By El chavismo en el poder entra en una provisionalidad controlada desde fuera, principalmente por Estados Unidos, y Delcy Rodríguez intenta alterar las formas visibles del poder para garantizar la continuidad del chavismo. Mientras, la oposición no reacciona.
Ramón Hernández / EL NACIONAL
En un contexto de repliegue del chavismo, el papel de la oposición no es amplificar relatos tranquilizadores ni administrar expectativas, sino convertir cada compromiso en una obligación verificable. Eso implica exigir que los presos políticos queden libres sin medidas cautelares ni procesos abiertos; que los colectivos armados sean desmantelados y desarmados como estructuras paraestatales; y que se levante de manera efectiva el bloqueo a los medios de comunicación, garantizando el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Sin prensa libre no hay democracia posible. Hasta bajo los términos de la propia Constitución de 1999 —formalmente democrática—, la censura, la intimidación y el control informativo constituyen violaciones directas del orden constitucional vigente. Aceptar menos que eso no es realismo político ni prudencia estratégica: es legitimar al chavismo como régimen autoritario bajo formas administradas y otorgarle una validación que no ha obtenido por la vía democrática.
Repliegue no es transición
Venezuela atraviesa un momento político que invita a la confusión. Para algunos, la salida de Nicolás Maduro del poder y la instalación de un interinato encabezado por Delcy Rodríguez anuncian una etapa excepcional, incluso prometedora. Para otros, se trata apenas de una mutación táctica de un régimen que ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Entre el entusiasmo apresurado y el escepticismo automático hay un espacio analítico más exigente: observar qué ha cambiado, qué permanece intacto y qué límites estructurales siguen operando.
El cambio de tono es innegable. El cambio de fondo, hasta ahora, no.
No toda calma es estabilidad ni todo gesto es avance. En sistemas autoritarios, el repliegue suele confundirse con apertura. Y esa confusión tiene costos.
El repliegue del poder venezolano ha sido leído por amplios sectores como señal de entendimiento, incluso como antesala de una transición ordenada. Esa lectura es frágil. Parte de un error de enfoque: asume que el problema a resolver es un gobierno y no un régimen.
Desde febrero de 1999, cuando Hugo Chávez juró sobre una constitución que declaró moribunda, lo que se ha construido en Venezuela no es una sucesión de administraciones, sino un sistema de poder con identidad propia: el chavismo. Aquel gesto inaugural no fue retórico: marcó la ruptura explícita con el orden constitucional previo y anunció una lógica política basada en la refundación permanente, la concentración de poder y la subordinación de las instituciones a un proyecto personalista que luego devino en régimen.
Un entramado político, militar, económico y simbólico diseñado para perdurar, no para alternarse. La Asamblea Constituyente de 1999, el desmontaje progresivo de la separación de poderes en los años siguientes, la militarización del Estado tras 2002 y la normalización de la represión política a partir de 2014 consolidaron un modelo cuyo objetivo no fue gobernar mejor, sino gobernar sin límites.
Por eso, confundir repliegue con transición es analíticamente incorrecto y políticamente peligroso. Un régimen autoritario no se define por el volumen de su retórica, sino por las reglas que rigen el ejercicio del poder. Puede hablar menos y controlar igual. Puede negociar y no ceder. Puede cambiar de rostro sin alterar su lógica central. La pregunta relevante no es si el poder cambia de forma, sino si pierde capacidades que no puede recuperar sin dejar de ser un régimen autoritario.
El interinato y la administración del tiempo
La instalación de Delcy Rodríguez como presidenta interina no representa un desplazamiento del chavismo del poder, sino una reconfiguración táctica de su modo de administrarlo. No hay vacío de poder, pero tampoco continuidad plena en los términos anteriores. El Estado pasa a una provisionalidad condicionada por Estados Unidos; dentro de ese marco, Delcy Rodríguez no duda en gestionar cambios formales destinados a preservar la continuidad del chavismo como régimen.
Reduce la estridencia discursiva, y Diosdado se modera la retórica antiestadounidense, y privilegian señales de cooperación selectiva, especialmente en materia energética. Estas decisiones no responden a una conversión democrática, sino a una necesidad defensiva: ganar tiempo sin ceder control.
Lo que sí se ha alterado es un factor clave de la supervivencia chavista: el control absoluto del tiempo político. Durante más de dos décadas, el régimen dictó el ritmo de la confrontación, el diálogo y la represión. El interinato condicionado introduce un elemento disruptivo: plazos, verificaciones y secuencias que ya no controla por completo.
Y cuando un régimen autoritario pierde el monopolio del calendario, deja de gobernar por iniciativa y empieza a hacerlo por reacción. Ahí es dónde es vilnerable
Estados Unidos: interacción instrumental
La relación con Estados Unidos es ilustrativa. Los contactos diplomáticos, las visitas y los mensajes conciliadores no constituyen legitimación política ni aval moral. La política exterior de una potencia opera en clave instrumental: identifica prioridades, fija condiciones y evalúa resultados.
