la licencia para operar formalmente como banco.
A partir de ese hito, la entidad captó a casi 3 millones de usuarios, equivalentes a cerca del 60% de la población adulta paraguaya, seducidos por reintegros y facilidades digitales. Sin embargo, el verdadero motor de su liquidez provino del propio Estado: el banco llegó a resguardar entre 800 y 850 millones de dólares en depósitos públicos, de los cuales unos 355 millones correspondían de manera exclusiva a los fondos de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS).
El esquema: Créditos vinculados y triangulación de deudas
Los balances presentados por la firma simulaban una solidez envidiable, exhibiendo tasas de morosidad artificialmente bajas en comparación con la banca tradicional. No obstante, investigaciones internas de la Superintendencia de Bancos y alertas tempranas publicadas por el diario local ABC Color revelaron una realidad subterránea: los directivos del Grupo Vázquez (propietarios de la firma) utilizaban el dinero de los ahorristas e instituciones públicas para otorgar créditos millonarios sin garantías a empresas satélite de su propio conglomerado económico, violando abiertamente los límites legales.
Para maquillar el vaciamiento contable, la entidad recurría a la triangulación de deudas con firmas tecnológicas afines y la venta de su cartera vencida a otras empresas del mismo entorno empresarial. Al verse obligados a sincerar sus libros ante las auditorías del ente regulador, el índice de solvencia de Ueno Bank se desplomó a menos de la mitad del mínimo exigido por la ley de bancos, certificando su quiebra técnica e inminente insolvencia.
Conexiones en la cima: Las “puertas giratorias” del poder
El caso trascendió el ámbito corporativo para convertirse en un escándalo de corrupción institucional debido a los nexos directos del mandatario y su equipo económico. La oposición, respaldada por declaraciones recogidas por cadenas como la BBC Mundo, denunció un severo conflicto de intereses: Peña fue accionista formal de Ueno Holding hasta marzo de 2025. Aunque el exmandatario negó una participación directa en las decisiones operativas del banco, los fiscales investigan si holding vinculados realizaron transferencias millonarias a firmas particulares ligadas a su persona.
El entramado sumó gravedad con la figura de Carlos Carvallo Spalding, nombrado por Peña en 2023 como presidente del Banco Central del Paraguay. Carvallo había sido, justamente, el presidente de la Financiera Ueno antes de asumir la conducción del órgano regulador. Esta dinámica de “puertas giratorias” sembró sospechas de que las alertas de los inspectores del BCP fueron cajoneadas deliberadamente para permitir que la entidad captara más fondos públicos antes de estallar. Ante la presión del escándalo, Carvallo dimitió de su cargo un día antes de la caída presidencial.
El colapso del sistema y la respuesta judicial
El martes 3 de noviembre de 2026, el BCP decretó la resolución y cierre de urgencia de la entidad. La desconexión inmediata de la aplicación móvil y el congelamiento de cuentas provocó escenas de pánico masivo en las calles de Asunción, donde miles de ciudadanos e incluso jubilados estatales se agolparon frente a sucursales cerradas bajo resguardo policial. El descontento popular forzó al Congreso a aprobar una ley de emergencia para activar de forma acelerada la devolución de ahorros mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.
La Fiscalía General del Estado reaccionó imputando a 27 personas por delitos que incluyen lesión de confianza, tentativa de estafa y conducta indebida en situaciones de crisis. Un juez de Delitos Económicos ordenó la prisión preventiva de los principales directivos de la entidad, entre ellos Federico Miguel Vázquez Villasanti, CEO del conglomerado financiero.
La caída del presidente: Estrategia legislativa en marcha
Aislado políticamente y sin el respaldo de las principales facciones del oficialista Partido Colorado, Santiago Peña difundió un video en redes sociales anunciando su dimisión al cargo en un intento por “preservar la paz social y la estabilidad democrática”. Sin embargo, en una jugada política coordinada, la Cámara de Diputados rechazó aceptar su renuncia de manera inmediata y aprobó por unanimidad avanzar con el juicio político, trasladando la causa al Senado.
De acuerdo con los reportes detallados por corresponsales de la agencia Al Jazeera, la intención manifiesta del Poder Legislativo es concretar la destitución formal de Peña mediante el veredicto del juicio en el Senado. Esta maniobra jurídica resulta clave: si se aceptara simplemente su renuncia, Peña pasaría a ocupar un escaño como senador vitalicio, adquiriendo fueros automáticos. Al destituirlo por mal desempeño de funciones y presunta complicidad en un “concierto criminal” para defraudar al Estado, el Congreso busca despojarlo de toda inmunidad parlamentaria, dejándolo expuesto a una inminente imputación en la justicia penal ordinaria.
