By Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, Venezuela vive un paréntesis extraño. La comunidad internacional celebra “señales de apertura”, pero la realidad es otra. Más de 800 presos políticos siguen en cautiverio, la represión aumenta bajo un decreto de emergencia y policías disfrazados de civiles recorren las calles con orden de vigilancia y castigo. Aplaudir en voz alta puede costar la libertad.
La captura de Nicolás Maduro confirmó que el régimen llevaba tiempo desligándose de su figura. El Estado venezolano ya no se articula en torno a un liderazgo personalista, sino a una arquitectura de poder distribuido, donde militares, operadores civiles, redes económicas ilícitas y órganos de inteligencia forman un ecosistema que sobrevive a sus propios rostros. La salida del caudillo no alteró esa gramática, abrió un vacío: lo evidenció.
La euforia inicial ocultó que la disputa central nunca fue por un presidente sino por la capacidad del Estado para ejercer control social total. Ese control permanece intacto y, en algunos frentes, se fortaleció. Funciona la misma lógica: el ciudadano es sospechoso antes de actuar, el Estado no reconoce límites y la fuerza se impone donde la ley debería gobernar. La captura de Maduro cambia el símbolo, no la matriz.
El decreto de conmoción exterior cristaliza esta evolución: un régimen en transición hacia su versión más cruda, desnuda de narrativa ideológica. No intenta convencer, solo someter. No justifica sus decisiones; las aplica. El chavismo tardío dejó de pretender legitimidad y se aferra a la gobernabilidad del miedo. La máquina se ha convertido en el único garante del orden interno para quienes la manejan.
El aparato represivo, burocrático y criminal que sostiene al régimen siguió funcionando con la precisión de un reloj maldito. Los colectivos se reciclaron como policías sin uniforme. Sin anunciarlo, los tribunales cerraron sus puertas . Los centros de detención siguieron llenándose. La estructura absorbió el golpe, se reorganizó y siguió adelante.
En calles, oficinas y escuelas, la vida pública imitó normalidad mientras el miedo se afinaba. Se dejó de aplaudir en voz alta. Se suspendieron conversaciones espontáneas. Cada ciudadano aprendió el ritmo nuevo: celebrar en privado, callar en público. La euforia inicial se convirtió en prudencia instintiva cuando quedó claro que la caída de Maduro no inauguraba una transición, sino un reacomodo feroz para que nada que importe cambie.
La república sin líder sigue secuestrada por el mismo entramado de sótanos, decretos y vigilantes anónimos. Lo que comenzó como derrota histórica de un hombre terminó revelando algo más inquietante: el régimen sobrevive porque ya vivía sin él.
EL VACÍO QUE NO FUE VACÍO
La madrugada del 2 de enero cambió la historia venezolana, aunque no de la forma soñada por quienes esperaban un colapso inmediato del régimen. La detención relámpago de Nicolás Maduro y Cilia Flores, resultado de una operación quirúrgica que combinó inteligencia, infiltración y un golpe quirúrgico de actores estadounidenses con apoyo local, desmontó el mito de la fortaleza impenetrable. El país vio, casi en tiempo real, cómo el hombre que había prometido resistir “cien años si hiciera falta” desaparecía de la escena sin poder pronunciar una frase final.
La caída personal del caudillo no precipitó el derrumbe institucional. Fue un desmoche. El tronco siguió en pie. La estructura represiva quedó intacta, operativa y, en las horas siguientes, más agresiva. La sucesión automática de Delcy Rodríguez expuso esa realidad. No hubo vacío de autoridad. Hubo un traspaso funcional de mando entre cuadros formados en la misma matriz política, con iguales reflejos y un diagnóstico idéntico: sin control social cotidiano, el régimen se disuelve.
La narrativa diplomática corrió en dirección contraria. Washington habló de “gestos iniciales”. Voceros europeos insinuaron “transición pactada”. Más de un analista, adicto al wishful thinking, leyó liberaciones selectivas como desbloqueo. Todo ello ignoró un hecho central: la captura de Maduro debilitó simbólicamente al régimen, pero no lo descabezó donde importa. El aparato coercitivo nunca dependió de su líder, sino de miles de operadores que aprendieron a actuar sin él.
Esa es la verdadera noticia. El comandante fue removido. La guerra interna continúa.
