By Guaicaipuro Lameda Montero
El 19 de abril de 1810, la Capitanía General de Venezuela se declaró independiente de España. Su Capitán General renunció al mando con una frase que ha resonado en la historia venezolana: “Yo tampoco quiero mando”. Se instaló entonces una Junta de Gobierno que, consciente de la fragilidad de una independencia meramente declarativa, designó tres comisiones con el propósito de obtener el apoyo financiero y militar que permitiera consolidarla y desalojar a las fuerzas españolas del territorio.
Una comisión fue enviada a los Estados Unidos, otra a Curazao y una tercera al Reino Unido. Ninguna logró un respaldo formal inmediato. Sin embargo, la misión al Reino Unido resultó particularmente reveladora. Estuvo integrada por Luis López Méndez, hombre de probada capacidad, y por el joven Simón Bolívar, cuya figura aún no inspiraba plena confianza en las autoridades británicas. Para reforzar la misión, Bolívar se hizo acompañar por su maestro, Andrés Bello, quien actuó como secretario de la comisión.
La situación era compleja. El Reino Unido era aliado de España en la guerra contra Napoleón, pero al mismo tiempo tenía un interés estratégico en romper el monopolio comercial español y acceder directamente a los mercados de América. Bolívar no perdió tiempo ni desaprovechó el viaje. Luis López Méndez permaneció en Londres como un embajador permanente de la causa, mientras Andrés Bello, consciente de que la independencia que se avecinaba no se decidiría en los salones diplomáticos, sino en el campo de batalla, en una guerra que debía gestarse sin contar con ejércitos ni armas, se dedicó a su pasión, la vida intelectual.
Aunque el gobierno británico mantuvo una neutralidad oficial, permitió que actores privados apoyaran a los libertadores venezolanos. De ese margen surgieron hechos decisivos: las Legiones Británicas, integradas por miles de voluntarios británicos e irlandeses que combatieron junto a Simón Bolívar; el financiamiento proveniente de bancos y comerciantes que otorgaron préstamos y suministros militares; y el papel de Londres como refugio y punto de encuentro de líderes como Bolívar, San Martín y Bernardino Rivadavia, quienes desde allí buscaron apoyo diplomático y difundieron sus ideas emancipadoras.
Bolívar fue más allá. En Londres se reunió con Francisco de Miranda y lo convenció de regresar a Caracas como figura influyente de la causa independentista. Miranda ya había llevado la bandera tricolor y la idea de independencia a Venezuela en 1806, cuando la izó por primera vez en La Vela de Coro, marcando un hito simbólico que ahora Bolívar convertiría en empresa definitiva.
Pronto, Bolívar desde el norte y San Martín desde el sur, comprendieron que la estabilidad de la independencia sería posible solo si se expulsaba la fuerza militar española de todo el continente. No había espacio para ambigüedades: sería una guerra a muerte, sin titubeos diplomáticos. Construyeron ejércitos desde cero, triunfaron y legaron un continente libre de dominación extranjera y dueño de la riqueza natural de sus territorios.
Las últimas décadas han sido de decadencia para América Latina. Ya no se trata de la influencia de España, sino de una dominación ideológica asociada a intereses económicos y de control.
Hasta los años setenta, esa influencia se mantuvo contenida, en parte por el respaldo de Estados Unidos y su doctrina Monroe: “América para los americanos”.
Ese equilibrio produjo un giro estratégico. Mientras Estados Unidos conservó capacidad de influencia, la dominación del sur del continente resultó inviable. La respuesta fue una guerra no convencional, asimétrica y ejecutada dentro del propio territorio de la nación objetivo: debilitar progresivamente el poder de influencia de Estados Unidos. El arma elegida fue el narcotráfico. Utilizar las drogas como instrumento para desmoralizar a la sociedad, causar daño físico y moral, perturbar el sistema financiero y comprometer actores políticos, económicos y militares mediante el chantaje y la extorsión.
En esa estrategia, Pablo Escobar fue un factor clave. Desde Colombia, el narcotráfico se utilizó como capital financiero para ganar posicionamiento social, escalar al poder político y avanzar hacia el control progresivo del Estado. Su captura y muerte en 1993 pusieron fin a ese modelo. Entonces se produjo un nuevo giro: primero tomar el control político de la nación y luego operar el narcotráfico desde el poder. El objetivo era el mismo; solo cambió la secuencia estratégica.
