By El Instituto Casla denunció que 200 presos politicos fueron encerrados en zona de torturas blancas en la cárcel de Tocuyito. Todos deben pasar entre 40 y 50 días, con luces muy potentes encendidas las 24 horas, Para el almuerzo, le traen la comida en baldes de plástico y los presos deben tomar lo que pueden con las manos.
A un sótano del Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador Tocuyito o penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, fueron traslados 200 presos político. El sitio se le denomina el cajón y la celda más grande más grande mide poco menos de 50 metros cuadrados. Todos los presos políticos deben pasar entre 40 o 50 días
El Instituto Casla denunció que los alimentos se los suministran en baldes de plástico y los presos políticos deben tomar lo que pueden con las manos. Los recluidos en esos calabozos se encuentran totalmente desorientados, desconocen que día viven y la hora que transcurre. Carecen de luz solar y de ventilación natural. A los presos políticos, como en la Alemania nazi y el estalinismos soviético los procesados reciben instrucción militar y deben corear consignas a favor de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Los presos políticos son recibidos en el el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador con golpes, puños, palos y patadas que denominan ‘combos de recibimiento’. Luego los acuestan en el suelo y les caminan por encima de la cabeza y cuerpo, y los dejan por varias horas expuestos al sol, sin agua ni alimentos y al final de la noche los llevan a ‘El Cajón’. Son constantemente amenazados, maltratados, vejados y conviven con presos comunes.
Los políticos privados de libertad reciben muy escasa alimentación. De desayuno, una arepa con sardinas en estado de descomposición o dos rodajas de mortadela de desayuno. El almuerzo lo componen espaguetis blancos sin sal o arroz blanco sin sal, con lonchas de mortadela en agua o sardinas mezclada como si fuera una sopa.
Muchos de los detenidos cuadros de anemia, desnutrición y pérdida significativa de peso. La comida en estado de descomposición les provoca infecciones gastrointestinales. Además, padecen trastornos cutáneos por las pésimas condiciones higiénicas y también enfermedades transmisibles.
Cuando reciben medicamentos, suelen estar vencidos. No hay acceso a analgésicos, antiinflamatorios ni antibióticos. Varios presos políticos padecen afecciones dentales, infecciones graves en la piel, sarna, viruela del mono e hipertensión.
Solicita a la comunidad internacional hacerse eco de esta denuncia y que los gobiernos que siguen apoyando la estructura criminal que encabeza Nicolás Maduro no cierren los ojos ante la crueldad y vileza con la que trata a los adversarios políticos, así como a ciudadanos que simplemente sueñan con una Venezuela libre y democrática. Muchos están presos por enviar un mensaje de WhatsApp, publicar en redes sociales, expresar su descontento o ejercer su derecho a la protesta.
El Instituto exige que se publique la lista de los presos politicos que se encuentran en dicho lugar y que se les procesa por delitos políticos y terrorismo sin evidencias ni flagrancia.
Amenazan con ejecutar a los presos políticos
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció el 24 de diciembre, a las 14:00 horas (GMT), la existencia de amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, un complejo penitenciario bajo control del Estado venezolano. De confirmarse, los hechos configurarían crímenes de lesa humanidad y un riesgo inmediato para la vida de personas privadas de libertad y bajo custodia estatal.
Las amenazas provienen de funcionarios de los órganos represivos del régimen y estarían dirigidas contra detenidos considerados presos políticos. No se trataría de intimidaciones aisladas, sino de acciones reiteradas, explícitas y dirigidas a personas indefensas, privadas de libertad y sin posibilidad alguna de protección o defensa.
En términos jurídicos, el señalamiento es preciso: el Estado sería responsable directo de cualquier daño físico y psicológico que se produzca como consecuencia de estas amenazas.
Custodia estatal y responsabilidad internacional
El derecho internacional es inequívoco. Toda persona privada de libertad se encuentra bajo responsabilidad absoluta del Estado custodio. Amenazas de muerte, advertencias de ejecución extrajudicial o violencia psicológica grave contra detenidos no constituyen abusos administrativos: son violaciones graves de derechos humanos y, cuando forman parte de una práctica sistemática o generalizada, crímenes de lesa humanidad, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado desde 2020 patrones consistentes de este tipo de conductas. En su informe fundacional, la Misión afirmó que existen
“motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas y fuerzas de seguridad han cometido violaciones graves de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como parte de un patrón sistemático dirigido contra opositores reales o percibidos”.
