By La reapertura petrolera y minera tras una transición política –con o sin intervención extranjera– agravará la devastación ecológica si no se restablecen primero el control territorial, la supervisión pública y la ley.
Venezuela enfrenta un colapso económico y político. También arrastra una emergencia ambiental silenciosa: oleoductos corroídos, refinerías incendiadas, lagos cubiertos de crudo, selvas perforadas por minería ilegal y territorios indígenas bajo control de grupos armados. Cualquier promesa de reactivación acelerada de la industria extractiva que ignore ese punto de partida no será un plan de reconstrucción sino la vía de profundizar el daño.
Los datos disponibles no admiten eufemismos. Decenas de derrames petroleros anuales, incendios en instalaciones de PDVSA, un Lago de Maracaibo convertido en fosa de hidrocarburos, deforestación documentada por satélite en parques nacionales como Canaima y Yapacana, y un Arco Minero del Orinoco dominado por redes criminales transnacionales. Esa es la línea base sobre la que se discute hoy la explotación futura de petróleo, oro o coltán.
En ese contexto, el problema no es solo quién invierte, sino en qué país lo hace. Sin tribunales operativos, agencias reguladoras independientes, cuerpos técnicos capacitados y fuerzas de seguridad que controlen el territorio, no existe posibilidad real de manejo ambiental.
La experiencia regional es aleccionadora: incluso Estados con marcos legales más sólidos han sufrido miles de derrames en la Amazonía. Venezuela llega a esa fase con instituciones erosionadas y vastas zonas fuera de control estatal.
Venezuela tuvo una arquitectura temprana de conservación, una red amplia de parques nacionales y una tradición de política ambiental que hoy está desmantelada pero no borrada.
La tentación de tratar los recursos como palanca inmediata de recuperación fiscal es comprensible. Pero la prisa extractiva suele producir dos efectos previsibles: externalizar los costos ambientales y normalizar la coexistencia con economías criminales. En el sur del país ya ocurre. Guerrillas colombianas, mafias locales y redes de contrabando administran minas, imponen reglas y recurren a la violencia contra comunidades indígenas. Invertir allí sin desmontar ese entramado no es desarrollo: es financiar la degradación.
Conviene despejar otro espejismo. No se trata de un riesgo exclusivo de Estados Unidos ni de un actor específico. Cualquier empresa, de cualquier origen, operando en un vacío regulatorio tiende a privilegiar rentabilidad y velocidad sobre reparación y prevención. La discusión seria no es geopolítica sino institucional: qué reglas, qué controles y qué consecuencias reales existen para quien contamina.
Hay, sin embargo, un punto que impide caer en el fatalismo. Venezuela tuvo una arquitectura temprana de conservación, una red amplia de parques nacionales y una tradición de política ambiental que hoy está desmantelada pero no borrada.
La oposición ha hablado de volver a ese sendero y de diversificar la matriz energética. Esa ambición solo será creíble si la reconstrucción del Estado incluye, desde el primer día, autoridad ambiental, catastro minero transparente, consulta indígena vinculante y capacidad de sanción.
El país necesitará inversión. Pero antes necesita reglas. Sin ellas, la reapertura petrolera y minera no será el inicio de una recuperación, sino la prolongación de un saqueo que ya dura dos décadas. La transición venezolana —cualquiera sea su forma— se jugará también en sus ríos, sus selvas y sus costas. Ignorar eso equivale a hipotecar el futuro mientras se celebra un alivio fiscal pasajero.
