By La protesta en Venezuela no es nueva, pero cambió de naturaleza cuando desaparecieron los mecanismos para procesarla. Lo que antes era presión sobre el sistema hoy es un reclamo sin interlocutor: el resultado de un poder que eliminó sus propios límites y responde con represión: detenciones arbitrarias, cárcel, desapariciones forzadas y tortura.
El conflicto social en Venezuela no es un fenómeno reciente. En los años noventa, huelgas del sector público, paros universitarios y protestas sindicales derivaban en negociación o en costos políticos para el gobierno. No siempre resolvían el problema, pero obligaban a responder.
Ese marco se rompe a partir de 1999. No se trata de un aumento de la conflictividad, sino de una transformación en la forma en que el poder se relaciona con ella. El proyecto político que se inaugura con Hugo Chávez no pretende corregir las fallas del sistema democrático, sino sustituirlo. Esa sustitución se materializa en decisiones concretas: rediseño constitucional, concentración de atribuciones en el Ejecutivo, subordinación progresiva del sistema judicial y desplazamiento de actores intermedios.
La Constitución impulsada por Hugo Chávez amplía las facultades del Ejecutivo y reordena el sistema de poderes. En 2004, la ampliación del Tribunal Supremo de Justicia y la designación de magistrados alineados con el gobierno consolidan un poder judicial sin autonomía efectiva. En 2005, la oposición se retira de las elecciones parlamentarias y la Asamblea Nacional queda en manos del oficialismo. El equilibrio se perdió. El conflicto social no desaparece, pierde su canal institucional.
Protestar por sobrevivir
El punto de inflexión es 2003. En el paro petrolero, el gobierno despide más de 18.000 trabajadores de PDVSA y convierte la empresa en un instrumento directo del Ejecutivo. Ese mismo año se establece el control de divisas. La renta y su distribución quedan bajo decisión política. Es la transformación real del poder.
Los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social muestran lo que ocurre después: miles de protestas anuales, con picos que superan las 9.000 en años recientes. No son eventos excepcionales. Es una frecuencia sostenida.
La mayoría responde a problemas materiales. Demandan agua, electricidad, gas doméstico, combustible, salarios que cubran el costo de vida y las medicinas. En 2022 y 2023, el país registra protestas continuas de docentes y trabajadores públicos por salarios justos. En hospitales de Caracas y Maracaibo, personal de salud denuncia falta de insumos básicos. En el interior, comunidades protestan por cortes eléctricos de más de diez horas.
El país protesta por lo esencial, no por agendas ideológicas. No hay correcciones de política pública ni cambios institucionales. Hay deterioro. A esas demandas se han sumado, de forma creciente, manifestaciones contra la represión y por la liberación de presos políticos. El país protesta y la presión se acumula sin traducirse en respuesta.
Sin canal, sin respuesta
El sistema es incapaz de procesar el conflicto. Durante el período democrático existían mecanismos que obligaban al poder a reaccionar. Un conflicto sostenido podía derivar en negociación, concesiones, reformas o costos políticos. La alternancia en el poder operaba como correctivo. El sistema no eliminaba el conflicto, pero lo absorbía.
Ese elemento desaparece con la centralización del poder en el Ejecutivo que se expresa en hechos verificables: un Tribunal Supremo de Justicia que actúa alineado con el gobierno, una Asamblea Nacional vaciada de competencias, un sistema electoral cuestionado en su imparcialidad, sindicatos intervenidos o desplazados, organizaciones sociales sometidas a control o marginadas.
No hay instancia independiente con capacidad de arbitraje y la protesta pierde su interlocutor. Tampoco hay equilibrio de poderes que obligue a responder. No hay competencia política que convierta el descontento en cambio. El conflicto queda fuera del sistema, pero existe.
De la contención a la represión
El poder no está orientado a procesar las demandas del pueblo, sino a administrarlas o contenerlas. En unos casos, se ofrecen soluciones puntuales que desactivan protestas específicas sin alterar las causas estructurales.
En otros, la respuesta es directa: presencia de cuerpos de seguridad, disolución violenta de manifestaciones, detenciones arbitrarias, enjuiciamientos sin debido proceso, cárcel, desapariciones forzadas y tortura como práctica documentada de forma sistemática por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. Informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas han señalado la existencia de patrones de represión, incluyendo detenciones sin garantías, uso de la tortura y desapariciones.
