By “Nosotros no tenemos ningún tipo de dificultad o pudor para ofrecer disculpas cuando eso haya ocurrido. Vamos a un proceso intensivo de revisión del poder judicial”, agregó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela admite que “se cometieron errores” que llevaron al arresto de cientos de personas. Afirma que el país está nueva etapa política del país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro hace dos meses.
La ley de amnistía –promulgada el 19 de febrero– podría beneficiar a cientos de prisioneros políticos, pero no a todos, y a cerca de 5.600 personas con libertad condicional. A la ley de amnistía siguió un primer proceso de excarcelaciones que ordenó la presidenta interina el 8 de enero. la ONG Foro Penal informó que desde esa fecha 621 personas han sido excarceladas, pero no le han cerrado la causa ni restituidos sus derechos ciudadanos.
El sobreseimiento fue impulsado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos. También ha pedido una reforma a fondo del sistema judicial.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, admitió que en casos de personas privadas de libertad se cometieron errores. “Nosotros no tenemos ningún tipo de dificultad o pudor para ofrecer disculpas cuando eso haya ocurrido. Vamos a un proceso intensivo de revisión del poder judicial”, agregó.
Sairam Rivas: La amnistía es débil
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y el jueves cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país
La activista Sairam Rivas solicitó la creación de un “espacio de encuentro entre los familiares de los presos políticos y los representantes del Estado”, acompañado por la ONU.
La activista de derechos humanos Sairam Rivas consideró este martes que la Ley de Amnistía es “débil” y “no cumple con los requisitos para avanzar a una reconciliación nacional”, al tiempo que exigió la liberación de todos los presos políticos.
“Esta amnistía, en lugar de servir como un instrumento de reconciliación, se está convirtiendo en un elemento para generar mayor dolor, sufrimiento y revictimización”, manifestó la activista, también integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).
Rivas dio estas declaraciones a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas, donde varias personas asistieron para solicitar la amnistía, un encuentro al que también acudieron familiares y activistas de derechos humanos.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a todas las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil, a que acompañe a todos los presos políticos”, pidió la integrante de la ONG.
A su lado, el abogado Joel García subrayó la “incoherencia e incongruencia” que a su juicio tiene la Ley de Amnistía, aprobada en febrero pasado y que establece que este beneficio se debe otorgar en un lapso que no excederá los 15 días.
Sobre este punto, García señaló que ese lapso “no se va a cumplir” al asegurar que no hay suficientes recursos para atender los casos y que los tribunales “están esperando instrucciones para ver qué van a hacer”.
Por otra parte, el abogado indicó que, en teoría, la amnistía cubre el período entre 1999 y febrero de 2026, pero criticó que en su artículo 8 se establezca un catálogo de 13 hechos políticos de 13 años específicos, lo que excluye el resto de la fecha establecida, así como los casos relacionados con operaciones militares.
“Entonces la ley no es ni general ni cubre el período que dice. Esto es una contradicción”, apuntó García, que consideró que la ley “está concebida como una estafa más”.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y el jueves cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país.
El gobierno, por su parte, niega que en Venezuela haya presos por motivos políticos y asegura que cometieron delitos.
Denuncian cobros de tribunales por amnistía
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad señala que los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo están exigiendo resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en dólares en efectivo como condición para notificarles y entregarles copia de la decisión que les otorga la libertad plena.
El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó el 19 de febrero por unanimidad una histórica ley de amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, aunque se aplicará de forma específica a 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del período establecido y casos relacionados con operaciones militares.
Según la denuncia del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, “los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo están exigiendo resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en dólares en efectivo como condición para notificarles y entregarles copia de la decisión que les otorga la libertad plena”.
El comité, integrado por familiares de detenidos en protestas tras las elecciones de 2024, señaló que las familias no cuentan con recursos para “cubrir cobros ilegales” y recordaron los altos esfuerzos económicos que han tenido que hacer para costear traslados a las cárceles donde estaban detenidos sus parientes.
“La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía. Los tribunales tienen la obligación de entregar la copia de la decisión de amnistía sin costo alguno. Este documento es indispensable para eliminar antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados”, afirmó el comité.
Las familias instaron a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y al Programa de Convivencia y Paz del Gobierno venezolano a que “constaten” su denuncia y exijan a las autoridades judiciales cumplir con su obligación sin solicitar un “pago arbitrario”.
A pesar de estas denuncias, han continuado las liberaciones como parte de la amnistía: según datos recientes del Parlamento, la justicia venezolana ha otorgado miles de libertades plenas desde la entrada en vigor de la ley.
Organizaciones como Foro Penal han señalado que aún permanecen cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país, lo que refleja que el proceso de amnistía sigue en curso y con críticas por lentitud e irregularidades.
Piden transparencia en aplicación de la amnistía
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón sostiene que sin acceso a datos verificables el proceso pierde legitimidad y genera incertidumbre entre víctimas y familiares. Exhortó a las autoridades judiciales a divulgar información detallada sobre quienes han sido beneficiadas por esta medida, con el fin de permitir la verificación independiente por parte de la sociedad civil.
A través de una declaración en su red social X, la ONG advirtió que cualquier proceso orientado a la reconciliación nacional debe garantizar el acceso a la verdad y colocar a las víctimas en el centro de las decisiones políticas y judiciales.
“Todo proceso de reconstrucción social o de pacificación política tiene como condición esencial la centralidad de las víctimas y su derecho a la verdad. Sin estos pilares cualquier medida pierde legitimidad y erosiona la confianza pública”, subrayaron.
La organización hizo un llamado directo a la Comisión Especial para el Seguimiento de la ley de amnistía para que publique los registros completos de las personas excarceladas, así como de quienes han recibido otros beneficios contemplados en la normativa.
“Exhortamos a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, a publicar los registros de las personas que han sido liberadas en aplicación de la Ley de Amnistía, tanto como de las más de 5.000 personas que, según sus reportes, han sido beneficiadas en este proceso”, manifiesta la organización.
Subraya que eso resulta fundamental para la transparencia necesaria en un asunto de absoluta trascendencia para el país.
Desconfianza en la información gubernamental
La ONG subrayó que la difusión únicamente de balances numéricos impide comprobar el alcance real de la medida y limita la posibilidad de seguimiento ciudadano. Según indicó, la ausencia de datos verificables dificulta evaluar el impacto del proceso y genera incertidumbre entre víctimas y familiares.
“El país necesita datos verificables y auditables que permitan corroborar cada caso. La ausencia de identificación oficial de los excarcelados desdibuja la trazabilidad del proceso, impide el control ciudadano y debilita la posibilidad de contraste independiente. Además, coloca nuevamente a las víctimas y a sus familias en una posición de incertidumbre fáctica respecto a decisiones que impactan directamente su vida, su integridad y su situación jurídica”
La organización insistió en que la transparencia y la rendición de cuentas deben acompañar cualquier iniciativa destinada a superar la crisis política y social del país, señalando que la confianza pública depende de la claridad en la ejecución de estas medidas.
“Si el propósito de esta ley es contribuir a la superación de la crisis nacional, su aplicación debe estar acompañada de transparencia y rendición de cuentas. No puede haber reconciliación sin verdad comprobable”, dijo.
