By La ONG Justicia, Encuentro y Perdón afirma que está en marcha un patrón persistente de traslados intercarcelarios arbitrarios, ejecutados sin orden judicial y sin notificación adecuada a las familias y a los abogados de confianza que constituyen una grave violación a los estándares nacionales e internacionales.
Sin avisar a sus abogados y familiares el régimen de Nicolás Maduro y las FANB trasladó de manera arbitraria, clandestina y sin orden judicial a un grupo de presos políticos. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha recibido “reportes reiterados” de familiares que se enteraron del cambio de ubicación de sus parientes al acudir a los centros penitenciarios para llevarles alimentos y otros artículos de primera necesidad.
La organización exige a las autoridades información “oportuna, veraz y completa” sobre el paradero de los detenidos y que se garantice que cualquier movimiento cuente con autorización judicial y sea notificado de inmediato. “Los traslados intercarcelarios ejecutados sin orden judicial y sin notificación adecuada a las familias y los abogados de confianza constituyen una grave violación a los estándares nacionales e internacionales”, declaró.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó que los familiares del periodista Rory Branker -detenido el 20 de febrero- denunciaron su traslado a un “destino desconocido sin aviso”, y exigió que se revele dónde fue internado.
El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, liderado por la nobel de la paz de 2025 María Corina Machado, también reportó “traslados arbitrarios” de presos en cárceles de Caracas sin que los afectados fuesen informados.
El partido Voluntad Popular reportó el traslado del activista Aldo Rosso -detenido hace 16 meses- desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, a la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.
Foro Penal contabilizó 887 presos políticos en Venezuela hasta el primero de diciembre, de los cuales 85 poseen nacionalidad extranjera. El gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, niega la existencia de presos políticos y afirma que los detenidos han cometido “delitos de traición a la patria y de odio”, posición rechazada por ONG y la oposición.
Los traslados arbitrarios se suman a la muerte del ex gobernador de Nueva Esparta en el Helicoide sin recibir asistencia médica. Rafael Narváez , ex diputado y defensor de los derechos humanos condenó la persecución sistemática que vienen ejecutando los cuerpos de seguridad del Estado en contra de los ciudadano que consideren “traidores a la patria”, sin que haya habido una investigación previa.
Subraya Narváez que el ocultamiento a los familiares del lugar de reclusión es un crimen de lesa humanidad. “Son traslados llenos de resentimiento, al margen de la ley y contrarios a las garantías de la Constitución y pactos internacionales ratificados por el Estado Venezolano”, asentó.
Un total de 25 venezolanos detenidos por razones políticas murieron estando bajo custodia del régimen. El último fue el ex gobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz, que pasó 1 año y 12 días detenido arbitrariamente, incomunicado, sin ver a su familia, sin acceso a su abogado y sometido al régimen más severo de aislamiento. Nunca se le prestó la atención médica que requería su estado de salud.
El responsable directo es el director del Sebin Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello, que no se atrevió a informar el fallecimiento sino que se excusó tras la vocería del el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, que hasta ahora no ha tenido competencia sobre eel centro de tortura que es el Helicoide.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, afirmó que la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, fue inducida por el deterioro que le causó el trato cruel, inhumano y degradante al que fue sometido. “No tiene nada de “natural” es infarto fulminante del que habla el régimen. Fue asesinado”, destacó.
El Observatorio Venezolano de Prisiones exige que el asesinato de Díaz sea investigado siguiendo los lineamientos del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas que establece normas y directrices para la investigación de muertes potencialmente ilícitas o sospechas de desapariciones forzadas.