En 2014, bajo Nicolás Maduro, las protestas antigubernamentales terminan con varias decenas de muertos y centenares de detenidos. Cuando en 2016 el Tribunal Supremo declara en desacato a la Asamblea Nacional con mayoría opositora y anula sus competencias. Vuelven las protestas. La respuesta es la elección e instalación en 2017 de una Asamblea Nacional Constituyente al margen del voto competitivo. El ciclo represivo se repite con mayor brutalidad: más de cien fallecidos y miles de arrestos.
Protestas sin efecto
Las movilizaciones de docentes en 2023 logran visibilidad, pero no producen una reforma estructural del salario. Las protestas por combustible en estados como Táchira o Bolívar generan respuestas puntuales, no soluciones sostenidas. Las demandas por servicios básicos se repiten sin alterar la gestión.
El poder no necesita responder y esa es la diferencia central con el período democrático. La protesta no produce efectos. En los años noventa, un conflicto sostenido podía traducirse en negociación o en crisis política. En el Socialismo del Siglo XXI puede repetirse durante meses sin modificar decisiones de fondo. El sistema dejó de ser permeable.
No hay articulación nacional capaz de convertir las demandas en presión acumulada. Cada sector protesta por su cuenta: maestros, enfermeras, jubilados, comunidades sin agua. Un cuadro que completan la represión selectiva y la criminalización de la protesta. Detenciones de dirigentes sindicales, judicialización de líderes sociales y restricciones a organizaciones no gubernamentales limitan la capacidad de organización.
El conflicto se mantiene disperso y las protestas no tienen efecto. Es el rasgo definitorio del modelo construido desde 1999. Puede coexistir con altos niveles de conflictividad sin generar cambios estructurales porque ha eliminado los mecanismos que obligaban a enfrentarlas.
Estabilidad sin equilibrio
La estabilidad que emerge no es institucional. Es operativa. Descansa en la concentración de poder, en la ausencia de contrapesos y en la capacidad de contener el conflicto sin procesarlo. Incluso, la amnistía aprobada recientemente –acotada por fechas, delitos y condiciones— no modifica esa lógica. Administran casos específicos, pero no restituyen el sistema de mediación.
El problema de fondo no es coyuntural. Se origina en la concentración de la renta petrolera en manos del Estado y en la identificación entre control político y acceso a la riqueza. Durante un tiempo, ese poder estuvo mediado por instituciones que imponían límites. Ese equilibrio desapareció.
Hoy, el poder no enfrenta restricciones efectivas. Puede absorber conflicto, dosificar respuestas y mantener control sin ceder. La protesta se vuelve permanente e ineficaz, no produce cambios porque el poder no necesita responder. La estabilidad no peligra.
El conflicto en cifras
Una parte de la base social que sostuvo al chavismo fue incorporada bajo la promesa de participación y protagonismo. Hoy, cuando esos mismos sectores reclaman agua, salario o servicios, el Estado no los reconoce como interlocutores. Los trata como amenaza. La lealtad ya no garantiza que serán escuchados.
En enero de 2026 no hubo silencio social en Venezuela. Hubo 622 protestas documentadas en un solo mes, un promedio de 21 diarias, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social De ese total, 550 protestas –el 88%– estuvieron vinculadas a derechos civiles y políticos: exigencias de libertad para presos políticos, acceso a la justicia, derecho a la participación y cese de la represión
No es una deriva espontánea, sino la reorientación del conflicto: de lo social a lo político, de la supervivencia a la confrontación directa con el poder.
Las cifras confirman lo que ocurre en la calle. Al menos 214 protestas exigieron la liberación de presos políticos en 21 estados del país. Una demanda nacional, transversal, sostenida por familiares, estudiantes, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Las vigilias frente a cárceles, muchas encabezadas por madres, esposas e hijas, se convirtieron en el rostro visible de esa presión.
El dato clave no es solo la magnitud, sino la composición. Un total de 262 protestas fueron combinadas: en una misma acción se exigían salarios, servicios básicos y libertades políticas. La crisis dejó de ser fragmentada. Todo converge en un mismo punto: el Estado.