EL DECRETO COMO ARMA
Tres días después de la detención del mandatario, la nueva presidenta interina ratificó el Decreto de Estado de Conmoción Exterior. El número del instrumento (5200) es lo único anodino. Su alcance es radical. Suspende libertades. Desactiva garantías. Permite al Ejecutivo restringir espacios cívicos sin control judicial. Autoriza operaciones de inteligencia sin orden de tribunal. Le da al Estado licencia para investigar, detener y castigar con un criterio único: sospecha política.
Una línea basta para entender el espíritu: celebrar la caída de Maduro puede constituir delito. Ningún país democrático admite esa lógica. En Venezuela, la situación adquirió un matiz aún más oscuro. Agentes del Estado y grupos parapoliciales comenzaron a registrar teléfonos, confiscar dispositivos y revisar redes privadas en puestos de control improvisados. La excusa es proteger la “soberanía”. El objetivo es otro: identificar disidencia, conocer quién festeja, quién calla y quién comparte.
Las detenciones comenzaron en la misma madrugada. Calles patrulladas. Toques de queda de facto. Atestados policiales sin fundamento. Familiares sin información. Centros de detención abarrotados. La declaración oficial se convirtió en ventana legal para convertir en enemigo a cualquier ciudadano que manifestara alivio o esperanza.
La ratificación del decreto no refleja continuidad institucional. Revela miedo. El chavismo perdió a su rostro internacional, pero conserva músculo. Sabe que el control no descansa en constituciones ni consensos. Descansa en el temor de la población a hablar demasiado alto.
Un abogado de Caracas, que pidió no usar su nombre completo, resume la lógica con precisión:
“No necesitan acusarte de nada. Basta que te imaginen celebrando. El delito es pensar en voz alta”.
Una defensora pública, impotente ante el mecanismo, confirmó el clima:
“Los tribunales reciben órdenes de no admitir habeas corpus durante el periodo de conmoción. Es como quitar el oxígeno del sistema. No hay salida legal”.
LIBERACIONES CON HILO INVISIBLE
La cifra de excarcelaciones fue el mejor regalo para diplomáticos necesitados de un titular amable. Las primeras veintenas salieron entre abrazos, lágrimas y fotos borrosas a medianoche. Las redes se llenaron de celebraciones. Un argumento general se impuso: cae el líder, baja la presión.
La matemática derrumba el optimismo. Foro Penal ha documentado entre 803 y 809 presos políticos aún en cautiverio. La cifra varía día a día porque el sistema no libera con transparencia ni detiene con registro público. Las liberaciones representan entre tres y cinco por ciento del total. No son liberaciones masivas. Son un goteo preciso, casi artesanal.
Peor aún: salen algunos mientras entran otros. Periodistas que reportan celebraciones. Estudiantes que grabaron con celular. Obreros sorprendidos con mensajes en WhatsApp. Celebrar se convirtió en factor de riesgo. La liberación dejó de ser sinónimo de alivio colectivo. Se volvió un mecanismo de gestión política: entregar piezas de bajo valor y conservar a los cuadros que sirven de rehenes estratégicos.
El efecto público es perverso. Divide familias. Resta capacidad organizativa. Alimenta la tentación de pedir clemencia en privado. Convierte la suerte de cada preso en asunto individual y fragmenta la exigencia unitaria de liberación total. Mientras tanto, la mayoría permanece bajo custodia, incomunicada, enferma y sujeta a interrogatorios donde la única noticia del exterior llega deformada, calculada, manipulada.
María Fernanda, hermana de un estudiante detenido desde 2024 y liberado el 10 de enero, lo explicó entre lágrimas:
“Mi hermano salió, pero volvió mudo. Dice que no va a hablar con nadie. Que no quiere que pregunten. Le entregaron la cédula y miedo”.
Un activista de Foro Penal que ha acompañado excarcelaciones reconoce la trampa emocional:
“Cada liberado genera esperanza, pero también culpa en los que se quedan. El gobierno sabe eso. Lo usa”.
LOS SÓTANOS QUE NO SE APAGAN
La tortura en Venezuela no es exceso ni ficción. Es política pública. La documentación acumulada durante años por organizaciones especializadas identifica patrones: asfixia dosificada, privación prolongada del sueño, aislamiento sensorial, amenazas a familiares, violencia sexual contra detenidas, simulacros de ejecución. Mujeres y hombres sufren prácticas idénticas. Militares y civiles reciben el mismo trato. Todos pierden nombre. Se vuelven expediente, pieza de intercambio, moneda en negociaciones cuyo guion se escribe fuera de su celda.