Leer esos gestos como alianza o confianza es desconocer cómo funciona el poder internacional. Washington no valida regímenes; gestiona intereses. En este caso, el interés central es claro: control efectivo del principal recurso del Estado venezolano y la reducción de los riesgos geopolíticos.
El énfasis en el sector petrolero responde a esa lógica. El control de la producción, de los flujos de exportación y de las normas de inversión no es un premio al interinato, sino un mecanismo de supervisión indirecta. La pregunta no es si habrá inversión, sino bajo qué condiciones, con qué niveles de auditoría y con qué destino social de los ingresos.
Sin transparencia, la estabilización económica puede convertirse en un factor de consolidación del poder, no de apertura. Sin embargo, la economía, a diferencia de la política represiva, tolera menos simulación. Los números exponen lo que el discurso oculta.
Excarcelaciones y mutación represiva
Las excarcelaciones anunciadas han sido presentadas como avances sustantivos. Un examen atento muestra otra cosa. En la mayoría de los casos, los procesos judiciales permanecen abiertos, las medidas cautelares se mantienen y las restricciones a la expresión siguen vigentes. La prisión se sustituye por control.
Paralelamente, continúan las detenciones selectivas. No hay ruptura con la lógica del castigo político; hay una mutación de sus formas. La represión se vuelve menos visible, más quirúrgica y, por eso mismo, más difícil de denunciar.
Este patrón no es accidental. Es una estrategia conocida: ofrecer gestos parciales para reducir presión externa sin alterar el núcleo del sistema.
Confundir esta mutación con un desmontaje real es un error de diagnóstico.
Delcy Rodríguez: perfil político y psicológico
Ha reaparecido una comparación recurrente: la transición tras la muerte de Juan Vicente Gómez y la llegada de Eleazar López Contreras. La analogía seduce porque sugiere que las dictaduras pueden desmontarse desde dentro. Pero toda analogía exige precisión.
López Contreras actuó desde autoridad interna y tomó decisiones que limitaron su propio poder: redujo el período presidencial, legalizó partidos, liberó presos y aceptó restricciones duraderas. Lo hizo por cálculo histórico.
El escenario actual es distinto. El interinato no responde a convicción reformista, sino a condicionamiento externo. La diferencia entre querer cambiar y verse obligado a hacerlo es decisiva. Las reformas bajo presión son reversibles. Lo que define una transición es la irreversibilidad.
Delcy Rodríguez no es una figura autónoma del chavismo que lidera. Es un nodo funcional de un sistema familiar y altamente centralizado. Su ascenso no responde a construcción de legitimidad propia, sino a delegación. Su capital político reside en la lealtad vertical y en la capacidad de resistir aislamiento sin fisuras visibles.
Desde el punto de vista psicológico, exhibe rasgos típicos de cuadros autoritarios formados en entornos cerrados: identificación plena con la causa, externalización sistemática de la culpa, discurso victimista hacia el exterior y alta sensibilidad a la humillación simbólica. No hay señales de duda moral ni de conflicto interno frente al daño causado. La convicción no nace de reflexión ética, sino de la necesidad de justificar decisiones ya tomadas.
Como presidenta interina, no encarna ruptura alguna. Su lógica es ganar tiempo, no transformar. Ejecuta, representa y traduce, pero no redefine. Su margen está subordinado a la arquitectura familiar del poder.
Trump: psicología del trato
Aquí entra un factor decisivo: Donald Trump. Su comportamiento en política exterior responde a patrones consistentes. Es personalista, transaccional y punitivo. No negocia desde marcos institucionales abstractos, sino desde percepciones de fuerza, lealtad y prestigio personal.
Trump distingue entre interlocutores que considera útiles y aquellos que percibe como manipuladores. Tolera ambigüedad mientras cree controlar el intercambio. Cuando concluye que está siendo engañado, la respuesta no es negociación: es castigo.
En situaciones comparables –Corea del Norte, Irán, incluso aliados formales– ha alternado gestos de acercamiento con sanciones abruptas. No por incoherencia, sino porque concibe la política exterior como demostración de poder.
Delcy Rodríguez probablemente subestima ese componente, pero el problema no es personal. No se trata de su pericia individual, sino del reflejo de un sistema: el chavismo. Su experiencia está anclada en una diplomacia de resistencia construida durante más de dos décadas, no en una negociación asimétrica con un actor que personaliza el conflicto y castiga la simulación.
Esa asimetría no es un riesgo para Rodríguez como figura, sino para el chavismo como proyecto de poder. La rigidez defensiva y la sobreexposición discursiva que el movimiento ha mostrado históricamente pueden volverse contraproducentes en este contexto. Para Trump, la sensación de burla no activa prudencia ni cálculo gradual: activa sanción. Y cuando castiga, no distingue entre administradores circunstanciales y la estructura política que los produce.