A esto se suma otro elemento que el discurso oficial intenta diluir: la persistencia de demandas materiales. Hubo protestas por agua, electricidad, transporte, salarios y pensiones. En zonas rurales y urbanas, la gente salió a exigir lo básico: servicios que no funcionan y condiciones de vida que no alcanzan. No son consignas abstractas. Son reclamos concretos.
Pero el rasgo determinante no es la cantidad de protestas, sino la persistencia de la ausencia de respuestas y de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y denuncias de tortura asociadas a estas dinámicas de conflictividad. La protesta no activa negociación. Activa castigo.
El poder no depende de la mediación social ni de la validación electoral efectiva. Depende de sostenerse.
Por eso la protesta no escala hacia cambios políticos. Incluso, cuando se anuncian medidas –como procesos de excarcelación–, el efecto es limitado y contradictorio. Mientras se liberan algunos detenidos, otros siguen encarcelados o aparecen nuevos casos. Las cifras verificadas indican que varios centenares de personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, pese a anuncios oficiales de apertura. Ese mecanismo no resuelve el conflicto. Lo administra.
La geografía también importa. Caracas, Miranda, Mérida, Bolívar y Anzoátegui concentran la mayor parte de las protestas. La represión no es difusa. Tiene lugares, procedimientos y responsables.
En Caracas, el Helicoide —sede del SEBIN— y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Boleíta, funcionan como nodos centrales de detención. En ambos se han documentado violaciones de derechos humanos: incomunicación inicial, acceso restringido a abogados, interrogatorios bajo coerción y traslados sin notificación a familiares. Los casos no son anónimos.
Represión con nombre propio
El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo murió en 2019 tras ser presentado ante un tribunal militar con signos evidentes de tortura. No pudo hablar. Murió bajo custodia del Estado. El caso no produjo una revisión estructural del sistema de detención. Produjo una respuesta controlada: imputaciones limitadas y silencio institucional.
En 2018, el concejal Fernando Albán murió bajo custodia del SEBIN. La versión oficial habló de suicidio. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos señalaron inconsistencias graves. Un patrón que se repite: un hecho de alto impacto, una explicación oficial, ausencia de investigación independiente.
En 2024 y 2025, detenciones de dirigentes políticos, activistas y ciudadanos sin militancia visible se ejecutan bajo figuras penales amplias: “terrorismo”, “instigación al odio”, “asociación para delinquir”. No son categorías neutrales. Son instrumentos jurídicos que permiten ampliar el margen de acción del Estado.
La arquitectura del control
Detención selectiva de líderes, imputación bajo delitos amplios, retraso judicial, restricción de la defensa. En paralelo, presencia disuasiva de cuerpos de seguridad y respuestas puntuales que desactivan demandas inmediatas sin resolver el problema. El objetivo no es eliminar la protesta, sino impedir que escale y se articule.
La Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, introduce tipos penales vagos que permiten sancionar expresiones críticas. La aplicación no es uniforme, pero sí selectiva. Funciona como mecanismo de disuasión.
El Tribunal Supremo de Justicia completa el circuito. En 2016 declaró en desacato a la Asamblea Nacional electa y anula sus decisiones. A partir de ahí, el Legislativo deja de ser un contrapeso. No hay control sobre el Ejecutivo ni sobre los cuerpos de seguridad.
La Fiscalía, bajo la dirección de Tarek William Saab desde 2017, ha anunciado investigaciones en casos puntuales de abusos, pero la estructura se mantiene intacta.
La secuencia es consistente: detención, imputación bajo delitos amplios, retraso procesal, restricciones a la defensa. En muchos casos, traslados a centros como El Helicoide, DGCIM o cárceles ordinarias donde los detenidos comparten espacio con población común. El efecto no es solo punitivo. Es preventivo.
La protesta no se enfrenta únicamente en la calle. Se anticipa en el marco legal y se refuerza en el sistema judicial: participar tiene costo.
La protesta está condicionada y, aun con registros de cientos de manifestaciones mensuales, la capacidad de escalamiento es mínima. El riesgo no es abstracto. El sistema combina tres niveles de control: legal, a través de normas que amplían la discrecionalidad; institucional, mediante la subordinación de poderes; y coercitivo, con cuerpos de seguridad que operan sin supervisión efectiva.
