By Las fuerzas democráticas deben presionar para que la presidenta interina desmantele el entramado económico, judicial y represivo del chavismo que administra, libere a los presos políticos y ponga fin a la censura y al bloqueo de los medios de comunicación.
Delcy Rodríguez asumió el control del Ejecutivo tras una intervención militar de Estados Unidos de poco más de dos horas que capturó a Nicolás Maduro en Caracas y neutralizó el dispositivo defensivo que el régimen presentaba como disuasión estratégica: radares chinos de última generación y sistemas antiaéreos rusos S-300. La caída del vértice chavista no fue producto de una negociación interna ni de un colapso administrativo, sino de una acción armada externa que dejó expuesta la fragilidad del aparato militar que sostuvo al poder durante años y abrió una pugna inmediata por el control del Estado.
El modo de acceso al poder fija las reglas del juego desde el primer día. La jefatura política no emergió de un pacto nacional ni de una sucesión constitucional consensuada. Fue avalada por un Tribunal Supremo cuestionado y ejecutada por un entramado institucional que Rodríguez había ayudado a consolidar desde la Vicepresidencia, el Ministerio de Hidrocarburos y la coordinación del sector económico, posiciones desde las que se concentraron fondos extrapresupuestarios, se rediseñaron contratos energéticos bajo confidencialidad y se subordinó la toma de decisiones económicas a órganos cerrados al escrutinio parlamentario. En paralelo, su hermano Jorge Rodríguez mantuvo la presidencia del Legislativo, cerrando un eje familiar en el centro del mando en un momento de extrema vulnerabilidad política.
La combinación de continuidad administrativa y vacío en la cúspide explica por qué su interinato quedó bajo sospecha desde el primer día. Dentro del oficialismo su figura provoca fricciones entre quienes buscan preservar intacta la estructura y quienes temen que la concentración de poder vuelva ingobernable la negociación externa. Fuera del país, gobiernos y organismos multilaterales miden si su conducción abre un proceso de desmontaje institucional verificable o si reorganiza la misma arquitectura bajo otra administración, con cambios cosméticos y control intacto.
Las declaraciones no cambian las estructuras.
El chavismo construyó su permanencia mediante una combinación de coerción selectiva, justicia instrumentalizada, dependencia económica administrada desde el Estado y negociación opaca con actores externos. Esa arquitectura no se evapora con un relevo en la cúspide. Se transfiere.
Rodríguez gobierna sobre un andamiaje operativo que ella misma reforzó durante más de una década: fondos extrapresupuestarios, contratos energéticos sin control parlamentario, organismos de inteligencia subordinados al Ejecutivo, decisiones económicas concentradas en instancias protegidas por secreto administrativo. La red sigue activa y define el margen real de cualquier reforma.
Los documentos de Transparencia muestran cómo esa concentración se convirtió en método de gobierno.
En el sector petrolero, tras asumir el Ministerio de Hidrocarburos en 2024, promovió en puestos estratégicos a personas de su confianza. Anabel Pereira Fernández pasó a manejar Comercio y Suministro Internacional de Pdvsa; Héctor Obregón Pérez, con paso previo por Bandes y la comisión que intervino Sunacrip tras el escándalo Pdvsa-Cripto, terminó al frente de la estatal; Gustavo González López, exdirector del Sebin, fue incorporado en funciones estratégicas y luego volvió al núcleo militar como jefe de la Dgcim. El movimiento cerró un circuito entre producción, seguridad y control político.
Durante ese período se ampliaron los llamados Contratos de Participación Productiva con privados para explotación y comercialización de crudo, sin licitaciones abiertas ni control parlamentario, amparados en confidencialidad y con flexibilización fiscal. El ministerio pasó a coordinar más de un centenar de empresas del sector, muchas radicadas fuera del país, mientras Citgo permanecía fuera de su órbita directa.
El blindaje se extendió al sistema financiero y cripto. Tras la intervención de la Sunacrip quedaron al mando figuras del mismo círculo político, que acumularon cargos en Pdvsa, banca pública y supervisión financiera, concentrando regulación y comercio exterior en un mismo eje. Desde la Vicepresidencia Sectorial de Economía, Rodríguez articuló banca, exportaciones, agricultura, turismo, petróleo y minería bajo un paraguas único de decisión. En paralelo, un primo hermano dirigió el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, organismo clave para la formalización de empresas y bienes, con reformas que ampliaron la discrecionalidad administrativa.
La minería siguió una lógica similar. Entre 2020 y 2024 se multiplicaron alianzas para explotar y exportar oro con aval del Banco Central, luego subordinado a la vicepresidencia económica. Socios privados con vínculos políticos aparecieron en ese circuito mientras los planes oficiales multimillonarios carecían de ejecución verificable.
