By Mientras impulsa una comisión de paz, Delcy Rodríguez mantiene en vigor el Estado de Conmoción Exterior. ONG documentan arrestos de adolescentes y mujeres embarazadas, universidades denuncian hostigamiento y altos funcionarios descartan liberar casos considerados estratégicos.
Delcy Rodríguez lanzó una comisión de paz mientras mantiene vigente un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, permite detenciones discrecionales y deja en manos del Ejecutivo la ejecución o congelamiento de boletas judiciales. En paralelo, el interinato promete reconciliación, filtra listas parciales de excarcelados y convoca a sectores sociales cuidadosamente seleccionados, al tiempo que ONG documentan arrestos de adolescentes por vínculos familiares, mujeres recluidas con recién nacidos y militares con condenas cumplidas que siguen bajo custodia. La escena no es ambigua: diálogo público y coerción intacta.
La escena pública el régimen habla de reconciliación. La arquitectura jurídica vigente autoriza detenciones sin garantías, tribunales militares activos y suspensión de excarcelaciones. Entre ambos planos se despliega el conflicto central del momento venezolano: un diálogo anunciado desde el poder sin desmontar el régimen de excepción que define quién puede hablar y quién sigue preso.
Sin derogación del Estado de Conmoción Exterior, sin archivar las causas abiertas y sin restitución plena de derechos políticos, cualquier mesa nace sin las patas. La comisión se instala sobre la misma arquitectura legal que permite traslados opacos, incomunicación prolongada y tribunales militares activos. La reconciliación se anuncia desde Miraflores; el instrumento que la vacía de contenido sigue operativo.
Comisión de paz bajo decreto de excepción
El viernes 24 de enero, Delcy Rodríguez instaló en Miraflores el Programa para la Convivencia y la Paz, coordinado por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Se presentó como un plan de cien días cuya primera tarea sería “mapear la violencia” y articular sectores sociales para promover tranquilidad política.
La presidenta interina Rodríguez pidió a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, convocar un “verdadero diálogo político venezolano” sin imposiciones externas y con resultados inmediatos. Habló de una paz integral –social, política y económica– como eje común del nuevo ciclo.
Pero se mantiene intacto un marco jurídico intacto: el Estado de Conmoción Exterior decretado tras la captura de Nicolás Maduro. No se han restituido las garantías suspendidas. Bajo ese régimen operan tribunales militares, se dilatan boletas de excarcelación, se ejecutan traslados sin notificación y se mantienen personas detenidas por vínculos familiares.
Desde entonces, ONG han documentado arrestos sin registro público, audiencias diferidas, incomunicación prolongada y suspensión de libertades que habían sido ordenadas por jueces. La CIDH amplió medidas cautelares y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU recibió comunicaciones formales pidiendo monitoreo internacional. La contradicción es evidente: se anuncia reconciliación sin restituir los derechos.
Diálogo sin derechos es escenografía
Laboratorio de Paz fue una de las primeras organizaciones en cuestionar la convocatoria. Advirtió que ningún espacio de participación puede considerarse real mientras persistan causas estructurales que criminalizan el ejercicio de derechos civiles y políticos.
Recordó que se trata de la novena ronda de diálogo impulsada desde el poder en dos décadas y exigió condiciones previas: libertad plena para presos políticos, derogación del Estado de Conmoción, cierre de causas abiertas contra excarcelados, restitución de partidos intervenidos, fin de la censura administrativa y remoción de funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos.
El centro subrayó que ninguno de los integrantes iniciales de la comisión es ajeno al oficialismo y que convocar a sectores “coincidentes” y “divergentes” sin árbitros independientes reproduce esquemas anteriores de contención política.
Con Estado de Conmoción no hay diálogo
La Universidad Central de Venezuela reapareció como foco de crítica pública. Estudiantes reclamaron ser incluidos en la comisión y denunciaron que la academia fue excluida del diseño inicial.
Israel Rodríguez, presidente del centro estudiantil de la Escuela de Estudios Políticos, sostuvo que el diálogo no puede construirse con actores seleccionados desde el poder y que la ausencia universitaria convierte el programa en un ejercicio simbólico. Samuel Borges, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, introdujo el punto central: sin liberación total de presos políticos ni reapertura del espacio cívico, hablar de transición equivale a operar dentro del mismo régimen de excepción.
