By Félix Gerardo Arellano P.
Conviene recordar que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo llegan, respectivamente, a la Presidencia y Vicepresidencia de Nicaragua en el año 2007 con el respaldo del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, gracias a una maniobra jurídica irregular que apoyó el expresidente Arnoldo Alemán y redujo el tope establecido en la normativa para ser considerados vencedores en la contienda electoral.
Al asumir el poder la pareja presidencial inició un proceso autoritario que desmanteló progresivamente la institucionalidad democrática y las libertades. Sin embargo, han desarrollado hábilmente una política clientelar para lograr el apoyo de grupos políticos, empresariales y miembros de la sociedad civil, que han contribuido a su mantenimiento en el poder, a cambio de beneficios individuales.
Con Ortega-Murillo en el poder desde el 2007, y habiendo ganado una cuarta reelección el 7 de noviembre de 2021, el país pasó de un frágil autoritarismo competitivo hasta llegar –en los actuales momentos– a un autoritarismo hegemónico, con una creciente violación de los derechos humanos y muy limitados espacios de libertad, todo bajo el control de la pareja presidencial.
Para mantenerse en el poder, la dupla Ortega-Murillo ha forjado un férreo control de las instituciones nicaragüenses fundamentales –el Frente Sandinista de Liberación Nacional, las fuerzas armadas y policiales, los grupos paramilitares que dirigen directamente, el Consejo Supremo Electoral, el Poder Legislativo con 71 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional, la mayoría de los medios de comunicación– y, paralelamente, han avanzado en la fragmentación de los partidos políticos de oposición y la sociedad civil.
Adicionalmente, el apoyo de gobiernos autoritarios y, particularmente, el asesoramiento de la dictadura cubana con amplia experiencia en control social y represión, han ayudado a la consolidación de la pareja en el poder. Lamentablemente, la mayoría de la comunidad internacional democrática asumió, en los primeros años, una posición ambigua, de relativa indiferencia, ante la destrucción progresiva de la institucionalidad democrática y la violación de los derechos humanos.
La deriva autoritaria y represiva que están promoviendo la pareja Ortega-Murillo en Nicaragua, con el objetivo de perpetuarse en el poder, si bien los debilita y aísla, pareciera estar dando resultados, entre otros, por la destrucción y fragmentación de la oposición interna; la lenta reacción de la comunidad internacional y la falta de coordinación efectiva de todos los actores que participan en la lucha por la recuperación de la democracia en Nicaragua
VACILACIONES FRENTE A LA OEA
Llama la atención la posición complaciente que ha mantenido la Organización de Estados Americanos y su secretario Luis Almagro. Asumía que era posible mantener la democracia en Nicaragua con una relación cercana con la pareja presidencial. Una visión equivocada. Desde la fuerte protesta popular de 2018, el autoritarismo y la represión se han agudizado.
El descontento social de 2018 producto, entre otros, del rechazo a la reforma del sistema de pensiones, se extendió por todo el país con una activa participación de los jóvenes, y la reacción represiva del gobierno de Ortega se concentró en una violencia brutal. Informes de la OEA destacan que en las protestas hubo 448 muertos, más de 2.000 heridos y unos 700 desaparecidos.
La pareja presidencial logró calmar las aguas estremecidas por la presión nacional e internacional con la apertura un proceso de diálogos nacionales, con una activa participación de la Iglesia católica. Además, en el plano internacional se comprometieron con la OEA a llevar adelante reformas electorales orientadas a definir condiciones competitivas para las elecciones de noviembre de 2021. No ocurrió.
Los compromisos con la OEA establecieron el mes de mayo como plazo límite para la adopción de las reformas electorales, un proceso que jurídicamente resultaba sencillo para el sandinismo por el control que mantiene de las instituciones involucradas en las reformas: el Poder Legislativo, el Consejo Supremo Electoral y el Poder Judicial. Pasó mayo y no cumplió con los compromisos asumidos en los diálogos nacionales, ni lo pactado con la OEA. Al contrario, avanzó en un proceso de destrucción de la oposición democrática, al inhabilitar la gran mayoría de partidos políticos que forman parte de la Coalición Democrática, plataforma que constituyeron varios partidos de oposición para participar unidos en la contienda electoral.
