By La dictadura chavista confirma la captura de Maduro y Cilia Flores tras la operación militar en la madrugada.
Este sábado 3 de enero, tras una operación militar registrada durante la madrugada, la dictadura venezolana afirmó que Nicolás Maduro y Cilia Flores habrían sido capturados. La afirmación fue difundida sin evidencia pública verificable.
Durante el sábado 3 de enero, en la madrugada y en el marco de una operación militar en desarrollo en Caracas y otras zonas estratégicas del país, la dictadura encabezada por Nicolás Maduro difundió una afirmación de alto impacto político: que el propio Maduro y su esposa, Cilia Flores, habrían sido capturados.
La información fue emitida sin precisar lugar, circunstancias operativas, autoridad interviniente ni estatus jurídico de las personas mencionadas. Tampoco fue acompañada de imágenes, registros oficiales contrastables o confirmaciones de terceros.
A las 5:05 de la mañana, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del régimen, realizó una alocución transmitida por Venezolana de Televisión y otros canales oficiales, en la que confirmó la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores y exigió de manera reiterada “prueba de vida inmediata” de ambos.
En su intervención, Rodríguez atribuyó la operación a los Estados Unidos, invocó una supuesta agresión externa, anunció la activación de la milicia y de la llamada “fusión militar, popular y policial”, y afirmó que el presidente Maduro habría decretado la conmoción externa antes de su captura. También sostuvo que la operación habría causado la muerte de funcionarios militares y civiles en Caracas, Aragua, Miranda y La Guaira, sin aportar pruebas.
La secuencia se produce en paralelo a reportes coincidentes de explosiones, cortes del servicio eléctrico, movimientos militares y restricciones aéreas en Caracas, La Guaira y otras áreas sensibles del país, así como a un deterioro acelerado de las comunicaciones.
Entre los puntos alcanzados figura el Cuartel de la Montaña, el antiguo Museo Militar de Caracas. Un enclave de alto valor simbólico: allí se atrincheró y se rindió Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, y el lugar fue posteriormente transformado por el régimen en un mausoleo de Estado, donde reposan los restos de Chávez, embalsamado, convertidos en pieza central del culto político oficial. El impacto sobre este sitio trasciende lo táctico y proyecta un mensaje directo sobre los símbolos fundacionales del chavismo.
Lejos de una situación de control, las horas posteriores a los ataques han estado marcadas por un colapso operativo visible. El servicio eléctrico permanece gravemente afectado en amplias zonas del país, con sectores completos de Caracas sin suministro. No se registró una respuesta militar proporcional ni verificable a los ataques, ni la activación de los sistemas antiaéreos S‑300 de origen ruso, considerados parte central del dispositivo defensivo estratégico.
La ausencia de reacción militar efectiva, sumada a la precariedad de los servicios básicos y a la confirmación pública de la captura de la cúpula del poder, configura un escenario de quiebre de mando y vulnerabilidad estatal que trasciende el plano comunicacional y sitúa a Venezuela en una fase inédita de la crisis.
A este cuadro se suma una precisión necesaria. En las horas posteriores a los ataques no se registró una comparecencia en vivo ni una alocución institucional directa del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a través de la amplia red de medios controlados por la dictadura.
Las únicas imágenes atribuidas a Padrino López corresponden a un video pregrabado difundido en redes sociales, posteriormente reproducido por medios internacionales, sin interacción con la prensa, sin posibilidad de verificación temporal independiente y sin acompañamiento de un parte militar formal. El formato —grabación cerrada, encuadre fijo, ausencia de preguntas y difusión diferida— no equivale a una aparición pública operativa en un escenario de crisis militar.
En paralelo, Venezolana de Televisión (VTV) mantuvo una programación evasiva, sin cadenas informativas, sin partes oficiales del alto mando ni comparecencias verificables en tiempo real. En un sistema que dispone de decenas de canales estatales, radios y plataformas digitales, la ausencia de una comunicación directa, inmediata y sostenida del ministro de Defensa constituye en sí misma un dato relevante, que refuerza la percepción de disrupción en la cadena de mando y de control informativo defensivo.
Durante la jornada de este sábado 3 de enero de 2026, numerosos grupos de venezolanos comenzaron a celebrar la noticia de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, reportada tras una operación militar masiva de Estados Unidos.
Las manifestaciones de júbilo se han registrado tanto dentro como fuera del país. En el exterior, cientos de ciudadanos se concentraron en ciudades como Santiago de Chile —especialmente en sectores como Estación Central— con banderas venezolanas, bocinazos y consignas de “libertad”. Celebraciones similares fueron reportadas en diversas ciudades de Estados Unidos y Perú, con imágenes difundidas por la propia diáspora.
