Zapatero, pieza útil de la dictadura de Maduro

Ex presos lo señalan como engranaje diplomático que legitimó el régimen, neutralizó denuncias y sostuvo negociaciones favorables a la dictadura.

José Luis Rodríguez Zapatero aterrizó en Venezuela como mediador y terminó vestido con la piel de la dictadura de Maduro. No fue accidente. Fue trayecto. Y cada etapa tuvo huellas visibles.

Entró al país cuando Maduro comenzaba a estrangular el espacio político. Dijo que venía a “facilitar” acuerdos, pero lo primero que facilitó fue tiempo. Cada mesa que presidió terminó en aplazamiento, cada aplazamiento alivió la presión interna y desinfló la externa. Mientras los presos acumulaban días de reclusión, él acumulaba audiencias en Miraflores y un aura de interlocutor imprescindible que en realidad solo servía a un bando.

Los activistas y familiares lo veían llegar a las cárceles con gesto grave y libreta abierta. Los reclusos le enumeraban torturas, confinamientos, negación de medicinas, interrogatorios nocturnos. Él escuchaba sin registrar. Al salir repetía la frase que el gobierno necesitaba: no había patrones sistemáticos, solo casos aislados. El régimen consiguió un vocero extranjero que desactivaba denuncias con voz pausada y modales europeos.

Lo que parecía ingenuidad se volvió método. Zapatero se ubicó como certificador externo de procesos amañados. Acompañó elecciones sin garantías, avaló diálogos sin calendario, repartió llamadas a líderes opositores con invitaciones a “ser responsables” mientras Maduro encarcelaba a nuevos adversarios. La oposición cambió de líderes, de estrategias, de alianzas. El gobierno no cambió nada. Solo Zapatero permaneció.

El ex presidente no se limitó a opinar sobre política. Se dejó ver en un terreno más áspero: la economía oculta que sostuvo al régimen. Fuentes de la Fiscalía venezolana, militares disidentes y operadores financieros comienzan a dibujar su nombre en la misma lámina donde aparecen intermediarios del petróleo y traficantes de oro no declarado. No hay sentencia, pero sobran indicios: viajes recurrentes, empresas pantalla, rutas trianguladas hacia Turquía, Asia y España, y silencios meticulosos en torno a irregularidades gigantescas que ocurrían mientras él pedía levantar sanciones.

La hipocresía fue explícita. Zapatero condenó el bloqueo económico, pero nunca censuró la red de contrabando estatal que drenó crudo y lingotes. Denunció interferencias exteriores, pero intervino en procesos judiciales y políticos venezolanos como si fuese garante local. Reclamó respeto institucional, pero guardó distancia de cada informe que documentaba crímenes de lesa humanidad. Su único mandamiento fue preservar el régimen que lo recibía como invitado permanente.

Hoy esa arquitectura se derrumba. Con Maduro caído, las excarcelaciones masivas no solo liberan cuerpos: liberan relatos. Los rehenes denuncian que Zapatero sirvió como amortiguador moral de una dictadura que necesitaba barniz democrático para sobrevivir. Fue pieza funcional. No soldado ideológico. Más útil.

Queda una pregunta: si Venezuela avanza hacia tribunales reales, ¿terminará declarando como testigo incómodo o como coautor político de un sistema que encarceló a miles, saqueó un país entero y usó el petróleo y el oro como moneda clandestina para comprar lealtades y exportar corrupción?

Del mediador al escrutinio: cuando el patrimonio entra en escena

Durante años, las denuncias contra José Luis Rodríguez Zapatero fueron desestimadas como parte de una ofensiva política del exilio venezolano. Su cercanía al régimen de Nicolás Maduro se presentó como incomodidad ideológica, no como problema institucional. Ese marco empieza a resquebrajarse. Por primera vez, instancias del propio Estado español reconocen la existencia de hechos que, al menos, merecen análisis desde el punto de vista penal.

Documentos recientes de la Fiscalía Antidroga y de la Audiencia Nacional admiten la presencia de indicios vinculados al patrimonio de Zapatero tras su salida del cargo como presidente del Gobierno. No se trata aún de una imputación ni de una acusación formal, sino de algo distinto y políticamente significativo: el reconocimiento de un “punto de partida patrimonial” que exige ser explicado y contrastado con documentación pública y registros oficiales.

El foco ya no está únicamente en Venezuela, ni en la legitimación política que Zapatero brindó al régimen chavista en momentos clave de represión y encarcelamiento masivo. La pregunta se desplaza hacia las consecuencias materiales de ese rol: qué ocurrió con su patrimonio, cómo evolucionó y en qué contexto temporal se produjo ese crecimiento. La coincidencia entre su papel como interlocutor privilegiado de la dictadura y la expansión de sus activos deja de ser una insinuación para convertirse en un asunto bajo escrutinio institucional.

La existencia de indicios patrimoniales no equivale a una condena ni anticipa un desenlace judicial. Pero rompe un relato que durante años funcionó como escudo: que todas las acusaciones contra Zapatero eran meras campañas políticas sin asidero alguno. Hoy, al menos una parte de esas denuncias ya no proviene solo de las víctimas del chavismo, sino que ha entrado en el circuito formal del Estado de derecho español.

En Venezuela ya no pesa lo que Zapatero dijo durante años. Pesa lo que hizo y lo que permitió; y ahora empieza a pesar también aquello que deberá explicar fuera de ella.

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