La muerte reciente de un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, identificado solo como Torres, demuestra que los centros de detención siguen funcionando bajo reglas de guerra interna. El Estado no lo reconoció ni emitió parte oficial. Las ONG reconstruyeron la noticia con testimonios fragmentarios. Esa economía del silencio revela un sistema judicial inutilizado y un aparato represivo acostumbrado a operar sin testigos.
Un militar retirado que estuvo diez meses en el Helicoide lo expresa sin adornos: “La tortura no es para que hables. Es para que entiendas que no vales nada”.
Un médico que atendió a detenidos describe un patrón invariable:
“Llegan con lesiones compatibles con inmovilización por horas, traumatismos repetidos y cuadros de deshidratación severa. Y siempre nos dicen que fue una caída”.
El régimen no informó su nombre completo, no publicó parte médico y no admitió que murió bajo custodia. Pero en corrillos judiciales y entre defensores de derechos humanos circula una historia que nadie en el poder quiere firmar: un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, identificado por compañeros como Torres, falleció en un centro de detención la primera semana de enero. Se lo llevaron por un comentario hecho en un grupo privado de mensajería, según versiones coincidentes. Nadie vio orden de arresto. Nadie vio expediente.
Su muerte resume la lógica operativa del Estado sin Maduro: capturar primero, justificar después, callar siempre. Los familiares aún no han podido recuperar el cuerpo. Las ONG que investigan no han recibido acceso. El caso no aparece en registros oficiales. La explicación informal que escucharon defensores fue cínica en su simpleza: “complicaciones”. Ningún vocero aclaró cuáles. Los custodios, mucho menos.
Un muerto invisible: el oficial Torres y la regla del silencio
El régimen no informó su nombre completo, no publicó parte médico y no admitió que murió bajo custodia. Pero en corrillos judiciales y entre defensores de derechos humanos circula una historia que nadie en el poder quiere firmar: un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, identificado por compañeros como Torres, falleció en un centro de detención la primera semana de enero. Se lo llevaron por un comentario hecho en un grupo privado de mensajería, según versiones coincidentes. Nadie vio orden de arresto. Nadie vio expediente.
Su muerte resume la lógica operativa del Estado sin Maduro: capturar primero, justificar después, callar siempre. Los familiares aún no han podido recuperar el cuerpo. Las ONG que investigan no han recibido acceso. El caso no aparece en registros oficiales. La explicación informal que escucharon defensores fue cínica en su simpleza: “complicaciones”. Ningún vocero aclaró cuáles. Los custodios, mucho menos.
Torres es una pieza entre cientos. Pero su historia expone la ecuación entera: si un policía, miembro del aparato, puede morir sin nombre ni registro, cualquier ciudadano está a merced de un sistema donde la ley dejó de existir incluso para quienes la ejercían.
Torres es una pieza entre cientos. Pero su historia expone la ecuación entera: si un policía, miembro del aparato, puede morir sin nombre ni registro, cualquier ciudadano está a merced de un sistema donde la ley dejó de existir incluso para quienes la ejercían.
La prensa internacional rara vez incluye estos datos. Hay razones. Son difíciles de corroborar con fuentes estatales. Complican titulares de normalización. Enfurecen a interlocutores que prefieren hablar de “transición controlada”. Pero ignorarlos equivale a repetir el libreto que el régimen intenta imponer: si no se ve, no existe. Si no se nombra, se disuelve.
En Venezuela, el dolor es una constante. Lo cambiante es el nombre del administrador.
LA CALLE COMO CAMPO MINADO
En los barrios populares, donde antes dominaban bandas armadas alineadas con el partido oficial, hoy mandan hombres sin uniforme visible. Son policías de civil. Funcionarios de inteligencia. Integrantes de milicias recicladas que, en el papel, desaparecieron con las reformas de 2023. Circulan en motos sin placas. Portan pistolas cortas. Exigen identificación. Requisan bolsos. Solicitan teléfonos sin orden escrita. Sustituyen al batallón por la patrulla suelta. No necesitan cuartel, porque su campo de operación es la comunidad entera.
