By En un giro legal sin precedentes, la Fiscalía del Estado de Florida anunció formalmente la presentación de cargos estatales y la emisión de una orden de captura sin derecho a fianza contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años. La medida judicial responde a su presunta responsabilidad y coautoría intelectual en el derribo de dos avionetas civiles pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996.
El anuncio formal fue liderado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien detalló que el exmandatario enfrenta el cargo específico de conspiración para cometer homicidio en primer grado. Esta acción penal fue respaldada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Circuito Judicial 11 de Florida, quien firmó la orden de arresto que prohíbe cualquier tipo de fianza debido a la gravedad y naturaleza del crimen internacional.
El trasfondo de la tragedia de 1996
Los hechos que sustentan la acusación se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate MiG de la Fuerza Aérea de Cuba interceptaron y destruyeron con misiles a dos aeronaves Cessna desarmadas que operaban en aguas internacionales. Las víctimas del ataque —Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.— formaban parte de un grupo dedicado a buscar y asistir a balseros cubanos que intentaban cruzar el Estrecho de Florida.
De acuerdo con los reportes de prensa locales, como el emitido por la cadena Local 10, este nuevo expediente estatal se enfoca en castigar de manera local un acto considerado un crimen de lesa humanidad contra residentes y ciudadanos del estado de Florida.
Estrategia legal: Un “blindaje” contra el indulto político
Este movimiento de la justicia de Florida no sustituye el proceso previo, sino que funciona de forma paralela. En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya había revelado una imputación federal formal contra Castro por asesinato y destrucción de aeronaves.
Sin embargo, las autoridades del estado de Florida explicaron que la vía estatal se activó como una estrategia de “blindaje legal”. Al procesar el caso bajo las leyes penales de Florida, el juicio y la condena quedan completamente fuera del alcance de la jurisdicción del gobierno de Washington D. C. Esto significa que los cargos no podrán ser desestimados, anulados o sujetos a un indulto presidencial por parte de ningún mandatario estadounidense en el futuro, garantizando la permanencia del reclamo judicial de las familias de las víctimas.
Impacto y alcance real de la medida
Debido a que Raúl Castro reside actualmente en La Habana y a la falta de relaciones de extradición directa entre Washington y el régimen cubano, los expertos legales coinciden en que una captura física inmediata o un juicio presencial en Miami son escenarios altamente improbables.
A pesar de esto, la orden de arresto estatal posee un peso simbólico e institucional de gran envergadura. A partir de este momento, Castro se convierte en un prófugo internacional ante los ojos del sistema penal de Florida. Cualquier intento de viaje fuera de Cuba que implique transitar por un tercer país que posea tratados de cooperación judicial con los Estados Unidos activaría de inmediato alertas que forzarían su detención. Para los familiares y las organizaciones del exilio, la medida representa un paso histórico hacia la rendición de cuentas de la cúpula militar de la isla.
