By En un nuevo escalón de control sobre el sistema de justicia, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó arbitrariamente las licencias de al menos dos mil abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia, dejándolos inhabilitados para ejercer su profesión de forma inmediata.
Los afectados descubrieron la medida en los últimos días al intentar ingresar al Sistema Electrónico de Causas Judiciales (Nicarao) o presentarse en los tribunales, donde fueron informados de que ya no figuraban como profesionales activos. Ninguno recibió notificación previa, explicación ni la oportunidad de un proceso disciplinario.
“Es una muerte civil. Te borran de un día para otro y te dejan sin herramientas para trabajar”, denunció una abogada nicaragüense en el exilio, que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.
Organizaciones opositoras y expertos en derechos humanos coinciden en que esta purga masiva busca politizar completamente el ejercicio del derecho, dejando solo a los abogados alineados con el sandinismo la posibilidad de litigar. “El mensaje es claro: los nicaragüenses ya no podrán elegir libremente a su defensor, solo a aquellos que gocen de la bendición del régimen”, señaló la jurista.
Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, condenó la medida: “Esto cierra el último canal de defensa que le quedaba al ciudadano común. Nicaragua ya ni siquiera simula tener independencia judicial”.
La acción se suma a otras estrategias represivas del binomio Ortega-Murillo, como la retirada arbitraria de nacionalidades, el exilio forzado y el desmantelamiento sistemático de cualquier espacio de disidencia o independencia profesional.
Hasta el momento, ni la Corte Suprema de Justicia ni el gobierno han emitido declaraciones oficiales sobre la masiva cancelación de licencias.
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