By En 2021 las instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos, mantuvieron su mirada sobre Venezuela. La gravedad de las violaciones, les han obligado a afianzar el monitoreo e investigación. No obstante, durante 2021 continuaron los abusos.
Entre enero y diciembre del año pasado, Provea registró 241 denuncias de torturas, un aumento de 148,4% respecto al número de víctimas reportadas en 2020. La segunda cifra más alta registrada en los últimos 33 años.
En 60,9% de las denuncias de torturas recogidas en el Informe Anual de Provea, las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación.
Igualmente, en 44,3% del total de casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes registrados en 2021 los afectados denunciaron haber sido expuestos a desnudez colectiva como mecanismo de intimidación, mientras que otros dijeron haber recibido amenazas de violación por parte de los agentes de la fuerza pública.
El aumento de las técnicas de abuso basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación.
CICPC encabeza abusos
El CICPC, fue señalado como responsable en 155 casos de tortura –con igual número de víctimas– para alcanzar 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.
En 2019 –cuando se produjo el mayor número de víctimas de torturas registrado por PROVEA desde 1988– el CICPC fue señalado como responsable de torturar a 259 personas; es decir, 45% del total de víctimas registradas ese año.
El CICPC también encabezó el listado de denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes con 216 víctimas (44,17%), 200 de ellas personas privadas de libertad en la sede del organismo ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda. Estas personas habrían sido sometidas a fuertes golpizas y obligadas a desnudarse, luego que realizaran una protesta reclamando alimentos.
El Hatillo y Boleíta: epicentros de la tortura
En Miranda se registró la mayor cantidad de víctimas de torturas, concentradas en su mayoría en la sede de la División Nacional contra la Extorsión y el Secuestro del CICPC, ubicada en El Hatillo, y en la sede principal de la DGCIM, en Boleíta.
En estos dos recintos –el primero de carácter policial civil y el segundo, militar– se han denunciado al menos 441 casos de tortura entre enero de 2018 y diciembre de 2021, un alarmante 43,19% del total de casos registrados a nivel nacional durante ese período