El control electoral también forma parte del mapa. La influencia acumulada por Jorge Rodríguez en el Consejo Nacional Electoral dejó operadores técnicos con dominio sobre sistemas y registros, mientras proveedores tecnológicos ligados a ministerios del mismo entorno se consolidaron como soporte estructural de procesos cuestionados.
Las conexiones empresariales completan la red: contratistas recurrentes en petróleo, alimentos subsidiados y deportes; intermediarios en exportaciones de crudo; estrategias de proyección internacional a través de federaciones deportivas y ligas profesionales; investigaciones judiciales en España y Estados Unidos por contratos de lobby, venta de petróleo y lavado financiero mediante sociedades instrumentales.
El interinato no parte de cero. Parte de una infraestructura financiera, energética, judicial y coercitiva ya alineada. El poder no se ejerce solo desde el despacho presidencial, sino desde nodos técnicos, reguladores, contractuales y policiales.
En ese punto se decide la transición.
La transición administrada funciona con un principio reconocible: bajar la visibilidad sin perder capacidad. Sustituir encarcelamientos prolongados por medidas cautelares abiertas. Trasladar detenidos a domicilios vigilados. Permitir salidas parciales sin cerrar expedientes. Autorizar retornos selectivos sin desmontar los controles migratorios ni judiciales. El castigo se vuelve menos visible, no menos eficaz.
El caso de Rafael Tudares expone ese mecanismo en funcionamiento. Detenido durante meses, su situación entró en la agenda diplomática después de que su esposa denunciara en un documento público que emisarios del régimen plantearon, ante testigos en el Episcopado y en varias embajadas, un intercambio político: la renuncia de Edmundo González a sus derechos ciudadanos a cambio de la liberación del esposo. La denuncia introdujo observadores externos, elevó el costo diplomático y forzó una respuesta estatal que no surgió de tribunales independientes sino de cálculo político. En la madrugada del 22 de enero, Tudares salió de prisión.
No quedó en libertad.
Pasó a casa por cárcel. Sin movilidad, bajo vigilancia, sin posibilidad de declarar y con la causa judicial intacta. Cambió la forma de la detención, no su función política. El mensaje fue inequívoco: el Estado concede lo mínimo para enfriar la presión y conserva la herramienta para reactivarla cuando la atención internacional disminuya.
El mecanismo no es circunstancial. Define una modalidad de transición controlada que intercambia visibilidad por obediencia. Se cede sin renunciar al instrumento. Se reduce el ruido sin desmontar la maquinaria. La coerción se vuelve menos aparatosa, no menos estructural.
El episodio muestra que la presión solo funciona cuando se sostiene y se acumula. Una excarcelación parcial no es un desenlace: es una medición de costos. El poder calibra cuánto debe ceder para preservar el resto del aparato.
Rodríguez gobierna dentro de ese equilibrio inestable. Concentra palancas internas y depende de reconocimiento externo, flujo financiero e inversión. Administra tribunales y requiere legitimidad. Maneja cuerpos de seguridad y necesita oxígeno económico. Esa tensión convierte cada negociación en un pulso sobre estructuras, no sobre gestos.
El andamiaje que Rodríguez administra no es autosuficiente. Puede controlar territorio y burocracia, pero depende de circuitos externos para operar: banca corresponsal, aseguradoras marítimas, licencias regulatorias para exportar crudo, mercados financieros, tribunales extranjeros que mantienen activos congelados, organismos multilaterales que condicionan asistencia y gobiernos que deciden reconocimiento político. Esos canales no son abstracciones: son contratos, pólizas, transferencias, fallos judiciales, líneas de crédito.
El petróleo concentra esa dependencia. Cada cargamento exige navieras dispuestas a asumir riesgo regulatorio, aseguradoras que cubran operaciones y bancos capaces de procesar pagos sin exponerse a sanciones secundarias. La minería aurífera responde a la misma lógica: el oro no se monetiza sin certificaciones, mercados y controles de cumplimiento. Cuando esos canales se estrechan, la caja fiscal se reduce. Cuando se abren sin contrapartidas, la presión se diluye.
La legitimidad jurídica exterior es otro cuello de botella. Una presidencia interina cuestionada negocia, pero no cierra litigios; promete estabilidad, pero no elimina el riesgo país; dialoga con acreedores, pero no desbloquea activos. Ningún fondo relevante desembolsa sin reformas institucionales visibles. Ningún banco de primer nivel procesa operaciones sin garantías judiciales mínimas. Ninguna corte extranjera archiva causas mientras los mismos operadores conserven control sobre jueces y fiscales.