Un vecino de Catia lo dijo con una frase seca:
“Antes sabíamos quién era el malo. Ahora puede ser el que va detrás de ti en el autobús”.
Otro, vendedor informal, confiesa la regla básica de supervivencia:
“No saludar. No reír. No mirar. Pasar rápido. Ahorita la gente está feliz por dentro, pero en la calle no se puede”.
El Estado rehúsa identificarlos. La población, que los conoce de años, usa la palabra “colectivos”. No porque sean organizaciones sociales, sino porque operan en bloques, sin siglas oficiales y con permisos tácitos.
Un residente de Petare describió así el cambio:
“Antes nos decían que venían a defender la revolución. Ahora dicen que buscan colaboradores de Estados Unidos. Es la misma gente”.
Este dispositivo reemplaza la vigilancia masiva por vigilancia granular. Mira ventanas. Escucha conversaciones. Distingue aplausos reales de silencios calculados. Y lo más eficaz: destruye la posibilidad de protesta espontánea. Cualquier reunión de más de diez personas corre el riesgo de terminar en un camión policial. La sospecha es preventiva. La culpa, por anticipado.
EL JUEGO DIPLOMÁTICO Y LA ILUSIÓN EXTERNA
Europa ha encontrado un rostro amable para interpretar la crisis. José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente español, volvió al escenario venezolano con el aura de mediador que nunca perdió en ciertas capitales. Madrid lo promociona como facilitador natural entre partes enfrentadas. Funcionarios europeos lo exhiben como moderador prudente, capaz de escanciar concesiones y traducir demandas. Estados Unidos observa con cálculo: si Zapatero toma el foco, Washington puede mantener distancia pública mientras gestiona negociaciones más duras, incluida la extradición de figuras clave.
La percepción contrasta con la realidad interna. Para opositores y activistas de derechos humanos, Zapatero simboliza una década de diálogos fallidos donde el régimen ganó tiempo, legitimidad y oxígeno financiero. Sus apariciones recientes siguen ese patrón: celebrar gestos, minimizar abusos, magnificar cada liberación como paso histórico. Esa actitud produce titulares amables y amortigua preguntas incómodas: por qué la represión sigue intacta; por qué el decreto de emergencia no se discute; por qué el país continúa en un clima de miedo.
Ninguna transición es posible sin desmontar la estructura que sostiene el control coercitivo. Esa discusión no ha empezado. La diplomacia prefiere el espejismo.
SIN LÍDER, EL PODER SE REPARTE
La desaparición forzada del líder visible expuso algo que muchos venezolanos sospechaban desde hace años y que pocos fuera del país querían admitir: el chavismo dejó de ser un régimen de un solo hombre. Maduro fungía de vocero, símbolo y portaestandarte. Pero el pulso del poder se desplazó progresivamente hacia múltiples anillos donde se mezclan militares, operadores económicos, jefaturas policiales, gobernaciones, carteles burocráticos, nodos financieros con destino incierto y estructuras paraestatales que responden solo a su supervivencia.
La captura del mandatario, en lugar de quebrar el mando, lo disolvió en un archipiélago más difícil de mapear. Cada grupo controla territorio físico o económico. La gobernación que maneja contrabando de combustible en frontera. El jefe militar con acceso directo a almacenes de alimentos importados con subsidio. El coronel que domina un circuito de pagos en moneda extranjera dentro de su región. El aparato de inteligencia con acceso a bases de datos y escuchas. Ninguno responde en vertical. Ninguno confía del todo en el otro. Sin embargo, todos coinciden en un propósito: evitar que la caída simbólica del jefe arrastre su propio espacio de influencia.
Ese sistema produce estabilidad torcida. Un funcionario medio del Ministerio de Energía, entrevistado de manera anónima, lo describe como fauna territorial:
“Cada quien cuida su parcela. Nos quemamos entre nosotros antes de soltar el control. Por eso la gente piensa que Maduro mandaba. No. Mandan cien”.
No hay proyecto. No hay plan nacional. Hay contención. Y un consenso tácito: cualquier apertura real implicaría auditorías, depuración y exposición penal. La democracia no solo amenaza el discurso oficial. Amenaza la red de intereses que se consolidó bajo la sombra del chavismo y que hoy actúa sin capitán.
