By El ex presidente de la Comisión para la Reforma del Estado afirma que el chavismo saqueó recursos públicos, persiguió a opositores, capturó el aparato estatal y destruyó la meritocracia en tribunales, empresas públicas y órganos de control. El Estado no necesita una reforma sino su reconstrucción.
Emilio Figueredo / Director de Analítica
A finales de los años ochenta, Venezuela intentó una de las reformas institucionales más ambiciosas de su historia democrática. Carlos Blanco —exministro, escritor y presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez— fue uno de los arquitectos intelectuales de aquel proceso. Tres décadas después, conversa sobre lo que se intentó entonces, lo que quedó inconcluso y lo que, a su juicio, enfrenta hoy el país.
—Cuando uno mira el Estado venezolano actual, prácticamente colapsado, es inevitable volver a los intentos de reforma de finales de los ochenta. ¿Con qué diagnóstico trabajaron ustedes?
—En los años ochenta se llegó a la conclusión de que el Estado rentista no estaba funcionando. No se trataba de que el petróleo se fuera a acabar, sino de que había que pasar de una Venezuela que distribuía renta petrolera a una Venezuela productiva, con una base fiscal diversificada. Eso implicaba redefinir el papel del Estado: no hacerlo más pequeño, sino más eficiente y capaz de cumplir sus funciones esenciales en educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia, dejando la producción en manos del sector privado.
También se planteó la reforma de los partidos políticos, la descentralización, el fortalecimiento del sistema judicial y una administración pública profesional que no cambiara cada vez que se sustituía un ministro.
Quién es Carlos Blanco
Carlos Blanco es un político y ensayista venezolano que tuvo un papel central en los intentos de reforma institucional impulsados a finales de los años ochenta durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) y ministro encargado de ese proceso, desde donde promovió la descentralización política, la modernización administrativa y la profesionalización del aparato público en un momento en que amplios sectores advertían sobre el agotamiento del modelo rentista.
Tras abandonar la gestión pública, se ha dedicado a la reflexión académica y al debate político sobre la crisis venezolana y los escenarios de reconstrucción institucional. En los últimos años se ha alineado con la oposición al chavismo y ha respaldado a figuras como María Corina Machado, desde una posición que combina memoria histórica de la etapa democrática previa y propuestas para una eventual transición.
—¿Cómo se estructuró ese proceso?
—La COPRE se creó en 1984, durante el gobierno de Jaime Lusinchi, presidida por Ramón J. Velásquez y con un equipo plural desde el punto de vista ideológico. Allí estaban Moisés Naím, Gustavo Tarre, Luis Enrique Oberto, Arnoldo Gabaldón, Tomás Carrillo Batalla, entre muchos otros. Inicialmente el Ejecutivo apoyó el trabajo, pero cuando propusimos la reforma del financiamiento partidista y la elección directa de gobernadores y alcaldes, surgió una ruptura. Aun sin respaldo presidencial, seguimos adelante recorriendo el país, consultando a la sociedad y elaborando lo que llamamos el Proyecto de Reforma Integral del Estado.
—¿Qué cambió con la llegada de Carlos Andrés Pérez?
—Pérez había hecho de la reforma una bandera política. Cuando asumió en febrero de 1989, en menos de un año ya se celebraron las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes. Hasta entonces el presidente los designaba a dedo. Ese cambio produjo algo muy saludable: Acción Democrática dejó de controlar todas las gobernaciones; emergieron liderazgos de COPEI, del MAS, de La Causa R. Se generó competencia entre estados y municipios para atraer inversiones, mejorar servicios, administrar puertos, carreteras, recolección de basura. De allí surgieron figuras que luego aspiraron a la Presidencia.
—¿Por qué hubo tanta resistencia dentro del sistema político?
—Porque los partidos eran el único canal de ascenso político. Con la descentralización aparecieron nuevas rutas de liderazgo desde alcaldías y gobernaciones. Eso erosionaba a las cúpulas nacionales. Además propusimos reformar los propios partidos y su financiamiento. Eso generó temores. Aunque la opinión pública apoyaba los cambios y los medios los respaldaron, muchos aparatos partidistas arrastraron los pies.
—¿Las reformas económicas y políticas debían ir juntas?
—Nosotros pensábamos que sí. Sin Estado de derecho no hay inversión; sin libertad económica no hay libertad política duradera. El programa de apertura obligó al empresariado a competir, algo a lo que no estaba acostumbrado. Algunos se adaptaron; otros no. Eso generó tensiones. Al mismo tiempo, los partidos veían moverse la base de su poder. Fue una tormenta perfecta. Aun así, en 1990-1992 hubo recuperación económica. Pero luego vinieron la destitución de Pérez, el gobierno de Caldera y una reversión de muchas políticas.
—Mirándolo en retrospectiva, ¿qué se logró y qué quedó inconcluso?
—La descentralización fue la reforma más profunda. También avanzamos en simplificar trámites administrativos, profesionalizar la gerencia pública, modernizar el sistema judicial, fomentar la participación ciudadana y rediseñar políticas públicas en educación, salud y cultura. Pero muchas reformas quedaron a medio camino. Y luego vino el ciclo político que conocemos.
—Hoy usted sostiene que ya no se trata de reformar el Estado.
—Exacto. Hoy no hablamos de un Estado ineficiente, sino de uno prácticamente inexistente en términos institucionales. La Asamblea Nacional no legisla ni controla; la Fuerza Armada perdió valores básicos; el Banco Central dejó de ser autónomo; PDVSA está destruida. Eso implica reconstruir instituciones desde cero: poder judicial, órganos electorales, administración pública, descentralización territorial.
—¿Qué debería ser prioritario en una transición?
—Abrir espacio para la política decente: reconstruir partidos, permitir la participación de la sociedad civil, tener un Consejo Nacional Electoral creíble, reconstituir el Parlamento. En lo económico, reorganizar el sector petrolero con reglas claras, atraer inversión privada, separar funciones del Estado y de las empresas, retomar la descentralización para distribuir poder y crear balances horizontales y verticales.
—Usted insiste en una dimensión ética.
—Sin duda. Venezuela necesita una revolución moral y cívica. La corrupción se volvió estructural. Pero también hay una juventud que, pese a haber crecido bajo represión, lucha por la libertad. Ahí hay una reserva democrática enorme.
—Para cerrar: ¿es optimista?
—Creo que estamos en un momento crítico. El destino no está escrito. Si no construimos lo que queremos, otros lo harán por nosotros. La reconstrucción va a requerir recursos internacionales, sí, pero sobre todo ciudadanos comprometidos entre sí. Solidaridad, cooperación, instituciones fuertes. Ese es el camino.