Ambos coinciden en que la presión debe venir desde abajo y que la paz no se decreta desde Miraflores ni bajo tutelas externas.
Excarcelaciones selectivas y nuevas detenciones
Mientras se anunciaban liberaciones, ONG y familiares denunciaron casos que contradecían la narrativa oficial.
Justicia, Encuentro y Perdón documentó la detención de Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16 años, arrestada por vínculos familiares con un militar exiliado, y la de Maikelys Borges, recluida en fase final de embarazo y hoy presa junto a su recién nacido. La organización sostuvo que ambos casos ilustran el uso de personas vulnerables como instrumentos de presión política.
Nueve militares continúan detenidos pese a haber cumplido condenas, según sus defensas. Entre ellos figuran Juan Carlos Peña Palmentieri, Víctor Eduardo Soto Méndez y Pedro Garrido Guillén. Fueron sacados de centros de reclusión en noviembre con promesas de libertad. Las boletas no se ejecutaron. Las autoridades no informaron su paradero.
Familiares protestaron frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana. En la UCV se denunciaron requisas de teléfonos y vigilancia interna. La CIDH amplió medidas cautelares y ONG elevaron expedientes ante tribunales extranjeros.
Altos funcionarios, según declaraciones atribuidas a Diosdado Cabello y difundidas por analistas cercanos al oficialismo, descartaron liberar presos “emblemáticos” y anunciaron la continuidad de operaciones de seguridad, reforzando la tesis de que el diálogo convive con límites explícitos a las excarcelaciones.
Partidos y sindicatos: cautela sin aval
La reacción opositora fue fragmentada, pero convergente en un punto: nadie dio por sentado que la comisión represente ruptura institucional.
Una de las principales coaliciones condicionó cualquier participación a la derogación del régimen extraordinario, publicación de un registro verificable de presos políticos y restitución jurídica de partidos intervenidos.
En el campo sindical la desconfianza fue mayor. Federaciones exigieron liberación de dirigentes detenidos por protestar, restitución del derecho a huelga y cierre de causas penales abiertas por “sabotaje”. Petroleros y electricistas reclamaron amnistías administrativas antes de sentarse a mesas auspiciadas por el Ejecutivo.
Otros sectores moderados admiten que la presión internacional obliga a explorar la vía del diálogo, pero reconocen que negociar bajo decreto de excepción distorsiona cualquier proceso.
El Estado de Conmoción,
El Estado de Conmoción Exterior sigue vigente. No es una figura retórica ni un simple estado de alerta. En la Constitución venezolana, los estados de excepción permiten al Ejecutivo suspender temporalmente garantías fundamentales y gobernar mediante decretos con fuerza normativa en áreas clave de seguridad y orden público. En el régimen de Maduro se ha utilizado para ampliar facultades policiales, restringir protestas y desplazar controles judiciales ordinarios.Permite ampliar detenciones administrativas, activar jurisdicción militar y restringir manifestaciones.
Juristas consultados coinciden en que su permanencia explica la coexistencia de excarcelaciones parciales con nuevas detenciones: mientras siga activo, la privación de libertad continúa siendo flexible, reversible y poco fiscalizable.
Durante ciclos anteriores de diálogo —Oslo y México— se repitió el patrón de liberaciones selectivas acompañadas de nuevos arrestos. Abogados lo describen como rotación punitiva: se mantienen cifras globales mientras cambian los nombres.
Hoy la diferencia es la tutela internacional tras la captura de Maduro, que incentiva gestos visibles , pero no ha presionado el desmontaje del decreto.
El decreto debe ser remitido a la Asamblea Nacional y notificado a instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ciclos anteriores, sin embargo, ONG han documentado extensiones sucesivas de estas medidas con supervisión parlamentaria limitada y control judicial débil.
Durante los estados de excepción decretados entre 2015 y 2018, organizaciones como Provea, Foro Penal y Amnistía Internacional registraron detenciones masivas en contextos de protesta, allanamientos sin orden judicial ordinaria y procesamiento de civiles en tribunales militares. Abogados defensores señalan que esas prácticas reaparecen hoy bajo nuevas denominaciones.
En el actual Estado de Conmoción Exterior, el elemento crítico es la activación combinada de tres resortes: jurisdicción militar en casos de seguridad, detención administrativa prolongada antes de presentación ante tribunales ordinarios y restricción del acceso inmediato a abogados y familiares. Esa tríada reduce la trazabilidad de los arrestos y facilita traslados sin registro público.
