By Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos exigieron a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la derogación inmediata de la controvertida Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, conocida como “Ley Anti-ONG”, para agilizar la asistencia humanitaria a las víctimas de los devastadores terremotos del 24 de junio.
Según un reporte de Infobae, las agrupaciones señalan que esta normativa, promulgada por Nicolás Maduro en septiembre de 2024, impone trabas burocráticas y restricciones excesivas que hacen “prácticamente imposible” el registro y operación de organizaciones humanitarias, tanto nacionales como extranjeras, en un momento crítico para el país.
Los sismos, con magnitudes reportadas de 7.2 y 7.5, han dejado hasta ahora casi 3.000 muertos, miles de heridos y una destrucción masiva, especialmente en el estado costero de La Guaira y zonas cercanas a Caracas. Nueve días después de la tragedia, los rescatistas continúan trabajando entre los escombros, mientras persisten alertas por posibles brotes de enfermedades y la vulnerabilidad de las infraestructuras.
Detalles de la “Ley Anti-ONG”
La ley, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.855 Extraordinaria del 15 de noviembre de 2024, establece un régimen estricto de control estatal sobre las ONG y organizaciones sociales sin fines de lucro. Entre sus principales disposiciones destacan:
- Registro obligatorio y autorización previa: Todas las organizaciones deben inscribirse ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y obtener autorización para operar. El Estado puede denegar el registro por motivos relacionados con las fuentes de financiamiento, supuestas amenazas a la “estabilidad nacional” o actividades consideradas políticas.
- Control exhaustivo del financiamiento: Obliga a declarar detalladamente las fuentes de fondos (nacionales o extranjeras), donantes, balances contables, inventario de bienes y destino de los recursos. Las donaciones internacionales quedan bajo escrutinio especial, con el argumento oficial de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Prohibiciones y sanciones: Impide a las ONG realizar “actividades políticas”, promover “odio” o “fascismo”, o atentar contra las instituciones. Las autoridades pueden suspender o disolver las organizaciones que incumplan estos criterios, con plazos cortos para regularizar su situación (que ya vencieron para muchas entidades).
- Objetivo declarado: El texto busca “promover la transparencia” y regular las organizaciones como “actividad privada de relevancia pública”. Sin embargo, críticos la consideran un instrumento para asfixiar la disidencia y el trabajo humanitario independiente.
De acuerdo con informes de Transparencia Venezuela y otras organizaciones, esta normativa ha provocado el cierre de varias ONG y el exilio de activistas, limitando severamente la capacidad de respuesta ante emergencias como la actual crisis sísmica.
“La normativa actual hace prácticamente imposible la constitución de organizaciones en el país, y mucho menos si son extranjeras”, afirmaron defensores consultados por Infobae. Las agrupaciones piden a Rodríguez no solo facilitar la entrada inmediata de ayuda internacional, sino eliminar el marco jurídico restrictivo heredado de los gobiernos anteriores.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial de la presidencia encargada sobre esta solicitud específica, mientras continúan llegando donaciones y equipos de rescate de diversos países.
