By Cómo funciona el poder real, qué se omite en los relatos seductores y por qué el desmontaje del chavismo será conflictivo incluso en el mejor escenario
Un desmontaje analítico del poder real en Venezuela y de las omisiones que dominan los discursos tranquilizadores sobre la transición. Qué se sabe, qué no, y por qué el cambio –si ocurre– será conflictivo incluso en el mejor escenario.
Este texto no busca refutar un video ni polemizar con un analista. Parte de una exigencia más básica: explicar cómo funciona hoy el poder en Venezuela. Solo desde esa descripción —operativa, verificable y secuencial— es posible entender por qué tantas explicaciones seductoras fracasan cuando prometen una transición simple, rápida o administrada desde arriba.
Venezuela no es un enigma moral ni una anomalía retórica. Es un Estado capturado que sigue operando, no a pesar del colapso, sino a través de él. El poder no se sostiene por adhesión ideológica ni por consenso social, sino por una combinación de control institucional, rentas concentradas y coerción selectiva.
El Estado venezolano mantiene su forma legal: ministerios, tribunales, fuerzas armadas, empresas públicas, presupuesto. Lo que ha cambiado es su función. Ya no administra bienes públicos ni garantiza derechos; gestiona escasez, impunidad y lealtades. Esa mutación es observable en actos administrativos, sentencias, contratos y cadenas de mando.
El primer mecanismo es económico. La renta petrolera y el acceso a divisas se asignan de forma discrecional. No hay reglas estables, sino autorizaciones. El acceso a contratos, importaciones o concesiones depende de cercanía política y utilidad coyuntural. Esto no es corrupción marginal: es el sistema de incentivos central.
El segundo mecanismo es judicial. La justicia no arbitra conflictos: administra castigos. Procesos penales, inhabilitaciones y sentencias opacas operan como recordatorios periódicos de quién fija los límites. La selectividad no es un defecto: es el método.
El tercer mecanismo es militar y policial. Las fuerzas armadas no son un actor externo al poder civil, sino un socio económico y territorial. Controlan puertos, aduanas, distribución de alimentos y economías extractivas legales e ilegales. La coerción no es permanente ni indiscriminada: es focalizada y ejemplarizante.
El cuarto mecanismo es narrativo. El discurso oficial no busca convencer, sino confundir responsabilidades. Todo daño es atribuido a factores externos, bloqueos difusos o conspiraciones genéricas. No explica nada, pero diluye la causalidad.
Nada de esto ocurrió de una vez ni por una sola causa. Entre 2003 y 2012 se destruyeron contrapesos y se concentraron decisiones. Entre 2013 y 2017 se agotó la renta y se normalizó la improvisación. Desde 2018, el sistema no colapsa: se estabiliza en mínimos, expulsando población, reduciendo expectativas y administrando la precariedad.
Los actores relevantes no son solo los visibles. Importan los jueces que garantizan impunidad, los gerentes que hacen rentable el deterioro, los intermediarios financieros, las redes armadas territoriales y los aliados externos con intereses concretos. Sin ellos, el sistema no funciona. Por eso suelen desaparecer de los relatos simplificados.
En este contexto, durante la administración Trump el caso Venezuela fue asignado formalmente a un equipo de alto nivel integrado por el secretario de Defensa, el secretario de Estado y el director de la CIA. La composición del grupo indica que el problema fue tratado como asunto estratégico de seguridad nacional y política exterior.
Lo que no se conoce son las tareas asignadas, los instrumentos previstos, los plazos o los objetivos operativos. No hay documentos públicos ni decisiones verificables que permitan afirmar la existencia de un plan externo para desmontar el aparato chavista desde dentro o administrar una transición. Confundir la designación de responsables con la existencia de un diseño operativo es rellenar un vacío con expectativas.
Con todo lo que sí sabemos, la conclusión es menos tranquilizadora que muchos discursos, pero más honesta: una transición en Venezuela no será automática ni ordenada por defecto.
El poder real no está concentrado en una sola figura. Está distribuido en mandos medios, operadores judiciales, administradores de rentas, redes armadas y nodos financieros. Aun si salen de escena los dirigentes visibles, los mecanismos permanecen activos mientras no sean desactivados uno por uno.
Las resistencias no serán ideológicas, sino funcionales. No se defenderá un proyecto político, sino rentas, protección e impunidad. Eso suele traducirse en sabotaje administrativo, parálisis selectiva, filtraciones, violencia localizada o negociaciones opacas. No es un choque frontal: es desgaste.
El propio diseño del Estado dificulta su desmontaje. La opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles –que permitieron la captura– obstaculizan ahora cualquier transición limpia. Desarmar ese entramado exige decisiones impopulares, depuración institucional y conflictos abiertos con intereses incrustados.
El tiempo no es un aliado neutral. Cada demora consolida pactos informales y zonas grises. Sin control efectivo del aparato, los procesos electorales pueden existir sin corregir el poder real.
La violencia no es inevitable, pero tampoco excepcional. En sistemas donde el poder se cruza con economías ilegales, suele aparecer de forma fragmentada y localizada, precisamente para evitar costos políticos mayores.
Por eso, cualquier relato que prometa una transición rápida, indolora y administrada desde arriba no está describiendo la realidad: está gestionando expectativas.
Eso es lo que separa el análisis del consuelo. Explicar cómo funciona el poder no tranquiliza, pero prepara; no promete, pero orienta. La transición venezolana, si ocurre, será conflictiva porque así está diseñado el sistema que habría que desmontar.
Cuando un discurso parece explicarlo todo sin describir mecanismos, no informa: produce asentimiento. Y el asentimiento no ayuda a transitar lo que viene.
Solo entender cómo opera el poder permite no volver a confundir palabras bien hiladas con conocimiento político. No se trata de creer o no creer en una transición, sino de comprender qué la hace posible –y qué la hace costosa– antes de enamorarse de las explicaciones fáciles.
