By Liberaciones parciales, procesos abiertos y nuevas detenciones mantienen a padres, hijos y esposas entre rumores, listas incompletas y noches frente a las cárceles.
En Venezuela, los familiares de presos políticos han aprendido a no celebrar anuncios.
Los nombres aparecen en redes sociales, en filtraciones a periodistas, en listas que circulan por grupos de WhatsApp. A veces alguien sale de la cárcel. A veces vuelve a casa con un dispositivo electrónico en el tobillo. A veces con una orden de presentación semanal ante un tribunal. Nunca con un expediente cerrado. La causa sigue abierta, la condena sigue firme, la vigilancia continúa.
Mientras una familia intenta recomponer una mesa vacía, otras cien preparan termos de café para pasar la noche frente a muros de concreto.
Desde finales de 2025 se han sucedido oleadas de excarcelaciones parciales. Activistas de derechos humanos hablan de decenas liberados en cada tanda y, en total, de algunos cientos en los últimos meses. Pero el número que domina las vigilias es otro: entre 900 y 1.000 personas seguirían privadas de libertad por razones políticas. A ese conteo se suman nuevos nombres cada semana. Las detenciones no se han detenido.
Esa aritmética organiza la vida de quienes esperan: salen diez, entran cinco; liberan a uno en Ramo Verde, detienen a otro en el interior del país; anuncian listas por la mañana, se reportan allanamientos por la noche.
Las familias se mueven con un calendario propio. Hay mujeres que conocen los horarios de cambio de guardia mejor que los de su barrio. Padres que duermen en carros porque no alcanza para el pasaje de vuelta. Hermanos que se turnan para custodiar una puerta cerrada durante doce horas seguidas. Niños que hacen tareas escolares apoyados en una nevera portátil.
Los campamentos sostienen una logística mínima: sillas plegables, plásticos para la lluvia, cargadores portátiles, botellas marcadas con nombres, carpetas con copias de oficios judiciales. Circulan números de abogados, rutas de autobús, rumores de listas que quizá salgan mañana.
Algunos esperan demasiado.
En las últimas semanas se han documentado madres que murieron antes de que se firmara la excarcelación de su hijo y otras que fallecieron horas después de la salida, sin llegar a verlo libre. Esas muertes no figuran en ninguna estadística oficial, pero recorren las vigilias como advertencia: el tiempo también castiga.
La aritmética de la espera
Desde finales de 2025 se han producido varias oleadas de excarcelaciones parciales de presos políticos en Venezuela. Las organizaciones de derechos humanos hablan de decenas liberados en cada tanda y, en conjunto, de algunos cientos en los últimos meses.
Pero en los campamentos familiares circula otra cifra: entre 900 y 1.000 personas seguirían privadas de libertad por razones políticas, según conteos independientes difundidos en vigilias y campañas públicas. A ese total se agregan nuevas detenciones, lo que impide una caída clara del universo de presos.
La mayoría de los excarcelados no han sido absueltos. Salen con causas abiertas, condenas vigentes, régimen de presentación ante tribunales, prohibición de salida del país o dispositivos electrónicos de vigilancia. Para sus familias, la cárcel se sustituye por un calendario de citaciones y controles.
En los carteles, los nombres se tachan y se escriben otros nuevos. Cambian los rostros; el volumen del listado permanece.
Las listas pegadas en cartulinas crecen y se rehacen. Cambian los liberados, no los totales. Se tachan nombres con marcador negro y se agregan otros nuevos. Médicos, abogados, militares retirados, dirigentes locales, estudiantes. Detrás de cada apellido aparece otra familia que aprende el mismo repertorio: qué tribunal no responde, qué número dejó de sonar, qué madrugada conviene llegar para no perder el puesto frente a la reja.
Cuando finalmente llega la noticia de una salida, la vigilia no se desmonta del todo. Se traslada.
El documento judicial habla de “medida cautelar sustitutiva”. Impone comparecencias periódicas. Prohíbe salir del país. Advierte que el beneficio puede revocarse. La causa penal sigue abierta. Para los parientes, la cárcel se convierte en calendario.
En lugar de dormir frente a la reja, se duerme frente al teléfono. En lugar de sostener una pancarta, se aprende a interpretar notificaciones. En lugar de vigilar un portón, se espera una citación.
El papel que no libera
La notificación judicial tiene sellos, membrete y firmas. Habla de “medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad”. No menciona absolución ni archivo de causa.
El documento impone comparecencias periódicas, deja abierto el proceso penal y advierte que la medida puede revocarse. Para los familiares, no es un final: es el inicio de otra rutina.
Se guarda en carpetas plásticas junto con copias de cédulas, oficios anteriores y números de abogados. Viaja en mochilas durante meses. Se muestra en rejas, fiscalías y tribunales como si fuera un salvoconducto frágil.
En las vigilias, estos papeles circulan de mano en mano. Son la prueba de que la excarcelación no cerró nada. Cambió la forma del encierro.
Algunas familias conservan dos fotografías.
En la primera, tomada antes de la detención, el rostro aparece lleno, la barba espesa, el gesto relajado. En la segunda, más de un año después, la piel está hundida, el cuerpo más delgado, la mirada distinta. Entre ambas imágenes hay meses de trámites, viajes inútiles, visitas canceladas, listas que no salieron.
Desde lejos, las excarcelaciones pueden leerse como una descompresión controlada. Desde las aceras, se parecen más a un traslado de régimen: de la celda al grillete, del encierro al control judicial permanente, del silencio absoluto a la espera reglamentada.
Eso es lo que viven los familiares.
No figuran en los expedientes. Pero son quienes sostienen la noche, la logística, la presión pública y el archivo improvisado del conflicto. Son quienes convierten la acera en oficina, la carpeta plástica en escudo, el retrato en documento.
Y mientras tanto, el conteo sigue abierto.
Desde lejos, las excarcelaciones pueden leerse como una descompresión controlada. Desde las aceras, se parecen más a un traslado de régimen: de la celda al grillete, del encierro al control judicial permanente, del silencio absoluto a la espera reglamentada.
Los familiares viven esa transición día a día.
No figuran en los expedientes. Pero sostienen la noche, la logística, la presión pública y el archivo improvisado del conflicto. Convierten la acera en oficina, la carpeta plástica en escudo, el retrato en documento.
Y mientras tanto, el conteo sigue abierto.
