By La ONG afirma que sin eliminarlas cualquier apertura legal seguirá condicionada por normas que permiten castigar la disidencia
La ONG Foro Penal pidió la derogación de la Ley contra el Odio y de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar como condición para desmontar el marco legal que permite la persecución política en Venezuela.
El director de Foro Penal, Alfredo Romero, ha insistido en que estas leyes “obstaculizan el ejercicio de los derechos civiles” y deben ser eliminadas para garantizar libertades básicas. Sectores de la oposición y organizaciones como Transparencia Venezuela coinciden en que la amnistía pierde eficacia si permanece intacto el sistema legal que tipifica como delitos las conductas políticas .
La bancada opositora Libertad solicitó a la Asamblea Nacional avanzar en la derogación de estas normas, en coordinación con la comisión encargada de hacer seguimiento a la amnistía. El punto de fricción es claro: la amnistía libera o revisa casos, pero no modifica el marco penal que los generó.
La Ley contra el Odio, aprobada en 2017, establece penas de hasta 20 años de prisión por mensajes considerados como incitación al odio y permite sanciones contra medios y organizaciones . Sus críticos sostienen que los tipos penales son lo suficientemente amplios como para castigar opiniones políticas y fomentar la autocensura.
La Ley Simón Bolívar, sancionada en 2024, amplía ese alcance. Contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan o respalden sanciones internacionales contra el Estado venezolano, además de inhabilitaciones políticas prolongadas . Para la oposición, esta norma convierte en delito cualquier estrategia de presión internacional contra el gobierno.
En conjunto, ambas leyes configuran un sistema que permite judicializar la disidencia con base en conceptos abiertos —odio, traición, colaboración— que dependen de interpretación política.
El debate no es técnico, es estructural. Organizaciones de derechos humanos sostienen que la arquitectura legal vigente sigue habilitando detenciones arbitrarias y procesos judiciales discrecionales. En ese contexto, la amnistía aparece como una medida parcial.
Informes recientes ya advertían este límite: liberar detenidos sin revisar el entramado normativo mantiene intacto el sistema que los produjo. Sin la derogación de estas leyes, cualquier beneficiario de la amnistía puede volver a ser procesado bajo las mismas reglas.
El trasfondo es la transición. La discusión sobre estas normas se ha convertido en un indicador de hasta dónde puede avanzar una apertura política real. No se trata solo de liberar presos, sino de redefinir qué conductas son delito.
La ofensiva contra este marco legal no proviene solo de ONG y bancadas parlamentarias. En marzo de 2026, la organización política Derecha Democrática Popular (DDP) introdujo recursos de nulidad contra la Ley del Odio y contra la Ley Simón Bolívar. Su argumento es directo: ambas normas operan como instrumentos de persecución política y sostienen un sistema penal diseñado para inhibir la crítica. La DDP sostiene que, mientras estas leyes permanezcan vigentes, cualquier ciudadano puede ser detenido por expresar opiniones políticas, y que la supuesta apertura institucional no modifica ese riesgo.
La acción de nulidad expone un punto que atraviesa todo el debate: no hay transición posible con un andamiaje jurídico que tipifica la disidencia como delito. La oposición lo formula en términos legislativos; las ONG, en términos de derechos humanos; y la DDP, en términos de garantías mínimas para la participación política. El diagnóstico es coincidente: sin desmontar estas leyes, la persecución puede recomenzar en cualquier momento, incluso contra quienes hoy resulten beneficiados por medidas de amnistía.
Los defensores de la Ley del Odio insisten en presentarla como un mecanismo de protección social, pero su efecto real ha sido otro: normalizar la penalización de la crítica. Cada vez que justifican su vigencia, legitiman un sistema que convierte la discrepancia en riesgo jurídico y que coloca al Estado por encima de los derechos ciudadanos. La defensa de esta ley no es neutral; implica sostener un marco que ha permitido detenciones arbitrarias, procesos opacos y un uso expansivo del derecho penal para gestionar la política.
En un país que intenta discutir una transición, mantener estas normas equivale a blindar la arquitectura de control que hizo posible los abusos del pasado. Quienes las respaldan no están protegiendo la convivencia: están preservando un instrumento que, por diseño, sirve para inhibir la disidencia. Esa es la línea que separa una apertura real de una simulación.
