By Cuba entra en 2026 con barrios a oscuras, colas frente a farmacias sin medicinas y miles de personas abandonando la isla cada mes. El gobierno ofrece diálogo con Washington mientras ONG documentan represión y presos políticos. La pregunta es para qué serviría ese tiempo.
Cuando Miguel Díaz-Canel apareció en televisión para explicar como presidente de Cuba la situación del país, eligió un registro solemne, técnico y también beligerante. Habló de déficits de generación eléctrica, de interrupciones de envíos de combustible, de parques solares en construcción y de un “bloqueo energético” impulsado desde Washington. Ofreció diálogo a Estados Unidos, pero sin aceptar condicionamientos políticos. Al pueblo cubano le pidió disciplina, unidad y resistencia. Solo le prometió días más duros.
Mientras tanto, en barrios de La Habana, Holguín o Santiago, vecinos cocinaban con carbón en patios improvisados, cargaban cubos de agua por escaleras oscuras y calculaban cuánta batería quedaba en los teléfonos antes del siguiente apagón. En farmacias sin aire acondicionado, ancianos preguntaban por antibióticos inexistentes. En terminales de guaguas y aeropuertos, familias completas se despedían sin certeza de retorno.
Ese contraste entre el discurso de Estado y la experiencia cotidiana refleja el momento cubano de inicios de 2026. No se trata de una crisis puntual. Es una acumulación.
La electricidad se va durante quince, dieciocho, veinte horas; en algunas regiones por varios días. El transporte público funciona a trompicones. Los hospitales racionan insumos o no tienen. El propio Ministerio de Salud admitió que solo una parte menor del listado de medicamentos esenciales está disponible. Encuestas independientes señalan que millones de personas se saltan comidas a diario.
El Partido Comunista de Cuba atribuye el colapso a sanciones estadounidenses y al corte de suministros petroleros desde Venezuela. Es una parte mínima del cuadro. No todo.
Una economía que llega exhausta
La infraestructura eléctrica cubana envejeció durante décadas sin inversiones suficientes. Las centrales termoeléctricas operan con tecnología soviética de los años setenta y ochenta. Las refinerías trabajan al límite. La dependencia de crudo importado se convirtió en una vulnerabilidad estructural desde la desaparición de la URSS y luego se reprodujo con la gratuidad del crudo venezolano y lo pagos por médicos, seguridad, asesoramiento y otros acuerdos.
Cuando ese apoyo empezó a flaquear, el sistema quedó expuesto.
Se sumó, además, el fracaso de la unificación monetaria, una inflación que licuó salarios y pensiones, y un sector privado limitado por regulaciones cambiantes y escasez de insumos. La producción agrícola no logró despegar. El turismo, una fuente clave de divisas, no volvió a niveles prepandemia.
En ese contexto de penuria, Díaz-Canel promete soberanía energética a mediano plazo: parques solares, recuperación parcial de termoeléctricas, generación distribuida con diésel, mayor extracción de crudo nacional. Existen lo planes existen, pero no están en el calendario y la situación de un sistema que opera al límite.
Mientras, la vida cotidiana se organiza alrededor del apagón: cuándo cocinar, cuándo bombear agua, cuándo refrigerar alimentos si los hubiera, cuándo cargar teléfonos. La crisis energética dejó de ser un asunto técnico para convertirse en la experiencia política básica.
Protestar en voz baja y en fragmentos
Las protestas de julio de 2021 siguen pesando como trauma y advertencia. Aquellas marchas masivas fueron respondidas con un despliegue policial sin precedentes y condenas de hasta más de décadas de cárcel.
Cuatro años después, no hay movilizaciones nacionales de esa magnitud. Lo que hay es algo distinto: una constelación de estallidos locales y espontáneos. Cacerolazos en barrios cuando se va la luz. Gritos frente a sedes municipales del Partido Comunista. Calles bloqueadas con basura durante apagones prolongados. Transmisiones en directo desde hospitales sin medicamentos. Quejas grabadas en colas de pan o gasolina.
Organizaciones como Cubalex, Human Rights Watch, Prisoners Defenders y Justicia 11J documentaron centenares de detenciones arbitrarias en 2025. A finales del año pasado, alrededor de 700 presos políticos seguían en prisión. Más de 350 vinculados a las protestas del 11J. Unos pocos fueron excarcelados tras gestiones del Vaticano y conversaciones con Washington, pero quedaron bajo vigilancia estrecha y algunos fueron detenidos otra vez meses después.
Los informes describen cárceles hacinadas, presos sin atención médica adecuada, aislamiento prolongado, muertes bajo custodia y ausencia de mecanismos efectivos de denuncia. No se permite el acceso de observadores independientes a los centros penitenciarios.