(Informe A/HRC/45/33, septiembre de 2020)
En su actualización de 2022, la Misión fue explícita respecto a la responsabilidad estatal sobre las personas detenidas:
“Las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y el Estado es responsable de garantizar su vida e integridad personal. La falta de protección efectiva puede constituir una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos”.
(ONU, A/HRC/51/43, septiembre de 2022)
Las amenazas denunciadas por Machado se inscriben de manera directa en este marco: se trata de personas totalmente bajo custodia estatal, frente a las cuales el Estado tiene obligaciones positivas inmediatas de protección.
El Rodeo y el sistema penitenciario como espacio de riesgo
El complejo penitenciario de El Rodeo ha sido señalado reiteradamente por organizaciones de derechos humanos por condiciones de reclusión degradantes, incomunicación prolongada, restricciones al acceso a la defensa y ausencia de supervisión independiente. En el caso de presos políticos, el sistema penitenciario venezolano ha operado como una zona de opacidad institucional, donde el aislamiento, la intimidación y la amenaza forman parte de un régimen de castigo político.
La denuncia introduce un elemento de extrema gravedad: la amenaza explícita de ejecución extrajudicial como método de intimidación, lo que eleva el riesgo de daño irreparable y activa de forma inmediata las obligaciones de prevención tanto del Estado venezolano como de la comunidad internacional.
La CPI y el umbral penal internacional
La situación denunciada adquiere mayor relevancia en el contexto de la investigación abierta por la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. En noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI anunció la apertura formal del Caso Venezuela I, al concluir que
“existen fundamentos razonables para creer que, en Venezuela, se han cometido crímenes de lesa humanidad, incluidos encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura y persecución por motivos políticos”.
(Fiscalía de la CPI, declaración del 3 de noviembre de 2021).
El Estatuto de Roma establece que un crimen de lesa humanidad se configura cuando los actos forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque. Amenazas reiteradas de ejecución extrajudicial contra presos políticos, emitidas por agentes estatales y enmarcadas en un patrón de persecución, cumplen ese umbral jurídico.
Obligaciones de la comunidad internacional
Ante una advertencia de este tipo, el derecho internacional no admite neutralidad pasiva. La amenaza creíble contra la vida de personas detenidas activa el deber de prevenir violaciones irreparables, incluyendo la exigencia de protección inmediata, acceso a observadores independientes y mecanismos efectivos de verificación.
Las demandas formuladas por Machado —protección inmediata de los presos políticos, monitoreo internacional y presión diplomática urgente— se corresponden con los estándares previstos por el sistema internacional de derechos humanos. La omisión frente a un riesgo conocido puede generar responsabilidad internacional por falta de diligencia debida.
Desde el punto de vista jurídico, el escenario es inequívoco. Cuando un Estado, a través de sus agentes, amenaza de muerte a personas bajo su custodia, se configura una situación de riesgo penal internacional inmediato. Si tales amenazas persisten sin medidas efectivas de protección —o si llegan a materializarse— la responsabilidad del Estado venezolano y de su cadena de mando quedará comprometida por acción y por omisión, conforme al derecho penal internacional.
En los términos empleados por las resoluciones del sistema internacional, la comunidad internacional ha sido formalmente puesta en conocimiento del riesgo. A partir de ese momento, cualquier daño contra los detenidos dejaría de ser un hecho imprevisible para convertirse, jurídicamente, en un crimen anunciado cuya consumación era razonablemente evitable.
Humillaciones sistemáticas a familiares
Los familiares no solo enfrentan las barreras físicas y administrativas en todos los centros en que son recluidos los presos políticos, sino también un trato humillante y vejatorio. “A ellos no les basta con tener a nuestros familiares incomunicados, algunos sin visita o tan siquiera una llamada, sino que también, al momento de llevar los alimentos, nos sentimos humilladas y vejadas”, expresan los familiares de los presos políticos.
De igual forma, se han documentado prácticas invasivas como el llenado obligatorio de planillas con datos personales, la toma de fotografías de las cédulas de identidad, y desde hace poco la captura de imágenes corporales completas junto con los alimentos y ropa que entregan. A la salida, deben ser fotografiados nuevamente con los envases vacíos y prendas sucias que reciben de regreso.
“Somos reseñados como unos delincuentes. Nosotros simplemente queremos entregar los alimentos, medicamentos en paz, queremos visitas de forma regular, queremos saber cómo están, esto también es una tortura para nosotros, ya basta de tanto sufrimiento”, expresan.