Oposición y oportunidad perdida
La vulnerabilidad real del régimen no está en la confrontación frontal, sino en la acumulación de obligaciones incompatibles con su lógica. Gobernar con reglas claras, cumplir calendarios, aceptar supervisión independiente, desmantelar estructuras parapoliciales, liberar presos sin condiciones y transparentar recursos son exigencias que, en conjunto, desnaturalizan el autoritarismo.
Cada medida aislada puede ser administrada o simulada. La simultaneidad es corrosiva. Ahí aparecen tensiones internas, incoherencias y fatiga.
La inacción no se rompe desafiando a los colectivos armados. Eso refuerza el terreno donde el régimen aún es fuerte. Se rompe desplazando el conflicto al plano institucional y narrativo: expedientes precisos, denuncias documentadas, presión sostenida sobre incumplimientos concretos.
La oposición no ha ajustado su estrategia a este escenario. Oscila entre la espera y la celebración simbólica. En un contexto de repliegue real, su papel no es amplificar relatos tranquilizadores, sino convertir compromisos en obligaciones verificables que implica exigir que los presos políticos queden libres sin medidas cautelares ni procesos abiertos; que los colectivos armados sean desmantelados y desarmados y que se levante de manera efectiva el bloqueo a los medios de comunicación, garantizando el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
El régimen es vulnerable cuando debe explicar, cumplir, coordinar y rendir cuentas. Cuando pierde control del tiempo político. Cuando sus tensiones internas se exponen por decisiones concretas. Cuando necesita liquidez transparente. Cuando la interlocución internacional se condiciona a hechos verificables. Cuando sus instrumentos de coerción informal dejan de ser funcionales.
Advertencia
Lo que hoy se presenta como un interinato condicionado no puede entenderse sin esa línea temporal. No es el inicio de algo nuevo, sino el último intento del chavismo por adaptarse sin desmontarse. En 1999 se rompió el pacto constitucional; en 2017 se clausuró de facto la vía electoral competitiva; en 2026 el régimen enfrenta, por primera vez, una exigencia externa sostenida de comportarse como un Estado que rinde cuentas.
La pregunta no es si Delcy Rodríguez administra con mayor o menor pericia este momento, sino si el chavismo –como régimen histórico– puede sobrevivir cuando se le exige aquello que siempre negó: límites verificables, calendarios públicos, supervisión independiente y pérdida real de control sobre la coerción.
Este no es un dilema técnico ni administrativo. Es un dilema de naturaleza política. Un sistema construido para la excepción permanente no puede adaptarse indefinidamente a la normalidad sin vaciarse por dentro. Cada obligación cumplida erosiona su esencia; cada incumplimiento documentado expone su inviabilidad.
Aquí la advertencia es clara y no admite neutralidad. Si quienes hoy tienen capacidad real de condicionar el proceso se conforman con estabilidad aparente, flujos estratégicos asegurados y una represión administrada en dosis aceptables, no estarán facilitando una transición, sino prolongando la vida de un régimen que ha demostrado saber reciclarse. Y si quienes se reclaman alternativa interna aceptan ese marco por cálculo, temor o conveniencia, dejan de ser actores de cambio para convertirse en gestores pasivos de una simulación.
La indulgencia externa y la pasividad interna no son errores técnicos ni malentendidos diplomáticos: son decisiones políticas con consecuencias históricas. Permiten al chavismo ganar tiempo, recomponer su arquitectura de control y presentarse, una vez más, como un mal menor administrable. En Venezuela, cada falsa transición ha nacido de ese mismo error: confundir contención con solución.
No exigir un desmontaje real, verificable y simultáneo de los mecanismos de poder no preserva la estabilidad; la posterga al precio de hacerla más frágil. No forzar al régimen a cruzar el umbral de la normalidad institucional no evita el colapso; lo aplaza y lo encarece. La historia no suele absolver a quienes, teniendo capacidad de presión o de representación, optan por administrar el problema en lugar de enfrentarlo.
La historia venezolana enseña algo incómodo: los regímenes no mueren cuando se les desafía a mostrar fuerza, sino cuando se les obliga a comportarse como Estados. Ese es el umbral que el chavismo siempre ha evitado.
Lo que está en juego no es la suerte de un interinato ni la habilidad de una administradora del poder, sino la posibilidad –todavía abierta, pero no indefinida– de desalojar un régimen autocrático y pérfido que gobierna Venezuela desde 1999. Si este momento se desperdicia, no será por falta de diagnósticos ni por ausencia de precedentes, sino por una decisión consciente de confundir pragmatismo con claudicación.
El chavismo no caerá por desgaste automático ni por corrección gradual de sus excesos: solo empezará a perder cuando se le obligue a dejar de ser lo que es. Y quienes hoy elijan no forzar ese punto de quiebre no podrán alegar sorpresa cuando el ciclo vuelva a cerrarse sobre sí mismo.