El gobierno niega los señalamientos y afirma que la actuación policial se orienta contra delitos comunes y campañas de desestabilización. Las protestas las descalifican como manipulación externa. La escasez, como consecuencia directa del embargo.
En la calle, la realidad se percibe de otra manera: no hay luz, no hay antibióticos, no hay transporte. Se ven la secuencia inmediata, no la causa.
Internet también se volvió campo de conflicto. Cuando la empresa estatal ETECSA elevó tarifas, decenas de protestas estallaron en varias ciudades. Por primera vez en años, estudiantes universitarios firmaron comunicados colectivos y hablaron de paros. La policía política respondió con interrogatorios y detenciones breves.
No son movimientos coordinados. Son fogonazos dispersos, pero constantes.
El país que se vacía
Si las protestas son el termómetro diario, la migración es el paso estructural. Desde 2021, más de un millón de cubanos han salido del país por rutas legales e irregulares: vuelos a Centroamérica, travesías por Nicaragua y México, cruces hacia Estados Unidos, programas humanitarios, solicitudes de refugio en Europa. En una isla de once millones de habitantes, la cifra equivale a cerca del diez por ciento de la población en pocos años.
No es una estampida concentrada como el Mariel en 1980 ni la crisis de los balseros en 1994. Es un goteo incesante.
Se van jóvenes, pero también médicos, ingenieros, profesores, familias con niños y jubilados que se reagrupan con hijos en el exterior. La salida alivia presión interna y sostiene hogares a través de remesas, hoy indispensables para millones. Al mismo tiempo, vacía hospitales, escuelas y talleres; reduce la base tributaria; envejece la población restante.
El Estado combina controles internos con tolerancia selectiva a canales de migración ordenada negociados con Washington. Funciona como válvula. También como reconocimiento tácito de que no hay capacidad inmediata para absorber el descontento social.
La maniobra discursiva
Díaz-Canel no niega la escasez. La redefine. Ofrece diálogo con Estados Unidos, pero sin tocar la estructura del poder, ni el entramado económico.
Cuando Miguel Díaz-Canel compareció ante la prensa para explicar la situación del país, lo hizo rodeado de cifras técnicas y de un léxico de emergencia nacional. Habló de déficit de generación eléctrica, de interrupciones en los suministros de combustible, de inversiones en parques solares y de la necesidad de racionamientos temporales. Pero el eje político de su intervención fue otro: Cuba —dijo— sufre una estrategia de “asfixia económica” impulsada desde Estados Unidos y debe prepararse para resistir.
En ese marco, el presidente combinó tres mensajes. El primero, defensivo: negó que la isla patrocine terrorismo, denunció presiones diplomáticas y acusó a Washington de utilizar la energía y las finanzas como armas políticas. El segundo, disciplinario: llamó a la población al ahorro, a la comprensión y a la cohesión frente a lo que describió como un momento histórico de peligro. El tercero, táctico: expresó disposición a dialogar con Estados Unidos sobre migración, narcotráfico, cooperación ambiental y comercio, siempre bajo la premisa de respeto a la soberanía y sin discutir cambios internos.
La secuencia no es nueva en la historia reciente del régimen, pero sí aparece ahora en un contexto mucho más precario. Mientras Díaz-Canel detallaba proyectos de autosuficiencia energética a mediano plazo —nuevas plantas solares, recuperación parcial de termoeléctricas, incremento de la producción nacional de crudo—, gran parte del país atravesaba apagones de más de quince horas. En hospitales públicos se posponían tratamientos por falta de insumos. En barrios populares, los vecinos cocinaban con carbón y almacenaban agua en cubos durante las ventanas breves de servicio eléctrico.
Ese contraste es central para entender la lógica política del momento. El discurso presidencial intenta fijar una causalidad clara: la escasez sería resultado casi exclusivo del embargo y del recorte de suministros externos. Sin negar el impacto de las sanciones ni la pérdida de apoyos energéticos clave, los datos acumulados dentro de la isla y los informes de organizaciones independientes introducen un cuadro más complejo: infraestructura envejecida, décadas de subinversión, reformas económicas inconclusas y una inflación que pulverizó salarios antes incluso del último ciclo de presión internacional.
En paralelo, la narrativa oficial evita una cuestión incómoda: la persistencia de la protesta social y la respuesta represiva del Estado. En su comparecencia, Díaz-Canel habló de campañas mediáticas y de intentos de desestabilización. Organizaciones como Human Rights Watch, Cubalex o Justicia 11J describen otra escena: centenares de detenciones en 2025 por manifestarse o criticar al gobierno, alrededor de 700 presos políticos aún en prisión, más de 350 vinculados a las protestas de julio de 2021, excarcelaciones parciales seguidas de vigilancia policial y nuevas detenciones.
