By El sistema judicial venezolano notificó formalmente la libertad plena y el cierre definitivo del caso penal en contra de la exjueza María Lourdes Afiuni Mora, según informaron sus familiares este viernes 7 de agosto de 2026. La medida concluye de forma definitiva un calvario de más de 16 años de detención arbitraria, restricciones severas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que comenzaron bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez.
De acuerdo con las declaraciones de su hermano, Nelson Afiuni, a través de redes sociales, un funcionario judicial acudió en la tarde a entregar la boleta de notificación legal directamente a su padre. Al momento del anuncio, la abogada se encontraba ingresada en un centro clínico privado en compañía de su madre debido a una grave recaída de salud.
El origen de la persecución: Cumplir la ley como delito
La pesadilla institucional de Afiuni inició el 10 de diciembre de 2009. En su rol como titular del Tribunal 31° de Control de Caracas, dictó una medida cautelar de libertad condicional a favor del empresario Eligio Cedeño. Cedeño sumaba casi tres años de prisión preventiva sin juicio, excediendo el límite legal permitido por el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela.
Al emitir su dictamen, la jueza actuó bajo estricto cumplimiento de una recomendación formal del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. La respuesta estatal fue inmediata. Pocos minutos después del fallo, agentes de los servicios de inteligencia irrumpieron violentamente en su despacho para detenerla sin una orden judicial previa.
Un día después de su captura, el presidente Hugo Chávez arremetió contra la magistrada en cadena nacional de televisión, calificándola de “bandida” y exigiendo públicamente a los poderes públicos la pena máxima de 30 años de prisión. Este acto dio origen al término “Efecto Afiuni”, acuñado por juristas internacionales para describir el clima de terror generalizado que forzó a los jueces venezolanos a subordinar sus sentencias a los intereses políticos del Poder Ejecutivo para evitar el mismo destino.
Un calvario de tortura y la invención de la “corrupción espiritual”
Afiuni fue trasladada inicialmente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una cárcel de máxima seguridad donde fue confinada junto a reclusas que ella misma había sentenciado. Durante sus 14 meses en dicho penal, sufrió brutales agresiones físicas, psicológicas y violencia sexual, anomalías denunciadas formalmente por relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El ensañamiento derivó en la pérdida de su útero y en múltiples complicaciones médicas crónicas debido a la falta de atención especializada oportuna.
En febrero de 2011, tras ser sometida a cirugías de emergencia, se le otorgó el arresto domiciliario. Dos años después, en 2013, obtuvo una libertad condicional sujeta a estrictas medidas de presentación.
A pesar de que las investigaciones fiscales jamás pudieron demostrar la recepción de dinero o prebendas económicas por parte de la jueza, el Tribunal de Caracas la condenó en marzo de 2019 a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”. Organizaciones internacionales de juristas como la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) denunciaron que este cargo no existe dentro de la legislación penal venezolana y representaba un absoluto absurdo jurídico diseñado para sostener la persecución.
Un limbo de restricciones y exclusión de la amnistía
Aunque la condena ficticia de cinco años expiró legalmente, el tribunal encargado mantuvo vigentes medidas cautelares prohibitivas extremas. La abogada vivió años sin acceso a cuentas bancarias, inhabilitada para ejercer el derecho, vetada para votar en procesos electorales y con una estricta prohibición de salida del país que le impidió reencontrarse con su hija en el extranjero.
Durante el presente año, las fuerzas políticas venezolanas avanzaron en mesas de negociación que resultaron en la aprobación de leyes de amnistía para presos políticos bajo la gestión del gobierno venezolano. No obstante, la defensa técnica denunció de forma reiterada ante los medios que Afiuni fue deliberadamente excluida de estos beneficios procesales. En su lugar, el tribunal de la causa ordenó nuevas evaluaciones psicológicas periódicas con el fin de prolongar las medidas restrictivas.
El desenlace: Deterioro oncológico y un cierre tardío
La concesión de la libertad plena se produce pocas horas después de que la familia emitiera un llamado de auxilio internacional debido al estado crítico de salud de la jurista. Según los reportes médicos más recientes difundidos por su entorno familiar y reseñados por Noticias Venevisión, a la exjueza le diagnosticaron tres lesiones tumorales de carácter urgente que agravaron sus antecedentes oncológicos previos de carcinoma adenoide quístico.
El senador estadounidense Rick Scott, entre otras figuras políticas del hemisferio, se había sumado a las presiones internacionales exigiendo el cese inmediato de este juicio extemporáneo.
El equipo legal de la familia Afiuni, encabezado por la abogada Thelma Fernández, difundió un comunicado donde manifestaron su profunda satisfacción por el restablecimiento total de sus derechos ciudadanos. No obstante, la comunidad de derechos humanos internacional reitera que el daño físico e institucional infligido durante casi 17 años a la figura de María Lourdes Afiuni constituye una herida abierta e imborrable dentro de la historia del Poder Judicial en Venezuela.