Incluso los aliados estratégicos imponen límites. China y Rusia no sostienen gobiernos por afinidad política sino por interés económico: recuperar capital, blindar proyectos, cobrar deudas. Para eso requieren reglas previsibles y tribunales funcionales. Una transición que conserva arbitrariedad judicial multiplica el riesgo y encarece cualquier operación. Esa fricción también presiona.
El aparato represivo completa la ecuación. Cada detención arbitraria documentada se convierte en informe. Cada informe en expediente. Cada expediente en restricción financiera o migratoria para mandos civiles y militares. El control interno genera costos externos.
Aquí entra la condicionalidad.
La transición no se decide en comunicados sino en instrumentos. Una excarcelación aislada no desmonta el sistema de detenciones selectivas. Un anuncio electoral no altera nada si el tribunal que inhabilita candidatos sigue intacto. Una apertura económica no cambia la estructura si los contratos permanecen blindados por secreto. El punto no es acumular concesiones: es obligar a perder herramientas.
Cada alivio externo tiene que ir acompañado de una mutilación verificable del aparato interno. Licencias energéticas atadas a auditorías completas. Acceso bancario vinculado a reformas judiciales y archivo de causas políticas. Reconocimiento diplomático condicionado a recomposición institucional certificable. Asistencia multilateral sujeta a transparencia fiscal y control parlamentario efectivo. Un paso abre el siguiente. Un retroceso congela el anterior.
La presión no proviene de un solo frente. Estados Unidos y la Unión Europea operan sobre nodos financieros decisivos. Gobiernos latinoamericanos influyen en el reconocimiento regional. Organismos multilaterales administran créditos indispensables. China y Rusia pesan en renegociaciones de deuda y proyectos estratégicos. La sociedad civil y la diáspora sostienen el frente judicial con documentación persistente que mantiene abiertos expedientes fuera del país.
Nada de eso funciona aislado. Funciona cuando converge.
La ciudadanía vuelve a ser central, no como choque frontal sino como producción sistemática de costos: sindicatos que documentan despidos políticos, universidades que registran persecuciones, iglesias que certifican detenciones, gremios empresariales que exigen seguridad jurídica con cifras, ONG que consolidan expedientes, exiliados que los trasladan a parlamentos y cortes extranjeras.
La acumulación documental convierte una detención en pasivo diplomático, una orden judicial en obstáculo financiero, un contrato opaco en problema para socios extranjeros, una cadena de mando en riesgo jurídico personal.
Cada nombre pesa más que una consigna.
Cada contrato publicado.
Cada juez identificado.
Cada general citado.
Rodríguez gobierna atrapada en esa red de dependencias cruzadas. Puede controlar ministerios y fuerzas de seguridad, pero no controla los mercados financieros globales, ni las cortes extranjeras, ni los multilaterales, ni los seguros que cubren cargamentos, ni los parlamentos que revisan sanciones. Gobierna en un campo de fricción permanente entre control interno y dependencia externa.
En ese terreno se define la correlación real de fuerzas.
Una transición que no ataque tales puntos permite que el poder chavista se reacomode sin perder su núcleo. Cambian los interlocutores, no los mecanismos. Se sustituye la retórica, no las herramientas. Se rebaja la visibilidad de la coerción, no su capacidad.
El interinato de Rodríguez se juega en ese punto. Puede optar por administrar la herencia del chavismo con otro lenguaje o por aceptar pérdidas reales de control que hagan irreversible el proceso. La diferencia no es semántica. Es institucional.
Mientras los servicios de inteligencia conserven atribuciones políticas, la detención seguirá siendo un instrumento negociable. Mientras los jueces dependan de instrucciones informales, los expedientes seguirán abiertos como amenaza latente. Mientras los contratos petroleros y mineros permanezcan protegidos por confidencialidad, la apertura económica será selectiva y reversible. Mientras los fondos extrapresupuestarios no entren al presupuesto formal, el Estado seguirá operando con zonas opacas. Mientras el árbitro electoral no se recomponga con procedimientos verificables, cualquier cronograma seguirá siendo gestionable.
La intervención militar que precipitó la caída de Maduro abrió un ciclo excepcional. No garantizó su desenlace. La captura del vértice no desmontó la maquinaria: la dejó sin jefe, no sin engranajes.
El caso Tudares mostró que la presión produce movimientos cuando se documenta y se sostiene. También mostró el límite de esos movimientos cuando se aceptan como cierre: concesiones parciales, libertad condicionada, expedientes intactos.
El mecanismo puede consolidarse como norma o quebrarse mediante presión sostenida. Dependerá de si los actores externos convierten cada alivio en pérdida irreversible de poder interno y de si la ciudadanía mantiene la producción sistemática de costos políticos, jurídicos y financieros.
Sin ese pulso sostenido, la transición no se estanca. Se administra.
Y lo que administra no es el autoritarismo. Es la supervivencia del sistema con otro administrador.
