By La defensa de Cilia Flores presentó esta semana ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York una solicitud para que se le permita esperar el juicio en régimen de arresto domiciliario. La razón central es de salud: problemas cardíacos que, según sus abogados, se han agravado durante los meses de reclusión en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y que requerirían un entorno de recuperación que la cárcel no ofrece, según informó Infobae.
Flores, de 69 años, permanece detenida desde el 3 de enero de 2026, cuando fue capturada junto a Nicolás Maduro durante la operación militar estadounidense en Caracas. El juicio está previsto para junio de 2027, de acuerdo con lo reportado por El Nacional.
En el escrito, los abogados Mark E. Donnelly y Andrés Sánchez describen episodios de opresión en el pecho, arritmias, taquicardia, dificultad para respirar, mareos y una pérdida de más de once kilos desde su detención. Mencionan antecedentes de valvulopatía reumática y asma, y aseguran que podría necesitar un cateterismo cardíaco o una cirugía invasiva. Argumentan que el centro de detención, pese a los esfuerzos del personal, no reúne las condiciones adecuadas para su recuperación, como detalla CNN en Español.
La propuesta no es una libertad simple. Ofrecen un paquete de condiciones extremadamente restrictivas: residencia privada dentro del distrito judicial de Nueva York, vigilancia armada las 24 horas a cargo de una empresa de seguridad privada, monitoreo por GPS, entrega de pasaporte y documentos de viaje, visitas controladas, llamadas intervenidas y un tutor externo aprobado por el tribunal. Los costos, aseguran, serían asumidos por la propia imputada. La Fiscalía se opuso a la medida, según consigna El País.
Quién es Cilia Flores y de qué se le acusa
Cilia Adela Flores de Maduro nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes. Abogada de profesión, desarrolló una larga carrera política dentro del chavismo. Fue diputada a la Asamblea Nacional en varias legislaturas, presidió el Parlamento entre 2006 y 2011, y se desempeñó como procuradora general de la República. Tras la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia, en 2013, asumió el rol protocolar de primera dama, aunque mantuvo una influencia política relevante. Durante años fue señalada por la oposición y por investigaciones periodísticas por prácticas de nepotismo y por el caso de los llamados “narcosobrinos”: dos sobrinos suyos fueron condenados en Estados Unidos en 2016 a 18 años de prisión por intentar traficar cocaína, datos recogidos en su perfil de Wikipedia.
En el proceso que actualmente enfrenta en Nueva York, Cilia Flores está imputada junto a Maduro por varios delitos federales graves. Los cargos principales incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con la posesión y el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos. Ambos se declararon no culpables en su primera comparecencia ante el juez Alvin K. Hellerstein, según reportes de la época.
El marco legal en Estados Unidos
La solicitud se enmarca en la Bail Reform Act de 1984 (18 U.S.C. § 3142), la norma que regula la libertad provisional previa al juicio en el sistema federal estadounidense.
Según esta ley, el juez debe imponer las condiciones menos restrictivas posibles que garanticen dos objetivos: que el acusado comparezca al juicio y que no represente un peligro para la comunidad. Solo puede ordenar prisión preventiva si determina que ninguna condición o combinación de condiciones logra esos fines.
En delitos graves como el narcoterrorismo o el tráfico de drogas a gran escala existe una presunción a favor de la detención. Sin embargo, la defensa puede rebatirla. Entre los factores que el juez debe considerar está expresamente la “condición física y mental” del acusado. Además, el apartado § 3142(i) permite la liberación temporal por “razones convincentes”, entre las que los tribunales han incluido problemas médicos graves que no pueden atenderse adecuadamente en prisión.
La estrategia de la defensa consiste precisamente en eso: presentar un cuadro médico documentado y ofrecer un régimen de vigilancia tan estricto que, según argumentan, neutraliza el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad.
El juez Alvin K. Hellerstein deberá decidir ahora si las condiciones ofrecidas son suficientes para garantizar la comparecencia de Flores y la seguridad pública, o si mantiene la prisión preventiva. La resolución será observada con atención tanto en Estados Unidos como en Venezuela.