Venezuela ofrecía el escenario perfecto. El país estaba convulsionado y aún resonaba el impacto del golpe de Estado fallido del “por ahora” ocurrido en 1992. La izquierda no perdió tiempo. Se acercó al líder encarcelado y se fraguó una conjura entre un militar sin base social y una base social empobrecida que superaba al 80% de la población, mientras carecía de un liderazgo eficaz que confrontara una corrupción pública que enriquecía a lo privado y una delincuencia que sometía al ciudadano.
Esa conjura se apropió de un símbolo: la bandera de Bolívar, incluso rebautizando la República como “bolivariana”. Han sido veintiséis años de humillación a la genialidad militar de Simón Bolívar. Estos sacrílegos ideológicos construyeron alianzas en cuatro frentes contra lo que llamaron el imperio: comunismo reciclado, narcotráfico, terrorismo y saqueo de la riqueza nacional para contaminar el sistema financiero internacional y sembrar pruebas útiles para el chantaje y la extorsión.
El objetivo fue mantenerse en el poder a cualquier costo. A los pobres había que mantenerlos pobres, para dominarlos mientras llenaban su sed de esperanza a cambio de votos que legitimaban una dictadura constitucional. Y, si la esperanza no bastaba, aplicar el terror: quitar beneficios a unos y encarcelar o eliminar a otros.
La historia es larga, pero este recorrido permite llegar al punto central de la reivindicación.
Los hechos ocurridos en enero 2026 demostraron con claridad que muchas percepciones previas fueron erradas. El gobierno estadounidense con Donald J. Trump como protagonista, identificó con precisión el centro de gravedad de esa conjura criminal y supo demolerlo con paciencia, precisión y contundencia, aplicando una estrategia de yunque y martillo que puso de rodillas al liderazgo revolucionario.
Lo ocurrido en Venezuela hasta esa intervención militar constituye la traición más bochornosa ocurrida desde su nacimiento en 1830: traición a la patria y traición a un pueblo que apoyó una causa bajo el engaño sistemático y el egoísmo vil de una élite convertida en sociedad del crimen. Sus protagonistas quedaron expuestos, degradados y despojados del relato heroico que durante años intentaron sostener. Un buen día despertaron derrotados y al siguiente montaron un gobierno obediente a la voluntad de una potencia extranjera. Una caricatura que avergüenza al gentilicio venezolano y humilla el legado libertario.
Desde la perspectiva de un militar formado para defender la soberanía de su país, resulta doloroso reconocer la legitimidad de acciones emprendidas por una potencia extranjera dentro del territorio venezolano. Sin embargo, es necesario admitir que ese reconocimiento se vuelve inevitable y necesario cuando una parte del liderazgo político queda atrapada en redes de chantaje y extorsión, y la otra reduce su estrategia a movilizaciones populares sin capacidad disuasiva ni posibilidad real de construir la fuerza militar que la defensa de la soberanía exige.
Esta acción política, ejercida como acto de fuerza en el marco de una confrontación bélica no convencional, no representa el cierre de un episodio, sino el inicio de una estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que reivindica la visión de Bolívar y San Martín en su tiempo: mientras subsistan estructuras de poder hostil en el continente, no habrá estabilidad posible. Hoy esas estructuras operan desde cuatro frentes interconectados –comunismo reciclado, narcotráfico, terrorismo y saqueo sistemático de la riqueza nacional para contaminar el sistema financiero internacional y alimentar el chantaje y la extorsión– con base territorial en Venezuela y ramificaciones transnacionales.
Preservar la vida de sus ciudadanos y la estabilidad de sus instituciones legitima que una nación actúe con firmeza contra sus agresores. En ese marco, para Venezuela, las etapas que se anuncian evolucionarán al ritmo estratégico que marque esa confrontación, y entre tanto buena parte de su dirigencia permanece incapaz de asumir que, en este tipo de guerra, la disuasión efectiva o el combate, cuando la disuasión falla –y no la retórica– es lo único que abre la puerta a una verdadera reconstrucción nacional. La de allá y la de acá.
Aquí no se trata de contrabando, ni de evasión fiscal, ni de simples actos de corrupción. Se trata de un delito que atenta deliberadamente contra la vida y la salud de las personas, con provecho económico y propósito estratégico. Y frente a eso, la historia demuestra que solo la claridad, la firmeza y la acción decidida marcan la diferencia entre la decadencia prolongada y la recuperación y mantenimiento de la soberanía.
