By La intención de regreso crece entre quienes enfrentan precariedad en los países de acogida, pero empleo, seguridad e incertidumbre legal mantienen frenado cualquier regreso masivo.
Más de un tercio de los refugiados venezolanos en América Latina considera regresar a su país, pero esa intención no se traduce en una decisión inmediata. El dato, presentado este martes por ACNUR, expone una tensión acumulada: la vida en el exterior se deteriora para una parte de la diáspora, mientras las condiciones que provocaron la salida no han cambiado lo suficiente como para sostener un retorno.
El estudio, basado en 1.288 entrevistas realizadas en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala, indica que 35% de los encuestados evalúa volver. Solo 9% proyecta hacerlo en el próximo año. La diferencia entre ambas cifras delimita el problema: existe disposición, pero no condiciones.
La motivación principal para considerar el regreso es el reencuentro familiar. La separación prolongada ha fragmentado redes de apoyo y ha alterado la estructura económica de los hogares. En paralelo, aumentan las presiones en los países de acogida. La desaceleración económica, la informalidad laboral y las restricciones migratorias reducen el margen de integración. Para muchos, la permanencia dejó de ser una ruta de estabilización y pasó a ser un estado de resistencia.
Ese cambio no implica una mejora equivalente en Venezuela. Los factores que inhiben el retorno siguen siendo los mismos que impulsaron la salida. El 22% de los encuestados identifica la falta de empleo o ingresos como principal obstáculo. Otro 22% señala la inseguridad. Son variables estructurales, no coyunturales, y no muestran señales consistentes de corrección.
A estos elementos se suma un componente menos visible pero decisivo: la incertidumbre jurídica. El 60% de los encuestados afirma no contar con información fiable sobre su situación legal si regresa o si decide permanecer en el país de acogida. Esa falta de claridad afecta decisiones básicas: acceso a servicios, posibilidad de empleo formal, riesgo de perder estatus migratorio o de no poder reingresar al país receptor. En ese contexto, el retorno no es solo una decisión personal, sino un cálculo de riesgo.
La dimensión del fenómeno obliga a leer estos datos con cautela. América Latina y el Caribe albergan aproximadamente 6,9 millones de venezolanos desplazados, de los cuales cerca de 4 millones requieren asistencia humanitaria. No hay precedentes recientes en la región de un flujo migratorio de esta magnitud sostenido en el tiempo. Tampoco hay evidencia de una reversión significativa.
ACNUR insiste en que cualquier retorno debe cumplir tres condiciones: ser voluntario, seguro y digno. La formulación no es retórica. Responde a experiencias previas en las que retornos apresurados derivaron en reemigraciones o en mayor vulnerabilidad. El propio organismo ha documentado que, entre quienes ya han regresado, el 80% expresa intención de permanecer en Venezuela. Ese dato sugiere que, una vez tomada, la decisión tiende a consolidarse. Pero también implica que el umbral para dar ese paso es alto.
El entorno regional añade presión. Los países receptores han absorbido durante años el costo social y fiscal de la migración venezolana. En algunos casos, las políticas de regularización han perdido impulso o se han endurecido. El acceso al empleo formal sigue siendo limitado, lo que empuja a amplios segmentos hacia la informalidad. Esa combinación —menos oportunidades y mayor incertidumbre— alimenta la idea del retorno, aunque no resuelva sus condiciones.
El factor financiero condiciona la respuesta humanitaria. ACNUR ha solicitado 328,2 millones de dólares para atender a desplazados venezolanos dentro y fuera del país en 2026. Hasta ahora ha recibido apenas el 12% de esos recursos. La brecha no es menor: limita programas de asistencia, reduce capacidad de integración y debilita mecanismos de información para decisiones como el retorno.
En ese escenario, el dato del 35% no anuncia un regreso masivo. Describe un estado intermedio: personas que consideran volver porque el presente fuera se deteriora, pero que no encuentran en el país de origen garantías suficientes para hacerlo. La diáspora venezolana entra así en una fase distinta, menos marcada por la salida inmediata y más por la gestión de una permanencia incierta.
El retorno, en estas condiciones, no es una tendencia. Es una posibilidad condicionada por variables que permanecen fuera de control de quienes la contemplan. Mientras esas variables no cambien —empleo, seguridad, estabilidad institucional—, la distancia entre querer volver y poder hacerlo seguirá siendo el dato central.
