By El periodista Ramón Centeno fue encarcelado en Venezuela por una entrevista que incomodó al régimen y que nunca llegó a publicarse. Pero la juez Sabrina Montes de Oca lo mantuvo preso cuatro años sin dictarle sentencia.
Los hilos de Melania @melania0880
En Venezuela no todos los jueces persiguen. Algunos hacen algo más efectivo: no deciden. Hoy hablamos de Sabrina del Carmen Montes de Oca, jueza del Tribunal 11° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas. No es mediática. No da entrevistas. Tampoco firma excarcelaciones. Y justamente por eso, encaja perfecto en el sistema.
Antes fue defensora pública de presos del Estado. Defendía ciudadanos. Una transición habitual en el modelo judicial venezolano. Como jueza de juicio, su poder es determinante:
- decide cuándo inicia un juicio,
- cuántas veces se difiere,
- si hay medidas humanitarias, o
- si un expediente se congela indefinidamente.
Caso emblemático: Ramón Centeno, periodista. Detenido tras entrevistar a un implicado en narcotráfico. No por delinquir. Por preguntar.
Bajo su tribunal:
- las audiencias son diferidas repetidamente,
- casi cuatro años preso sin sentencia,
- postrado en silla de ruedas,
- informes médicos graves,
- peritajes solicitados… y medidas humanitarias negadas.
No es relato. Lo documentaron el CNP, TalCual, Infobae y El Diario. Pasó cuatro años tras las rejas y cuando recuperó su libertad, este mes de enero, salió en silla de ruedas. Doce días después, su madre, Omaira Navas, falleció.
Ramón Centeno no fue liberado por decisión judicial. Salió por presión política externa, años después. El expediente nunca avanzó por sí solo.
Ahora miremos otro frente del mismo tribunal 11 de Juicio: el caso de la red de “narcopolítica” ex diputados, alcaldes, drogas y poder.
Un juicio sensible. Largo. Opaco. Sin sentencias claras. Con expedientes congelados en el tiempo.
En los últimos días, una denuncia pública ciudadana alertó sobre irregularidades en el Tribunal 11° de Juicio, bajo responsabilidad de la juez Sabrina Montes de Oca.
Familiares, abogados y personas privadas de libertad señalan:
- condiciona beneficios procesales y medidas humanitarias
- personas gravemente enfermas permanecen sin atención,
- existiría un patrón de presión y extorsión, y
- un clima de miedo ante posibles represalias.
La denuncia no pide impunidad. Pide debido proceso. Pide respeto a la vida. Pide que la justicia no sea un negocio.
La pregunta no es solo qué decide esta juez, sino qué decide NO decidir.
En Venezuela, cuando los expedientes de poder se congelan y los débiles se pudren en prisión, también es una decisión. Sabrina Montes de Oca no es una excepción. Es el modelo.
Un engranaje más de un sistema donde la justicia no se vende: se administra con silencio y tiempo.