Delcy Rodríguez emerge como administradora, no como líder. Su labor consiste en equilibrar brazos armados, dispositivos civiles y zonas económicas. Necesita demostrar que puede mantener la casa cerrada mientras negocia con el exterior. No libera presos para hacer justicia. Los libera para conservar margen. Si fallara, el mismo sistema que la sostiene se uniría para reemplazarla en horas.
ECONOMÍA CLANDESTINA, LA SANGRE DEL APARATO
La economía legal venezolana lleva años en coma inducido. Inflación crónica, sanciones parciales, contracción industrial, fuga masiva de capital humano y el colapso del Estado como empleador de último recurso han dejado un vacío que no llena el mercado formal. Ese vacío alimenta el verdadero motor del régimen: un sistema paralelo de recursos donde el dinero fluye fuera de los canales tradicionales.
Los colectivos que patrullan barrios no trabajan gratis. Tampoco los funcionarios que controlan accesos viales ni los militares que custodian depósitos y aduanas invisibles. Circulan divisas cuyo origen se dispersa: contrabando de gasolina, tráfico de oro sin trazabilidad, importaciones trianguladas desde puertos de terceros países, peajes informales en carreteras, extorsión en puntos de control, pagos en criptomonedas para evitar auditoría.
Este ecosistema financia la represión sin necesidad de presupuesto público formal. Les da autonomía a los mandos medios. Les permite operar incluso cuando el gobierno central está sumido en crisis o disputa interna. Por eso el sistema resiste golpes externos. No depende de un ministerio ni de una partida presupuestaria. Funciona como enjambre depredador: reparte recursos a quienes ejecutan órdenes y castiga a quienes expresan debilidad.
La captura de Maduro no interrumpe estos circuitos. En ciertos puntos, los fortalece. Las estructuras locales perciben incertidumbre y aceleran actividades para asegurar colchones financieros. Este frenético afán de extracción económica explica por qué la represión no disminuye: liberar el control social equivale a perder acceso a rentas. Mantener el miedo garantiza continuidad del flujo.
Ese vínculo perverso no es intuición periodística. Lo confirman comerciantes que pagan peajes ilegales, transportistas obligados a entregar mercancía y empresarios familiares que repiten la misma frase con variaciones menores: la autoridad formal ha desaparecido; lo que opera es la ley del puesto de control más cercano.
Un empresario de Maracaibo aporta detalle:
“Cada contenedor paga cuatro veces: en puerto, carretera, almacén y punto de venta. Y todos saben cuánto toca. No es caos. Es sistema”.
Un jefe de transporte en Guárico sentencia la regla: “No pagas, no llegas. Y si te quejas, te desaparecen”.
LA TRANSICIÓN QUE NO EXISTE
Una democracia no nace de liberaciones selectivas ni de promesas en conferencias internacionales. Se construye con tres actos indefectibles: restaurar el estado de derecho, desmontar el monopolio de la fuerza y someter a rendición de cuentas a quienes violaron derechos humanos. Nada de eso está en marcha en Venezuela.
El decreto de conmoción exterior es el anti-acto fundador. No deroga la lógica represiva. La consagra. La propia permanencia del instrumento blinda la discrecionalidad estatal. Bajo ese paraguas, cualquier amago de protesta organizada puede ser sofocado antes de que prenda. Cualquier dirigente opositor con aspiraciones puede ser detenido bajo sospecha. Cualquier periodista que decida narrar con nombres y apellidos puede ser acusado de colaborar con potencia extranjera.
Los gestos diplomáticos refuerzan esta simulación de apertura. Voceros celebran cada excarcelación como si se tratara de un quiebre real. Pero la regla es la cautividad. Salen unos pocos, entran otros, y el saldo neto permanece o empeora. Las cárceles siguen operativas. Los interrogatorios continúan. Las familias no reciben información confiable. Las ONG trabajan con miedo y recursos limitados.
Una transición requiere voluntad del régimen para renunciar al poder. Aquí ocurre lo opuesto: el régimen ajusta su forma para perdurar sin su figura histórica. El relato externo cambia. El sistema interno permanece incólume. El espejismo es conveniente para embajadas cansadas e instituciones que buscan cerrar expediente. Para la población, el espejismo cuesta libertad.