Los informes detallan además condiciones penitenciarias degradadas —hacinamiento, falta de atención médica, aislamiento prolongado— y la negativa a permitir inspecciones independientes en cárceles. Nada de eso aparece en el relato presidencial, que presenta la conflictividad como fenómeno inducido desde el exterior.
También queda fuera del encuadre la magnitud del éxodo. Mientras el Gobierno habla de resistencia, más de un millón de personas han salido del país desde 2021 por rutas legales e irregulares, según datos oficiales y conteos internacionales. Médicos, maestros, ingenieros y familias completas engrosan una migración persistente que vacía sectores estratégicos y sostiene a los que se quedan mediante remesas. La salida funciona como válvula social, pero es también un plebiscito silencioso sobre la falta de expectativas.
El contexto regional añade otra capa. En América Latina, gobiernos como el de Brasil presionan públicamente por procesos democráticos en Venezuela mientras buscan estabilizar la producción petrolera del continente; Washington alterna sanciones con licencias energéticas en Caracas; la Unión Europea mantiene una política de diálogo crítico con La Habana; Rusia y China ofrecen respaldo limitado. Ese tablero fragmentado desmiente la idea de un cerco homogéneo, aunque confirma que Cuba se mueve en un entorno hostil y volátil.
La comparecencia presidencial, leída en ese marco, parece menos un parte técnico que una operación política: fijar un enemigo externo, pedir sacrificios internos y abrir una puerta diplomática estrecha para aliviar la presión material sin alterar la arquitectura del poder. Flexibilidad hacia fuera; rigidez hacia dentro.
La pregunta que deja abierta —y que el discurso no responde— es qué ocurriría si ese oxígeno externo llega. Las centrales eléctricas están exhaustas. El sistema sanitario carece de insumos básicos. La producción agrícola sigue en mínimos. La población continúa reduciéndose por la emigración. Sin reformas estructurales visibles, cualquier alivio parcial corre el riesgo de convertirse en una tregua, no en una reconstrucción.
Ahí se juega la credibilidad de la narrativa oficial. No en la enumeración de proyectos futuros ni en la denuncia del embargo, sino en la capacidad real de traducir un eventual acuerdo diplomático en electricidad estable, medicinas en farmacias y salarios que alcancen para vivir. Mientras eso no ocurra, la distancia entre el discurso del poder y la experiencia cotidiana seguirá siendo el dato político más corrosivo de la Cuba de 2026.
Presiones externas, ni tanto
Otro rasgo nuevo es generacional. Jóvenes urbanos, formados en redes sociales, con familiares emigrados y salarios que no alcanzan para sobrevivir, reaccionan menos a consignas ideológicas y más a los apagones, colas y tarifas de Internet. No es una oposición organizada; es distancia emocional del relato oficial. Un quiebre que erosiona la narrativa histórica del régimen más que cualquier declaración diplomática.
Estados Unidos endureció sanciones y volvió a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo; expertos de la ONU cuestionan esa decisión por su impacto humanitario. La Unión Europea mantiene diálogo crítico. Rusia y China ofrecen apoyo limitado. México envía ayuda humanitaria con cautela.
La Habana presenta el cerco como homogéneo. No lo es. Pero tampoco explica por qué, aun con apoyos parciales, la vida cotidiana se deterioró hasta estos niveles.
¿Tiempo para qué? La pregunta central
Cuando Díaz-Canel habla de resistir y de ganar margen mediante negociación externa, el interrogante no es retórico. ¿Qué hará con ese tiempo si llega? Las termoeléctricas están exhaustas. El sistema sanitario carece de insumos básicos. La producción agrícola sigue en mínimos. La emigración vacía al país de trabajadores calificados.
No hay señales públicas de reformas estructurales profundas que indiquen cómo un alivio parcial se transformaría en recuperación sostenida.
La experiencia reciente apunta a otra cosa: acuerdos que descomprimen coyunturas sin modificar la arquitectura económica ni abrir el sistema político. Ganar tiempo, en ese esquema, no es reconstruir. Es administrar el deterioro mientras se preserva intacto el núcleo del poder.
Cuba entra en 2026 con un Estado que gestiona escasez, busca oxígeno diplomático y refuerza control interno. No está en colapso inmediato. Tampoco en estabilidad. Apenas resiste, y en esa resistencia se juega su futuro político más que en cualquier mesa de negociación.
