Petróleo, poder y colapso: cómo se desmontó la democracia venezolana

Venezuela no colapsó por tener petróleo, sino por concentrar su renta sin controles efectivos. La democracia operó con ese ingreso dentro de reglas y competencia; el chavismo lo convirtió en un instrumento de poder que desmanteló esos límites y terminó erosionando tanto la economía como las instituciones.

En 1976, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela nacionalizó la industria petrolera y creó Petróleos de Venezuela. Hasta entonces, la explotación del crudo había estado en manos de empresas extranjeras bajo un régimen de concesiones –entre ellas Creole (Exxon) y Shell– que operaban los campos y pagaban regalías e impuestos al Estado. La nacionalización no solo trasladó el control de la producción al sector público, sino que concentró en el Estado la gestión directa de la principal fuente de ingresos del país.

La nacionalización fortaleció la capacidad fiscal del Estado y amplió su margen de acción, pero también alteró de forma decisiva la relación entre poder y riqueza. A partir de ese momento, el acceso a la renta petrolera dejó de depender de acuerdos con operadores privados y pasó a concentrarse en una estructura estatal única.

Sin embargo, esa concentración inicial fue mediada por un diseño institucional que buscó preservar la capacidad técnica de PDVSA. La empresa operó durante años con estándares gerenciales altos y cierta autonomía frente al poder político, Funcionaba como un intermediario entre la renta y el Estado, no como una caja directa del Ejecutivo.

Durante las décadas siguientes, ese esquema convivió con un sistema democrático que introducía mediaciones: competencia electoral, alternancia en el poder y mecanismos de control institucional que, aunque imperfectos, limitaban la discrecionalidad. La renta petrolera financiaba el sistema, pero no lo absorbía por completo. No determinó el colapso posterior, pero sí estableció la condición que lo haría posible.

Ese equilibrio marcó el funcionamiento del sistema político durante las décadas siguientes. Entre 1958 y 1998, los gobiernos de Acción Democrática y Copei administraron una democracia que, con todas sus limitaciones, mantuvo elecciones competitivas, alternancia en el poder y espacios efectivos de deliberación pública. El Congreso legislaba, la prensa investigaba y el Poder Judicial, aunque sometido a presiones, conservaba márgenes de actuación.

La renta petrolera atravesaba ese sistema de manera estructural. Financiaba el gasto público, sostenía programas sociales, alimentaba la expansión del Estado y también generaba incentivos para prácticas clientelares y corruptas. Pero esas prácticas no anulaban la competencia política ni eliminaban los contrapesos institucionales.

El problema no era la existencia de la renta, sino la forma en que condicionaba el funcionamiento de la economía y de la política. A medida que el petróleo se consolidaba como fuente dominante de ingresos –llegando a representar más del 90 % de las exportaciones–, otros sectores productivos perdían peso relativo. La economía se hacía más dependiente y menos diversificada.

Durante el boom de los años setenta, ese modelo pareció sostenible. El Estado expandió el gasto de forma acelerada: grandes obras de infraestructura, ampliación del sistema educativo, crecimiento del empleo público y subsidios generalizados. Se consolidó la idea de que el petróleo podía financiar de manera indefinida el desarrollo.

Esa premisa comenzó a erosionarse en los años ochenta. La caída de los precios del crudo, combinada con la crisis de deuda externa, redujo los ingresos fiscales y expuso las debilidades estructurales del modelo. El país enfrentó inflación, deterioro del salario real y una creciente presión sobre las cuentas públicas.

El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989–1993) intentó corregir ese rumbo con un programa de reformas económicas orientado a estabilizar la economía y reducir distorsiones acumuladas. Incluía la reducción de subsidios, la apertura comercial y un esfuerzo por ordenar las finanzas públicas. El programa fue políticamente costoso, enfrentó resistencia social y no logró consolidarse.

Rafael Caldera, en su segundo mandato (1994–1999), adoptó un enfoque distinto. Impulsó la llamada apertura petrolera, que permitió la participación de capital privado en el sector con el objetivo de aumentar la producción y atraer inversión. No fue un cambio estructural completo, pero sí un reconocimiento de que el modelo cerrado mostraba límites evidentes.

Estos procesos reflejan una característica central del sistema democrático venezolano: su capacidad, aunque limitada, de reconocer problemas y ensayar ajustes dentro de sus propias reglas. Había conflicto, desgaste y errores, pero también pluralidad y posibilidad de corrección.

Todo cambia de forma radical con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Lo hace con una propuesta de sustitución del sistema político existente, no con un programa de reformas. Su discurso se construye sobre la deslegitimación de las élites políticas tradicionales, a las que acusa de haber administrado de forma excluyente la renta petrolera. No propone mejorar los mecanismos existentes, sino sustituirlos.

La Asamblea Constituyente de 1999 es el primer paso en ese proceso. A través de ella se redefine el orden institucional, se amplían las atribuciones del Ejecutivo y se establecen otras bases para la organización del poder.

El punto de quiebre definitivo ocurre en 2003, tras el paro petrolero. El gobierno interviene PDVSA, despide a más de 18.000 trabajadores –incluida buena parte de su personal técnico– y consolida el control político sobre la empresa. A partir de ese momento, PDVSA deja de ser una corporación con lógica empresarial y pasa a ser un instrumento directo del poder.

Este cambio altera la naturaleza de la renta petrolera.

Se crean mecanismos paralelos de administración de recursos, como el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), que manejó decenas de miles de millones de dólares sin supervisión parlamentaria efectiva. La gestión de la renta se desplaza desde canales institucionales hacia estructuras discrecionales, donde la asignación de recursos responde a criterios políticos y beneficios particulares.