UN PAÍS EN VILO
La población ha aprendido a leer el clima político más rápido que los analistas extranjeros. La caída de Maduro produjo alivio inicial. Pero ese alivio se volvió ansiedad en cuestión de horas. La duda central no es quién gobierna. Es qué puede hacer la ciudadanía sin arriesgar la vida. Las reglas cambiaron sin ser anunciadas. Las líneas rojas se movieron sin señalización. La forma de sobrevivir es no probar suerte.
Los mercados abren. Las oficinas públicas funcionan a media máquina. Las escuelas intentan retomar actividades. La vida cotidiana finge normalidad. Pero detrás de esa superficie hay una tensión permanente. La gente evita hablar de política frente a desconocidos. Evita comentar en redes abiertas. Se guarda opiniones para conversaciones confidenciales. Los mensajes de WhatsApp se archivan en silencio. El miedo se vuelve hábito.
Una maestra de Carabobo cuenta que prohibieron hablar del tema en las aulas: “Los niños preguntan por qué sacaron al presidente. Yo respondo que no es asunto nuestro. Mentimos para protegerlos. Es una forma de cárcel también”.
Un estudiante universitario resume el clima generacional: “No queremos héroes. Queremos que nadie nos toque”.
En barrios donde los colectivos raptores son visibles, la relación con el Estado adopta un matiz medieval: la autoridad es local, no pública. La legalidad es contingente. Una mujer que vende empanadas puede perder su mercancía si responde mal. Un motociclista puede quedar detenido si sonríe al pasar por un control. La arbitrariedad cotidiana crea un país de ciudadanos sometidos a evaluaciones invisibles. Y lo más corrosivo: normaliza la humillación.
Este estado de excepción emocional es parte esencial de la ecuación. El régimen no necesita encarcelar a todos. Solo necesita encarcelar a suficientes para convencer al resto de que podrían ser los próximos. Es una pedagogía de la sumisión.
EL SILENCIADOR DIPLOMÁTICO
En foros internacionales, Venezuela reaparece como urgencia después de años de fatiga. Hay diplomáticos que quieren cerrar capítulo. Hay gobiernos que necesitan buenas noticias para consumo interno. Hay figuras mediadoras que buscan relevancia. Esa combinación produce un efecto distorsionado: se celebra cualquier señal como si fuera hito.
La figura de Zapatero se inserta en ese teatro. Es el rostro visible de un discurso que pretende rescatar la palabra “diálogo” aunque los hechos la hayan vaciado. Pero no hay diálogo posible mientras uno de los actores mantiene a cientos de personas como rehenes políticos. Usar la palabra transición sin referirse a las cárceles equivale a encubrirlas.
La palabra progreso pierde sentido si no se acompaña de hechos verificables. Liberación total, eliminación del decreto, reconstrucción judicial, depuración de mandos implicados en tortura, restitución de derechos, elecciones libres en clima no militarizado. Ninguno de esos pasos aparece en la agenda inmediata. El silencio externo protege a quienes se benefician del inmovilismo.
Un diplomático europeo, ya fuera de Venezuela, admite el sesgo: “Necesitamos contar progreso. No podemos regresar diciendo que nada ha cambiado”.
Un activista lo refuta con precisión moral: “El mundo quiere paz, pero la paz del silencio es la paz del cementerio”.
EL PAÍS QUE SIGUE PRESO
Venezuela vive un tiempo extraordinario. El dictador cayó sin estruendo. Los sótanos siguen llenos. La represión no se interrumpe. La alegría se ha transformado en murmullo cauteloso. Los sobrevivientes del régimen sin líder intentan reacomodarse sin perder palanca. La comunidad internacional festeja lo que quiere ver, no lo que ocurre.
No hay normalidad mientras existan 800 presos políticos invisibles. No hay apertura mientras un decreto permita detener ciudadanos por aplaudir. No hay transición mientras el miedo determine el volumen de las conversaciones. La caída del hombre fuerte no derriba el sistema. Lo revela. La Venezuela de hoy es el producto de un Estado que aprendió a operar sin rostro, sin discurso y sin excusas.
Una madre que espera noticias de su hijo resume la tragedia nacional: “Cada vez que suena el teléfono, me asusto. Si no suena, también”.
La república sigue secuestrada, solo le cambiaron de carcelero.
