By La hija de Edmundo González Urrutia denuncia públicamente que en tres episodios distintos le hicieron saber de manera directa que la libertad de su esposo estaba condicionada a que ella obligara a su padre a renunciar a su lucha política y a su causa pública.
Mariana González de Tudares denunció públicamente un patrón de extorsión, coacción y persecución indirecta contra su familia en el marco del proceso penal que mantiene preso a su esposo, Rafael Tudares Bracho, condenado a 30 años de prisión sin pruebas, sin testigos y sin garantías procesales. La denuncia incluye presiones ejercidas en sedes diplomáticas, espacios vinculados a la Iglesia y oficinas de organizaciones que se presentan como defensoras de derechos humanos.
Rafael Tudares Bracho permanece privado de libertad en un caso que, según la denuncia, se inscribe en una lógica de represalia política indirecta, utilizando a familiares de figuras públicas como instrumentos de presión.
La denuncia pública, con fecha 19 de enero de 2026, deja constancia escrita de hechos que podrían constituir extorsión, persecución política y uso indebido de instancias institucionales y diplomáticas. Señala que en al menos tres episodios distintos se le indicó de manera directa que la libertad de su esposo estaba condicionada a que ella obligara a su padre, Edmundo González Urrutia, a renunciar a su lucha política y a su causa pública.
La denunciante afirma que estos hechos ocurrieron en espacios que, por su naturaleza, deberían ser neutrales y protectores de derechos: sedes diplomáticas, ámbitos donde opera el Arzobispado y oficinas de organizaciones que afirman defender derechos humanos. En todos los casos, señala que hubo testigos presenciales que escucharon íntegramente las advertencias y exigencias formuladas.
González de Tudares califica estos hechos como un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal. “Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito”, afirma en el documento.
Cronología del caso Rafael Tudares Bracho
Detención y proceso penal
Rafael Tudares Bracho es detenido y sometido a un proceso penal que, según la denuncia de su esposa, se desarrolla sin testigos, sin evidencias y sin hechos demostrables que constituyan delito.
Negación del derecho a la defensa
Durante todo el proceso, ni Mariana González de Tudares ni el abogado designado pudieron acceder al expediente judicial. No se permitió la designación efectiva de una defensa privada.
Audiencia única y sumaria
Tudares Bracho, abogado de profesión, tuvo acceso a su expediente únicamente el día de la única y sumaria audiencia de juicio. Tras revisar el expediente, constató que no existían pruebas en su contra.
Condena
A pesar de la inexistencia de pruebas, fue condenado a 30 años de prisión, en lo que la denuncia califica como una violación absoluta del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Episodios de extorsión y coacción
Posteriormente, la esposa de Tudares Bracho denuncia tres episodios de extorsión, ocurridos en sedes diplomáticas, espacios vinculados al Arzobispado y oficinas de organizaciones que se presentan como defensoras de derechos humanos. En todos los casos, afirma que hubo testigos presenciales.
Condicionamiento de la libertad
En esos encuentros, se le indicó de manera directa que la liberación de su esposo dependía de que ella obligara a su padre, Edmundo González Urrutia, a renunciar a su lucha política y a su causa pública.
Denuncia pública
El 19 de enero de 2026, en Caracas, Mariana González de Tudares hace pública la denuncia, califica los hechos como un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil y exige la liberación inmediata de Rafael Tudares Bracho.
En un comunicado previo, identificado como Comunicado N°14 – Denuncia Pública, la esposa de Tudares Bracho detalla las graves irregularidades del proceso penal seguido contra su esposo. Señala que no existen testigos, evidencias ni hechos demostrables que lo vinculen con delito alguno, y que no hay relación de causalidad entre los hechos que se le atribuyen y la condena impuesta.
La denuncia también subraya violaciones directas al derecho a la defensa: ni ella ni su abogado tuvieron acceso al expediente judicial; no se permitió la designación de una defensa privada; y el propio acusado solo pudo revisar su expediente el día de la única y sumaria audiencia de juicio. Tudares Bracho, abogado de profesión, constató entonces que no existían pruebas en su contra.
A pesar de ello, fue condenado a 30 años de prisión.
Para González de Tudares, la condena constituye una violación absoluta del debido proceso, de la presunción de inocencia y del derecho a la defensa, consagrados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano.
El testimonio cierra con un llamado directo y personal: la exigencia de la liberación de Rafael Tudares Bracho y el fin de una situación que define como arbitraria y ajena a toda noción de justicia. “Queremos pasar esta página y seguir con nuestras vidas, en familia y en paz. No buscamos venganza. Solo justicia”, afirma.
