By Un informe aportado a la Fiscalía de EE UU y a la Casa Blanca por exagentes de Inteligencia y altos funcionarios chavistas calcula en 7.821 millones de dólares el desvío a Irán
Parte de ese dinero ha servido para «financiar actividades hostiles y proyectar influencia política en distintos escenarios internacionales», incluida España
En plena escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y tras la incautación de un buque petrolero que señala como integrado en una red de contrabando vinculada a Irán, documentos aportados por investigadores y un exalto cargo venezolano a la fiscalía norteamericana y la Casa Blanca describen una alianza estructural y de muy largo alcance entre Caracas y Teherán. Una alianza en finanzas, energía, minería y cooperación industrial y militar, hoy bajo revisión de las autoridades de seguridad nacional estadounidenses, según ha podido saber este diario.
La Fiscalía norteamericana de hecho está trabajando en posibles ampliaciones de cargos para los integrantes del llamado cártel de los Soles, integrado por los más altos jerarcas venezolanos, en varias jurisdicciones de estadounidenses. Trump designó a dicho grupo como Organización Terrorista Extranjera, una medida que entró en vigor el 24 de noviembre de 2025.
Washington identifica como implicados a Nicolás Maduro y a otros altos cargos del régimen venezolano y recuerda que la red ya estaba previamente sancionada por el Departamento del Tesoro.
El informe, que circula desde hace pocas semanas en Washington y al que ha tenido acceso ABC, va mucho más allá de una relación coyuntural entre dos regímenes sancionados. Describe la construcción paciente, durante dos décadas, de una arquitectura financiera y logística diseñada por el chavismo para permitir a Irán esquivar controles internacionales utilizando el aparato del Estado venezolano, desde fondos binacionales y empresas públicas hasta bancos pantalla y proyectos industriales sin producción real, solo ideados y armados para lavar dinero y escapar sanciones. El acercamiento comenzó hace casi dos décadas.
El propio informe, elaborado por varias fuentes de inteligencia con información de ex altos funcionarios venezolanos en el exilio, ofrece una estimación consolidada. Los proyectos y fondos explícitamente vinculados a Irán —energía, petroquímica y el fondo binacional— suman 4.689 millones de dólares, a los que añade una estimación conservadora de otros 3.132 millones procedentes del desvío indirecto de recursos del fondo chino-venezolano.
En conjunto, el documento sitúa en torno a 7.821 millones de dólares el volumen de dinero que habría llegado directa o indirectamente al ecosistema estatal iraní a través de Venezuela.
Mecanismos opacos
Un exfuncionario explicó a ABC un esquema de triangulación financiera entre China, Venezuela e Irán, basado en fondos procedentes de la venta de petróleo iraní a China que quedaban bloqueados allí por las sanciones de EE UU y Europa. Venezuela se convirtió en una vía de escape para ese dinero retenido, canalizado bajo la apariencia de un sistema de préstamos que, en la práctica, no funcionaba como tal.
El documento sitúa en torno a 7.821 millones de dólares el volumen de dinero que habría llegado directa o indirectamente al ecosistema estatal iraní a través de Venezuela
Una parte sustancial de los ingresos petroleros venezolanos, incluidos recursos procedentes de créditos chinos, habría sido redirigida a empresas estatales iraníes y estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria. El resultado fue un flujo sostenido de miles de millones de dólares que habría contribuido a sostener el programa nuclear iraní y su red de aliados armados en Oriente Próximo y América Latina.
Uno de los autores del informe apunta que parte de los fondos desviados a través de Venezuela no solo habrían servido para sostener el aparato estatal iraní, sino también para financiar satélites políticos y redes de influencia en varios países, incluida España, mediante transferencias indirectas, contratos pantalla y circuitos financieros que diluyen el rastro del dinero y dificultan su atribución directa.
Las fuentes aportaron a ABC copias de contratos y transferencias que apuntan a ese flujo de fondos.
Actividades hostiles e influencia política
El informe indiva que la arquitectura financiera diseñada entre Caracas y Teherán permitió «canalizar recursos significativos al ecosistema estatal iraní», no solo para sostener su economía bajo sanciones, sino para «financiar actividades hostiles y proyectar influencia política en distintos escenarios internacionales», a través de «fondos opacos, empresas pantalla y mecanismos de triangulación deliberadamente concebidos para ocultar el destino final del dinero».