Poder político y control económico
El rediseño del sistema comienza con Hugo Chávez, que concentra poder bajo la promesa de corregir “las distorsiones de la democracia representativa”. La Constitución de 1999 amplía las facultades del Ejecutivo y abre la puerta a un esquema donde la legitimidad electoral se usa como base para reorganizar el Estado. A partir de 2003, con el control de PDVSA y la renta petrolera, ese poder adquiere capacidad material, financiamiento.
Bajo Chávez se establecen los mecanismos: control de recursos, subordinación institucional y construcción de lealtades políticas. Bajo Nicolás Maduro, ese diseño no se modifica. Se endurece. La caída de los ingresos petroleros no produce apertura, sino cierre. Donde antes había margen para distribuir, ahora hay necesidad de controlar.
La cadena es clara: Ejecutivo, aparato de seguridad, sistema judicial. El SEBIN, la DGCIM y la PNB ejecutan detenciones. El Ministerio Público imputa bajo figuras amplias. El sistema judicial procesa sin autonomía. No se trata de desviaciones individuales. Es una secuencia funcional.
Las decisiones no requieren instrucciones visibles en cada caso. El marco ya está definido. Los incentivos también. La represión de protestas en 2014 y 2017 y también en las detenciones selectivas más recientes, el comportamiento del aparato estatal responde a un método. Los nombres pueden cambiar, pero no el método ni su objetivo reducir el costo político del descontento.
Durante el ciclo de altos precios del petróleo y alto endeudamiento, el chavismo combinó gasto social, subsidios y acceso discrecional a divisas para construir una base de apoyo. Misiones, transferencias directas y expansión del empleo público funcionaron como mecanismos de inclusión y de construcción de dependencia.
Fue manejable mientras la renta crecía, pero cuando se reduce a partir de 2014, el modelo se ajusta. El Estado pierde capacidad de distribuir, pero mantiene la capacidad de asignar. La escasez reemplaza a la abundancia como herramienta de control.
El acceso a bienes básicos, a servicios, a oportunidades económicas deja de ser universal y pasa a estar mediado por decisiones administrativas y políticas. No siempre de forma explícita, pero sí efectiva. Primero los aliados. La economía se convierte en extensión del poder político.
En ese contexto, la protesta enfrenta un doble límite. Por un lado, la represión; por otro, la dependencia material. Quien protesta puede perder la libertad y el acceso a recursos básicos.
Las protestas ocurren, pero rara vez se convierten en movimientos sostenidos capaces de articular demandas más amplias. Cada sector actúa dentro de sus propios márgenes, condicionado por riesgos concretos y beneficios limitados.
El resultado es un sistema que combina control político y control económico. No necesita consenso amplio. Necesita estabilidad suficiente, y la construye sobre una ecuación simple: capacidad de contener el conflicto más rápido de lo que puede organizarse.
Por eso la protesta persiste, pero no escala. Por eso el descontento es visible, pero no decisivo. Por eso el sistema no corrige, aunque los problemas se acumulen.
Un sistema sin interlocutor
El poder no ignora la crisis. La administra. Desde 1999, el sistema no elimina el conflicto. Elimina las instituciones que procesan las decisiones. El Ejecutivo, sistema judicial y los cuerpos de seguridad no están diseñados para procesar demandas, responder, sino para neutralizarlas. No hay instancia real de interlocución. El conflicto no entra al sistema. Choca con él.
Es la diferencia central con el período anterior. Antes, la protesta incomodaba al poder porque lo obligaba a responder. Hoy, el reclamo no tiene a quién obligar. El Estado no necesita responder. La arquitectura construida desde Chávez y endurecida bajo Maduro eliminó los puntos de contacto entre sociedad y poder. El Tribunal Supremo no arbitra, el Legislativo no media, el sistema electoral obedece al Ejecutivo, no a los votantes
La protesta existe. El interlocutor no.
Venezuela no es un país sin protesta. Es un país donde la presión social no tiene a quién dirigirse. La fuerza de la protesta no se ha perdido. Desapareció el sistema capaz de procesarla y convertirla en decisión. Sin reconstrucción institucional, cualquier estallido regresa al mismo lugar: presión sin efecto y represión que puede costar la vida.