En Venezuela, el clima es más contenido. Aunque Caracas permanece bajo alta tensión tras las explosiones y el ataque nocturno, en distintos sectores de la población se registraron expresiones de alivio y expectativa ante el anuncio, en un contexto marcado por apagones, restricciones de movilidad y fuerte presencia militar.
El anuncio fue realizado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la plataforma Truth Social este sábado 3 de enero de 2026. Aunque el mensaje no fue publicado originalmente en X (antes Twitter), capturas de pantalla del post circularon de forma masiva en esa red tras ser compartidas por altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el subsecretario de Estado Christopher Landau, quien difundió la imagen del mensaje original acompañada de la frase: “¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido”.
El texto íntegro publicado por Trump en Truth Social señala:
“The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement. Details to follow. There will be a News Conference today at 11 A.M., at Mar-a-Lago.”
Posteriormente, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó que el paradero de Maduro es desconocido y exigió una ‘prueba de vida’ inmediata, sin ofrecer detalles adicionales sobre su situación.
La referencia de Trump a la participación de “U.S. Law Enforcement” implica, en términos operativos, la intervención de agencias federales con competencia extraterritorial, como el FBI, la DEA o el U.S. Marshals Service, bajo marcos de cooperación judicial y de seguridad nacional. Esa fórmula sugiere que la operación no fue presentada únicamente como una acción militar, sino también como un procedimiento de captura con objetivos penales, orientado a la custodia, traslado y eventual procesamiento judicial de los detenidos bajo jurisdicción estadounidense.
Entre comunidades de venezolanos en el exterior, el ambiente es abiertamente festivo. Los mensajes que circulan en redes sociales aluden al cierre de un ciclo político y a la posibilidad de un cambio histórico para el país, después de más de dos décadas de autoritarismo.
En el plano internacional comenzaron a registrarse reacciones oficiales. El gobierno de Cuba condenó el ataque y pidió una reacción de la comunidad internacional, calificando la operación como una agresión contra la soberanía venezolana. Colombia, por su parte, expresó su “profunda preocupación” por la escalada militar y sus posibles efectos regionales.
Irán también reaccionó con dureza y condenó lo que describió como una “flagrante violación de la soberanía” de Venezuela, sumándose a las declaraciones de aliados políticos del chavismo que reclaman una respuesta multilateral frente a la operación militar estadounidense.
Colombia elevó el tono de su reacción a través del presidente Gustavo Petro. Este sábado 3 de enero de 2026, Petro rechazó públicamente la operación militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. A través de mensajes difundidos en la red X y declaraciones posteriores, denunció bombardeos con misiles en Caracas y otras zonas del país, que calificó como una agresión contra Venezuela.
El mandatario colombiano solicitó la activación inmediata de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, al considerar que la operación constituye una violación de la soberanía de un país vecino. Petro calificó la captura como “ilegal” y reiteró que las tensiones políticas deben resolverse mediante procesos electorales con garantías y diálogo político, no mediante el uso de la fuerza militar externa.
En el plano interno, el gobierno colombiano ordenó el despliegue de la Fuerza Pública en la frontera con Venezuela y anunció la activación de mecanismos de asistencia humanitaria, ante la posibilidad de desplazamientos masivos de población derivados del conflicto. La postura de Petro contrasta con las celebraciones registradas entre sectores de la diáspora venezolana y lo posiciona como uno de los principales críticos regionales de la intervención estadounidense.
Ese posicionamiento se produce, además, desde una relación política compleja. Petro ha sido considerado un aliado político de Maduro en foros regionales, aunque en los últimos meses han emergido fricciones visibles a raíz de las actuaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada con fuerte vinculación al narcotráfico y con amplia impunidad en territorio venezolano bajo la protección del régimen. El gobierno colombiano ha endurecido su discurso contra el ELN, al que responsabiliza de sabotear procesos de negociación y de distorsionar economías criminales transfronterizas, en particular en un contexto de caída de los precios de la cocaína que ha afectado directamente a las redes ilegales de financiamiento.
Esa tensión introduce una capa adicional de complejidad en la reacción de Bogotá: el rechazo a la operación estadounidense convive con un deterioro objetivo de la relación con estructuras armadas que operan desde Venezuela, lo que limita el margen de maniobra político y de seguridad del gobierno colombiano.