Durante el ciclo de altos precios del petróleo entre 2004 y 2014, Venezuela recibió ingresos extraordinarios que, según diversas estimaciones, superaron ampliamente los niveles históricos. Este flujo permitió expandir el gasto público, financiar programas mantener una red de apoyos políticos a cambio de escuálidos programas sociales.

Sin embargo, ese ingreso no se tradujo en una transformación estructural de la economía. La producción industrial y agrícola se contrajo, la dependencia de importaciones aumentó y la economía se volvió aún más vulnerable a la renta petrolera.

El control de divisas, instaurado en 2003, se convirtió en un mecanismo central del modelo. El acceso a dólares a tasas preferenciales dependía de decisiones administrativas, lo que generó incentivos para la corrupción y reconfiguró el funcionamiento de la economía en torno a la captura de rentas, más que a la producción.

Las advertencias no provinieron solo de críticos externos. En 2014, tras su salida del gobierno, Jorge Giordani –ministro de Planificación durante años clave del chavismo– denunció el manejo de grandes volúmenes de recursos sin controles efectivos y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Su señalamiento no respondía a una visión democrática, sino a la constatación de desórdenes dentro del propio modelo que ayudó a construir.

El llamado “socialismo del siglo XXI” funcionó como marco político de este proceso. Más que un modelo económico coherente, operó como una narrativa que legitimó la concentración de poder y la redistribución discrecional de la renta en nombre de la justicia social.

Mientras los ingresos petroleros crecieron, el sistema pudo sostenerse. Se trataba de un esquema donde la expansión de la renta permitía financiar estructuras de dominio político. El equilibrio dependía de una condición externa: el nivel de los precios del petróleo.

Cuando los precios caen a partir de 2014, el modelo pierde su base. La reducción de ingresos expone la fragilidad de una economía que no había diversificado su estructura productiva ni fortalecido sus instituciones.

Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, la respuesta fue profundizar el esquema existente. Se intensificaron los controles, se redujo la transparencia y se cerraron aún más los espacios de competencia política. La crisis económica se agudizó: contracción del producto interno bruto, hiperinflación, deterioro de los servicios públicos y un colapso sostenido de la producción petrolera, que cayó a niveles históricamente bajos.

El país perdió capacidad productiva y, al mismo tiempo, mantuvo un sistema político altamente concentrado.

El contraste con el período democrático no implica idealizarlo. La democracia venezolana operó dentro de un modelo rentista y arrastró sus distorsiones. Pero mantuvo mecanismos de competencia, alternancia y corrección que permitían procesar conflictos y ajustar políticas.

El chavismo utilizó esa misma renta para desmontar los mecanismos de control existentes y sustituirlos por un esquema de concentración política donde el acceso a los recursos quedó subordinado al poder. No se trató de una intensificación de prácticas previas, sino de una transformación en la estructura misma del sistema: la competencia fue desplazada por el control, y los contrapesos por la subordinación institucional. No fue una continuidad. Fue una sustitución.

El resultado no fue únicamente una crisis económica o un deterioro institucional progresivo, sino un quiebre político que alteró las condiciones de funcionamiento del Estado. La posterior salida de Nicolás Maduro del poder, forzada por la intervención de Estados Unidos y seguida de su encarcelamiento, no resolvió esa transformación de fondo. Lo que quedó en pie no fue un vacío, sino una arquitectura de poder ya configurada, capaz de operar sin su figura central.

Así, la concentración del poder en manos de los hermanos Rodríguez –con control simultáneo de instancias clave del Ejecutivo y del Legislativo– no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su continuidad operativa bajo nuevas condiciones. La aprobación de una reforma de la Ley de Hidrocarburos orientada a reabrir el sector introduce un cambio relevante en la política económica, pero no en la lógica de poder que la enmarca.

La comparación con la apertura petrolera de los años noventa es inevitable, pero exige precisión. Entonces, la apertura se planteaba como una corrección dentro de un sistema institucional en funcionamiento, con reglas relativamente claras, capacidad de supervisión y un entorno donde la inversión podía apoyarse en ciertas garantías jurídicas. Hoy, en cambio, se intenta desde una estructura debilitada, con una industria petrolera deteriorada, capacidades técnicas erosionadas y un marco institucional que no ofrece certidumbre.

El socialismo del siglo XXI no ha sido desmontado en sus fundamentos, pero tampoco se mantiene como un modelo coherente. Lo que existe es una transición ambigua, en la que se busca reactivar la renta petrolera sin haber reconstruido las condiciones institucionales necesarias para administrarla de forma distinta.

El colapso venezolano no puede entenderse como un episodio económico ni como una deriva exclusivamente política. Fue la ruptura de un sistema de reglas que permitía un equilibrio entre poder, renta y sociedad. Sin ese marco, la apertura no garantiza corrección alguna. Puede, por el contrario, reproducir las mismas dinámicas de discrecionalidad que hicieron posible el colapso. En esencia, se trata del problema planteado en 1976: la nacionalización concentró en el Estado el control de la riqueza. Entonces, ese poder estuvo mediado por instituciones que introducían límites y permitían corregir excesos.

Hoy, tras el colapso económico y la reconfiguración política, la renta petrolera sigue siendo el eje: la apertura intenta reactivarla y el poder continúa concentrado. El país vuelve a situarse ante el mismo punto de partida, pero sin las mediaciones que antes limitaban sus efectos.

El problema venezolano es el mismo. No ha cambiado de naturaleza: la riqueza de la sociedad depende de un poder sin límites efectivos. Mientras esa condición persista, cualquier modelo –cerrado o abierto– conduce al mismo desenlace.

Con petróleo se puede recuperar la economía, pero no la democracia