Especialistas en derecho penal citan, además, la suspensión práctica del principio de ejecución inmediata de boletas de excarcelación. Bajo un régimen extraordinario, las órdenes judiciales pueden quedar subordinadas a “verificaciones de seguridad” administrativas, abriendo un espacio de discrecionalidad que explica por qué personas con condenas cumplidas permanecen bajo custodia.
En procesos anteriores de diálogo político (Oslo y Barbados en 2019, México en 2021) los estados de excepción y decretos de seguridad siguieron vigentes durante las negociaciones. En esos períodos se registraron liberaciones selectivas de presos políticos acompañadas por nuevas detenciones, una dinámica que abogados describen como “rotación punitiva”: el número total de detenidos se mantiene mientras cambian los nombres.
En el interinato, el Estado de Conmoción es la pieza central del tablero. No es una medida decorativa sino el dispositivo que define el campo de juego: quién puede ser detenido, bajo qué procedimiento, cada cuánto tiempo debe presentarse ante un juez, qué tribunales conocen la causa y cuándo una excarcelación se ejecuta o se congela.
Mientras permanezca vigente, sostienen, cualquier política de liberaciones seguirá siendo discrecional y reversible. La comisión de paz, en ese marco, opera dentro de un sistema que conserva intacta la capacidad coercitiva del Estado.
Cronología mínima
3 de enero. Se anuncia la detención de Nicolás Maduro. El Ejecutivo decreta Estado de Conmoción Exterior y suspende garantías constitucionales.
Primera quincena de enero. ONG registran detenciones sin notificación judicial, traslados opacos y suspensión de boletas de libertad. La CIDH amplía medidas cautelares en varios expedientes.
20 de enero. Familiares protestan frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Videos muestran funcionarios de civil en los alrededores.
25 de enero. Laboratorio de Paz publica un pronunciamiento contra la convocatoria a diálogo y exige levantar el Estado de Conmoción.
27 de enero. Abogados denuncian que nueve militares siguen presos pese a haber cumplido condenas. Justicia, Encuentro y Perdón documenta los casos de Samantha Hernández y Maikelys Borges.
Última semana de enero. Delcy Rodríguez instala la Comisión para la Paz y la Convivencia y anuncia un plan de cien días sin derogar el decreto de excepción.
Casos documentados
Samantha Sofía Hernández Castillo (16 años). Detenida, según Justicia, Encuentro y Perdón, por vínculos familiares con un militar exiliado y una persona en desaparición forzada. No se han informado cargos públicos por hechos propios.
Maikelys Borges. Arrestada en la fase final de su embarazo. Permanece recluida con su hijo recién nacido. La ONG cuestiona condiciones de reclusión y ausencia de protección especial por maternidad.
Ambos expedientes fueron elevados a instancias internacionales y forman parte de denuncias sobre uso de familiares vulnerables como presión política
Qué permite el Estado de conmoción
Qué permite el Estado de Conmoción Exterior
• Suspensión de garantías constitucionales vinculadas a libertad personal, reunión y debido proceso.
• Ampliación de facultades para detenciones administrativas y operativos sin orden judicial ordinaria.
• Activación reforzada de jurisdicción militar en causas de seguridad.
• Restricciones a manifestaciones públicas y control de información.
• Limitación de supervisión judicial independiente durante la vigencia del decreto.
Abogados constitucionalistas sostienen que este marco facilita detenciones prolongadas, retraso en boletas de libertad y traslados sin notificación a familiares.
El cuadro es consistente: comisión de paz sin derogación del régimen de excepción, excarcelaciones reversibles, adolescentes detenidos por parentesco, mujeres recluidas con recién nacidos, presos con condena cumplida, tribunales militares activos.
El diálogo se anuncia desde el atril. La coerción sigue regulando los márgenes.
Mientras el Estado de Conmoción permanezca intacto, la reconciliación funciona como escenografía jurídica. La comisión opera dentro del mismo dispositivo que permite suspender derechos.
Sin restitución plena de garantías, sin cierre de causas, sin levantamiento del decreto, el proceso no apunta a desmontar el sistema sino a administrarlo.
Y en Venezuela, la experiencia es clara: cuando el aparato permanece intacto, la negociación no abre un ciclo nuevo. Gana tiempo.
