By Oficiales y marinos enfrentan un dilema existencial: morir protegiendo naves sancionadas frente a la fuerza militar más poderosa del mundo o pasar veinte años en la cárcel como establece la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio
Anónimo
El silencio en los muelles de Puerto Cabello y La Guaira no es de paz; es un silencio cargado de una tensión eléctrica a punto de estallar. Comenzó como un rumor en los pasillos y camarotes de la Armada Nacional Bolivariana, pero se ha transformado en una crisis institucional. La promulgación de la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio, que impulsó el psiquiatra Jorge Rodríguez, es percibida en los cuarteles como una sentencia de muerte para los marinos venezolano. Enfrentan el dilema más cruel de su historia: obedecer y morir en el mar, o disentir y pudrirse en la cárcel.
¿Protección o sacrificio?
El régimen presenta la ley como un “acto de dignidad” frente a las sanciones internacionales. Sin embargo, la realidad es mucho más oscura. La orden que emana de Miraflores y el Capitolio Federal Legislativo es que los militares deben abordar, escoltar y defender militarmente buques petroleros que navegan en aguas bajo vigilancia internacional.
Pero, la realidad logística de la Marina de Guerra es desgarradora: equipos obsoletos, sistemas de radar con fallas, unidades de superficie con motores a media vida y una capacidad de respuesta limitada frente a las tecnologías de quinta o sexta generación.
La mayor parte de la flota naval sufre las consecuencias de años de desinversión y de ausencia de mantenimiento. Haber estado fuera del presupuesto, como la educación y la salud, convierte cualquier despliegue en una misión de altísimo riesgo técnico antes del primer disparo.
- El costo humano del deber. La nueva normativa que aparenta combatir “amenazas externas” parece diseñada para aterrorizar a la propia tropa. Al establecer penas de hasta 20 años de prisión por “facilitar actos de piratería o bloqueos”, la dictadura ha implantado una trampa jurídica perfecta.
- Estrategia de la “carne de cañón”. A los oficiales les ordenan que intercepten buques o que desafíen patrullajes de coaliciones internacionales en el Caribe. No es una batalla con iguales, sino una misión suicida. La disparidad de fuerzas es tan grande que cualquier incidente podría terminar en una tragedia naval. Los marinos venezolanos pagarán el peor precio.
- La traición como etiqueta. Si un capitán de fragata, en uso de su juicio profesional y sentido común, decide que una orden pone en peligro innecesario a su tripulación sin un objetivo militar claro, puede ser acusado de traición y parar dos décadas de cárcel por no querer ser un mártir de una causa que los venezolanos no sienten como propia.
- La ola renuncias y desmoralización. El descontento no se puede ocultar bajo el barniz de la disciplina militar. Fuentes internas reportan los rumores han escalado a una ola de dimisiones y solicitudes de baja.
Oficiales con décadas de formación, mentes brillantes de la ingeniería naval y tácticos experimentados prefieren el retiro o el exilio antes que cumplir un ultimátum ajeno a la defensa real de la soberanía.
“No es miedo a combatir. El soldado venezolano es valiente por naturaleza. Lo que hay es un rechazo visceral a morir protegiendo cargamentos de petróleo cuyos beneficios nadie ve, mientras nuestras propias familias pasan hambre. No queremos morir por un sistema que nos ha abandonado”.
La base militar observa críticamente cómo la cúpula política vive en la opulencia y a espaldas de la población, mientras ellos deben decidir arriesgar la vida por un buque sancionado o enfrentar la cárcel por “insubordinación”.
La lealtad, un muro que se desmorona
El régimen ha optado por la coerción en lugar de la convicción. Al endurecer las penas y utilizar el Código de Justicia Militar como mazo ejecutor, ha profundizado la fractura. La Armada, un componente de élite, técnico y académico, se percibe acorralada. Está siendo utilizada en una ruleta rusa geopolítica.
Mientras el alto mando político celebra y ordena a otros que se inmolen, el marinero raso y el oficial de guardia observan el horizonte con la incertidumbre de no saber si regresarán a puerto.
Un ejército que sirve por miedo no puede sostener el fusil. La lealtad no se legisla con amenazas de 20 años de prisión; la lealtad se cultiva con respeto, condiciones dignas y causas justas, todas ausentes en la nueva orden de abordaje.
Aguas turbulentas
La Armada Bolivariana navega hoy por las aguas más peligrosas de su historia moderna. Su enemigo no está en el radar exterior. El conflicto es interno, moral y existencial.
El descontento ha llegado a un punto de no retorno y la amenaza de cárcel podría ser el catalizador de una desobediencia generalizada que el régimen no podrá controlar con decretos.
