By El proyecto excluye a la mayoría de los presos políticos y las liberaciones siguen dependiendo de decisiones del poder, no de tribunales autónomos.
Mientras la Asamblea Nacional discute una ley de amnistía presentada como instrumento de reconciliación, el debate real se libra fuera del articulado: en quién puede hablar y cuánto margen tiene la sociedad civil para incidir en un proceso que decidirá la libertad de varios centenares de personas.
Primero fue Nicmar Evans, excarcelado y aún bajo medidas cautelares, pidiendo insistentemente la palabra ante la comisión parlamentaria. Lo hacía para advertir que artículos clave del proyecto podrían dejar fuera a la mayoría de los presos políticos y para exigir que no se borren expedientes judiciales necesarios para procesos de verdad y reparación. La escena —un afectado intentando intervenir en un debate que se desarrollaba sin escucharlo— condensó las tensiones del momento.
Luego vino la frase directa de la defensora de derechos humanos Martha Gresia, pronunciada ante los diputados: “Ustedes saben que esto es una decisión política. Si dan la orden, todos salen inmediatamente”. No era una consigna retórica: apuntaba a la premisa central del conflicto venezolano desde hace años, que la suerte penal de los detenidos depende menos de tribunales autónomos que de decisiones del poder político.
Ambas intervenciones golpean la narrativa oficial de que la amnistía es apenas un trámite jurídico. La discusión no gira solo en torno a fechas y artículos, sino a la estructura que permitió la persecución y que sigue intacta mientras se promete reconciliación.
El problema para el oficialismo es evidente: una ley que nace bajo sospecha. Se negocia sin escuchar plenamente a las víctimas, y que además excluye periodos donde se concentran la mayoría de las detenciones. Y una consulta pública donde los excarcelados deben luchar por la palabra difícilmente puede presentarse como ejercicio abierto.
La advertencia de familiares y ONG sobre los vacíos temporales del proyecto, la diferencia entre cifras oficiales y verificaciones independientes de excarcelaciones, y la falta de listas públicas refuerzan el escepticismo. La amnistía, tal como está planteada hoy es más una válvula de control que un punto de inflexión democrático.
Si el Parlamento quiere que la iniciativa tenga credibilidad, tendrá que hacer algo más que escuchar a regañadientes: deberá corregir el texto, ampliar su alcance, transparentar criterios y aceptar que la reconciliación no se decreta. Se construye con verdad, reparación y garantías de no repetición.
En Venezuela, la ciudadanía tiene razones para temer que el proceso que propone la amnistía no rompa con el pasado sino que lo reproduzca con otro nombre.