Al cierre
El cuadro que se consolida al cierre de esta edición combina hechos de distinta naturaleza pero de un mismo sentido: una operación de alcance excepcional anunciada por Washington; la confirmación pública, aunque incompleta, desde la propia cúpula del poder en Caracas; un aparato estatal incapaz de ofrecer una narrativa coherente y sostenida; y una reacción social que oscila entre la celebración abierta en la diáspora y la cautela tensa dentro del país. La ausencia de comparecencias operativas del alto mando, la falta de respuesta militar visible y la degradación de servicios esenciales terminan de perfilar un escenario de dislocación del poder efectivo.
En el plano regional, las condenas de aliados tradicionales del chavismo y la posición crítica de gobiernos vecinos delinean un mapa de fricciones que trasciende el episodio puntual. La mención expresa a agencias de cumplimiento de la ley estadounidenses introduce, además, una dimensión judicial que desplaza el foco desde la mera coerción militar hacia la custodia, el traslado y un eventual procesamiento. En ese cruce de planos —militar, penal, simbólico y social— se juega el significado de las próximas horas.
Nada de esto equivale todavía a un desenlace. Sí define, con claridad suficiente, el fin de una normalidad: la de un régimen que, durante años, sostuvo su estabilidad en la opacidad, la intimidación y el control del relato. Lo que sigue dependerá de verificaciones concretas, de decisiones institucionales y de la capacidad —o incapacidad— de los actores involucrados para recomponer mando, legalidad y legitimidad en un país que amanece en un punto de inflexión.
Recompensas, acusaciones y escalamiento judicial contra Nicolás Maduro y su círculo
2005–2014 | Consolidación del aparato de poder Tras la llegada de Hugo Chávez al poder y, posteriormente, la sucesión de Nicolás Maduro, se consolida un sistema de control institucional, militar y económico. En estos años se acumulan denuncias sobre corrupción, narcotráfico, violaciones de derechos humanos y utilización de estructuras estatales para actividades ilícitas transnacionales.
2015 | Sanciones iniciales de Estados Unidos Estados Unidos declara a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional y comienza a imponer sanciones selectivas contra funcionarios del régimen, marcando el inicio formal de un cerco jurídico y financiero internacional.
2017 | Quiebre institucional y presión internacional Tras la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y la anulación de facto del Parlamento electo, se intensifican las sanciones individuales y se amplían las investigaciones sobre redes de corrupción y narcotráfico vinculadas al alto mando político y militar.
2019 | Acusaciones penales en Estados Unidos El Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta cargos formales contra Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores por narcotráfico, narcoterrorismo y corrupción. Se acusa al régimen de operar como una estructura criminal transnacional.
Marzo de 2020 | Primera recompensa contra Maduro Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Nicolás Maduro, y recompensas adicionales por otros altos funcionarios, incluidos Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y jefes militares. El caso se enmarca en la política de recompensas por narcotráfico.
2020–2022 | Expansión de recompensas y aislamiento Las recompensas se mantienen vigentes mientras se amplían sanciones financieras y restricciones diplomáticas. El régimen resiste mediante alianzas con actores como Rusia, Irán y Cuba, y mediante el control interno de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.
2023 | Señales de flexibilización condicionada Estados Unidos introduce alivios parciales y temporales de sanciones, condicionados a avances electorales y garantías democráticas. Las acusaciones penales y recompensas, sin embargo, permanecen activas.
2024 | Elecciones cuestionadas y recrudecimiento del aislamiento Los procesos electorales venezolanos son ampliamente cuestionados por falta de garantías. Se reactiva la presión diplomática y se reafirma la vigencia de los expedientes judiciales internacionales contra Maduro y su entorno.
2025 | Persistencia del cerco judicial Las investigaciones por narcotráfico, corrupción y crímenes de lesa humanidad continúan abiertas en distintas jurisdicciones. La Corte Penal Internacional mantiene el examen sobre Venezuela.
3 de enero de 2026 | Operación y captura anunciada Estados Unidos anuncia la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores tras una operación de gran escala. El anuncio se produce en un contexto de apagones, ataques a objetivos estratégicos y colapso comunicacional del régimen. Delcy Rodríguez exige prueba de vida y reconoce la pérdida de contacto con el mandatario.
Esta secuencia muestra una evolución progresiva: de sanciones políticas a acusaciones penales, de aislamiento diplomático a recompensas formales, y finalmente a una operación presentada como captura bajo jurisdicción estadounidense. No se trata de un episodio aislado, sino del desenlace provisional de un proceso acumulativo de más de una década.