PERSECUCIONES COMO PARTE DE LA RECETA
En estos momentos, la represión constituye la estrategia central de la pareja presidencial con el objeto de perpetuarse en el poder. Poco antes de las elecciones de noviembre los centros de defensa de los derechos humanos registraron unos 155 presos políticos, que incluyen 37 lideres de la oposición y 7 aspirantes a la Presidencia.
La lista de perseguidos y exilados es larga e incluye empresarios, lideres sociales, jóvenes críticos. Incluso han arremetido contra la Iglesia católica, activa defensora de los derechos humanos. Ortega ha calificado a los obispos com “hijos del demonio”.
También ha crecido el número de nicaragüenses que huyen del país. Se calcula que a mediados del año pasado unos 10.000 cruzaron la frontera con Costa Rica y, se estima que, desde el inicio de las protestas sociales en el 2018, más de 100.000 ciudadanos han salido al exilio.
En este contexto, resalta la sistemática persecución a tres hijos de la expresidenta Violeta Chamorro Barrios (Carlos, Cristina y Joaquín). En particular, la arbitraria apertura de una investigación contra Cristina Chamorro, por supuestos manejos financieros irregulares luego de manifestar su interés de participar en el proceso primario de selección del candidato presidencial del partido Ciudadanos por la Libertad.
Luego de desmantelar los partidos políticos y encarcelar la mayoría de los candidatos para las elecciones de noviembre, la persecución se dirige contra cualquier ciudadano con posición crítica. Pensar diferente puede formar parte de la lista de detenciones.
También son objeto de persecución miembros del sandinismo, y recientemente han sido detenidos simbólicos dirigentes como Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres. Adicionalmente, el prestigioso escritor Sergio Ramírez, compañero de lucha de Daniel Ortega, ahora un crítico de la pareja presidencial quien, viviendo en el extranjero, enfrenta una orden de detención con el objeto de impedir su regreso al país.
UNA RESPUESTA TARDÍA
Ante la perversa situación, la comunidad internacional reacciona tardíamente. El Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución muy crítica al gobierno de Nicaragua (CP/RES. 1175 del 15/06/2021), sin llegar a la aplicación de la Cláusula Democrática, con 26 votos a favor y con la abstención de los gobiernos de Argentina y México que, recientemente, ante la gravedad de los acontecimientos, han llamado sus embajadores ante Nicaragua a consultas.
El secretario de la OEA ya califica al gobierno de Ortega como dictadura y aboga por la aplicación de la Cláusula Democrática Interamericana. El gobierno de los Estados Unidos ha incrementado las sanciones que está aplicando desde el 2018 y ha calificado la nueva ola represiva como “despreciable”.
También han asumido posiciones críticas los países miembros de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, en particular el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
DEMOCRACIA EN PELIGRO
La dupla Ortega-Murillo, entretanto, celebra que mediante el uso arbitrario de la fuerza ha venido despejando el panorama para permanecer en el poder hasta más allá de 2026, mientras el rechazo nacional e internacional no se incremente y detenga la violenta represión y la permanente violación de los derechos humanos.
El caso nicaragüense confirma la fórmula política que viene utilizando el radicalismo, que ha abandonado los caminos armados para tomar el poder y se aprovecha de las bondades de la democracia para manipular a la población más vulnerable con promesas irreales o políticas clientelares.
La grave crisis en Nicaragua evidencia las limitaciones de la comunidad internacional democrática para enfrentar, de manera oportuna y eficiente, la consolidación de procesos autoritarios que generan miseria, destrucción y violación de los derechos humanos.
Si bien las Cartas Democráticas representan un avance conceptual, en la práctica ha resultado limitadas, débiles y sujetas a la discrecionalidad y oportunismo de los gobiernos.
Si bien la solución de los problemas de un país no corresponde exclusivamente a la comunidad internacional es importante su labor de alerta temprana, de acompañamiento en la lucha por la pervivencia de la libertad. Sus acciones son fundamentales, sobre todo cuando se trata de gobiernos como el binomio Ortega-Murillo, que cuenta con los apoyos de la geopolítica del autoritarismo para destruir con sangre las posibilidades
de sus pueblos por reconquistar la democracia.
*Internacionalista y doctor en Ciencias Políticas. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Coordinador del área de Relaciones Internacionales y Globales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV.