Las mismas fuentes facilitan un documento, elaborado probablemente en 2012, que apuntaba a la existencia de una alianza estructural entre Venezuela e Irán, concebida para evadir sanciones internacionales, crear circuitos financieros paralelos y facilitar operaciones logísticas con implicaciones de seguridad.
El informe describe a Venezuela como plataforma operativa de Teherán en América Latina y señalaba de forma explícita a altos mandos del aparato chavista, entre ellos Hugo el ‘Pollo’ Carvajal y Clíver Alcalá Cordones, como piezas clave en el entramado político, militar y financiero.
Más de una década tanto Carvajal como Alcalá han sido extraditados y juzgados, y han ofrecido cooperación a la justicia estadounidense en causas penales abiertas. Han aportado información sobre narcotráfico, corrupción y relaciones internacionales del régimen de Nicolás Maduro. Ese giro refuerza el valor del documento que anticipaba conexiones y responsabilidades que hoy forman parte de investigaciones judiciales en Estados Unidos.
Yacimientos de uranio
El texto recoge alegaciones según las cuales Irán habría identificado y participado en el control de yacimientos de uranio en el sur de Venezuela, dentro de un esquema de cooperación estratégica con el gobierno venezolano. Venezuela habría facilitado acceso al mineral y cobertura logística, mientras Irán aportaría tecnología y apoyo industrial.
Las informaciones mencionan también posibles circuitos clandestinos de extracción y transporte encubiertos bajo proyectos civiles, aunque el propio informe citado aclara que no existen pruebas documentadas y verificables de envíos de uranio. Aun así, la mera existencia de esa infraestructura otorgaría a Irán una capacidad potencial sensible.
Venezuela facilitaría acceso al uranio y cobertura logística, mientras Irán aportaría tecnología y apoyo industrial, lo que podría ayudar a Teherán a sortear sanciones sobre su programa nuclear
El informe señala que «Irán suministra a Venezuela tecnología de drones armados, misiles antibuque y capacidades industriales para la producción de pólvora, nitroglicerina y nitrocelulosa, con asistencia técnica directa iraní». Añade que estos proyectos, clasificados como de uso dual, «fortalecen de manera sustancial la capacidad militar e industrial del régimen venezolano y permiten a Teherán proyectar poder en el hemisferio occidental».
Hizbolá y Hamás
El informe dibuja a Venezuela como plataforma operativa de organizaciones como Hezbolá y Hamás, con redes de blanqueo, tráfico ilícito y documentación irregular que facilitarían la movilidad de activistas en la región. Los analistas estadounidenses consideran que este entramado no responde a episodios aislados, sino a una estrategia coherente de proyección de poder iraní en el hemisferio occidental.
Según esas fuentes, el equipo de Trump interpreta ahora la relación Caracas-Teherán no como un asunto diplomático más, sino como un frente activo de seguridad nacional que abarca energía, crimen organizado, proliferación nuclear y terrorismo, a pocas horas de sus propias costas.
Los analistas introducen en el caso un precedente judicial. El caso Ali Sadr Hashemi Nejad, un empresario iraní acusado en Nueva York de articular un esquema para desviar más de 115 millones de dólares procedentes de PDVSA hacia entidades iraníes mediante proyectos de vivienda pública en Venezuela, empresas pantalla en Europa y el uso deliberado del sistema financiero estadounidense con información falseada.
El procedimiento fue desestimado por error procesal, sin que el tribunal llegara a pronunciarse sobre el fondo, pero la fiscalía dejó documentadas transferencias, contratos, sociedades interpuestas y mecanismos de ocultación del rastro iraní del dinero. El expediente demuestra que el esquema descrito ahora en el informe no es una hipótesis abstracta ni una construcción retrospectiva, sino un método utilizado y probado en la práctica.
La diferencia es de escala y de ambición estratégica. El caso Sadr reflejaba un contrato concreto y decenas de millones de dólares; el informe al que ha accedido ABC describe una arquitectura mucho más amplia, sostenida durante años, en la que fondos binacionales, créditos chinos, proyectos industriales ficticios y empresas públicas venezolanas habrían servido para canalizar miles de millones hacia el ecosistema estatal iraní, su aparato militar y sus redes de influencia exterior.
