Los encarcelados son sometidos a castigos colectivos de aislamiento e incomunicación. Tratos degradantes prohibidos por la Constitución de 1999
LaPatilla.com
La organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón emitió otro contundente comunicado, a través de su cuenta en X, alertando sobre la intensificación de las violaciones de derechos humanos en la cárcel El Rodeo. “La agresiones a los detenidos revelan un patrón preocupante”, afirma.
La ONG sigue recibiendo testimonios de familiares que confirman la persistencia de castigos colectivos, aislamiento e incomunicación de los encarcelados de libertad. La situación se agrava con la falta de transparencia y la arbitrariedad de las “medidas disciplinarias”
Algunos familiares encontraron que los detenidos habían sido incorporados a los grupos en castigo sin haber recibido notificación previa o explicación alguna de las autoridades. La ONG señaló que esta práctica afecta el derecho a la comunicación familiar y el debido proceso. Detalló que la incomunicación prolongada, el aislamiento y la suspensión arbitraria de visitas no se justifican bajo ninguna medida disciplinaria. Constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
La organización reiteró su acompañamiento y respaldo a las familias, reconociendo la «profunda angustia y el sufrimiento» que genera la falta de información sobre el estado físico de sus allegados. Finalmente, exhortó a las autoridades penitenciarias y judiciales a cumplir con su deber de proteger la vida y los derechos de las personas bajo su custodia, proporcionando información inmediata, completa y verificable.
La tortura no es castigo, es un crimen
Un Mundo sin Mordaza denunció en las redes sociales que Heryberth Rivas cumplió 6 días sometido a tortura en El Rodeo I. Está desnudo, esposado, aislado y sin acceso a agua. Lo han confinado en una zona conocida como “Piso 4”, bajo condiciones extremas de temperatura y sin contacto alguno con el exterior. Le niegan la visita familiar y la entrega de paquetería. La única respuesta: “Está castigado”.

En la misma condición y sitio se encuentra el capitán Antonio Sequea, castigado, esposado, desnudo y aislado. Sequea acumula 44 días sin visita desde que el régimen secuestró a su madre, Merys Torres de Sequea, su única visitante autorizada.
Un Mundo Sin Mordaza exige:
- El cese inmediato del aislamiento y el castigo
- El acceso urgente a atención médica, alimentos y visitas familiares
- El respeto pleno a los derechos humanos de Heryberth Rivas, Antonio Sequea y todos los presos políticos
“Familiares y defensores han denunciado la ausencia total de notificación oficial, el desconocimiento de los centros de detención y la negativa de acceso a abogados o representantes de confianza, configurando un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias”, subraya la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
En octubre una persona fue detenida cada 15 horas

En octubre se registraron al menos 54 detenciones arbitrarias en Venezuela, incluyendo periodistas, estudiantes y niños. Un encarcelamiento cada 15 horas.
“Una alarmante cifra que ha dejado como resultado decenas de familias vulneradas física y emocionalmente, por el simple hecho de pensar distinto”, indicó Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela.
La semana pasada se reportó la desaparición forzada del periodista de Sucesos, Joan Camargo. Tras cinco días sin tener noticias del comunicador, el martes en la noche lo liberaron. Se desconocen detalles de la aprehensión, solo que al salir de su casa, fue abordado por hombres vestidos de negro y desde entonces no hubo comunicación con el comunicador. Para el Colegio Nacional de Periodistas, este arresto representa un patrón que agrava aún más la crisis de derechos humanos que azota a Venezuela.
Rafael Uzcátegui, director del centro de pensamiento Laboratorio de Paz, denuncia que la represión se ha recrudecido desde septiembre cuando Estados Unido comenzó sus operativos contra el narcoterrorismo en el Caribe. Antes el régimen se llevaba presa a una persona cada 40 horas, ahora es cada 15.
Uno de los casos más angustiantes fue la detención de cuatro niños de la familia Cruz Villegas. Ángel José Cruz, de 7 años de edad; José Ángel Cruz, de 9 años; José Antonio Cruz, de 5; Ivanela Pérez Villegas, de 12, y su niñera fueron encarcelados para obligar a su padre a entregarse a las autoridades. Se desconoce por qué los cuerpos de seguridad persigue al padre de los niños.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, señala que la situación de vulnerabilidad es “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada”. “Familiares y defensores han denunciado la ausencia total de notificación oficial, el desconocimiento de los centros de detención y la negativa de acceso a abogados o representantes de confianza, configurando un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias”, subrayó la organización.
Edmundo González exige fe de vida de su yerno
El 7 de enero de 2024, Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González, llevaba sus hijas al colegio y luego desapareció. Lo detuvieron funcionarios policiales. Desde entonces, nadie lo ha podido ver, ni se le ha permitido defensa privada.
El lunes 3 de noviembre, Tudares cumplió 306 días detenido e incomunicado. Su esposa, Mariana González, la hija de Edmundo González, informó que el juicio en contra de Tudares Bracho continuará mediante audiencias telemáticas. “Mi esposo no está vinculado al FBI, como ha dicho el gobierno. Es total y absolutamente falso, bien alejado de la realidad y las autoridades lo saben”, reiteró.
El domingo, Edmundo González Urritia exigió una prueba de vida de su yerno: “¡Exigimos fe de vida de Rafael Tudares!”, expresó en su cuenta X. El vencedor en las elecciones de julio de 2024 afirmó que muchos venezolanos viven en la actualidad una situación de desaparición forzada de un familiar.
“¿Cómo se les explica qué significa eso a los niños? La última vez que mis nietos vieron a su papá, unos hombres encapuchados se lo estaban llevando y los dejaban en la calle”
La esposa de Tudares ha insistido en múltiples ocasiones en que lo detuvieron arbitrariamente en enero pasado y que, desde entonces, no ha podido constatar su verdadero paradero, ni su integridad física y condiciones de salud. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que el caso de Tudares Bracho cumple con los elementos de una desaparición forzada, práctica considerada crimen de lesa humanidad bajo el derecho internacional.
Días después de la detención de Tudares, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que estaría implicado en un presunto acto terrorista que supuestamente vinculaba al excandidato presidencial Enrique Márquez y a un alto funcionario del FBI.
El 11 de octubre, Mariana González dirigió una carta pública a la Conferencia Episcopal Venezolana solicitando su apoyo y que constatara las condiciones en las que se encuentra su esposo. Hasta el momento no ha tenido ningún tipo de comunicación con él, ni ha podido entregarle medicinas o artículos de higiene personal.
En junio, un tribunal decidió avanzar hacia el juicio por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.
Presos políticos con cargos penales
Nicolás Maduro, que funge como gobernante de Venezuela y Tarek William Saab, que hace el papel de fiscal general, niegan que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos. Aseguran que cometieron delitos de tipo penal.
La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 884 presos políticos, de los cuales 85 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad. Entre los detenidos hay 767 hombres y 117 mujeres; 880 son adultos y 4 son adolescentes de entre 14 y 17 años. Del total, 711 son civiles y 173 militares
Foro Penal especificó la la lista “no incluye a los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)”.
La mayoría de los presos políticos fueron detenidos después de las presidenciales de julio de 2024, en las que CNE -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sin presentar las actas de votación y al hecho que de que la oposición si las mostró y ganó por una contundente mayoría.


