By En una contundente actualización de su registro sobre violaciones a los derechos humanos, la organización no gubernamental Realidad Helicoide denunció de manera formal que el aparato estatal venezolano mantiene operativos 49 centros de tortura activos distribuidos a lo largo del territorio nacional. De acuerdo con los balances presentados, estas infraestructuras —que abarcan desde prisiones de máxima seguridad hasta comandos policiales de carácter regional— se utilizan de manera sistemática para la reclusión, aislamiento y castigo de más de 400 presos políticos.
Esta denuncia cobra especial relevancia tras los recientes mandatos internacionales encaminados al desmantelamiento de los focos de represión más visibles en el país. El reporte surge meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenara de forma vinculante la clausura definitiva de El Helicoide, históricamente catalogado como el epicentro de la tortura en la capital venezolana. A pesar de que la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, procedió al cierre físico de esta icónica edificación gubernamental, las organizaciones civiles advierten que las dinámicas represivas no cesaron, sino que experimentaron una descentralización hacia la periferia urbana y penal.
La geografía del horror: Distribución de los prisioneros políticos
El monitoreo detallado por la ONG evidencia que la concentración de reclusos por motivos políticos se desplaza de manera crítica hacia cárceles del estado Miranda y comandancias específicas en el interior de la república:
- Cárcel Rodeo I (Miranda): Se consolida como el principal polo de reclusión del país, al albergar la alarmante cifra de 107 presos políticos.
- Centro Nacional de Procesados Militares (Ramo Verde): Mantiene bajo custodia a 78 prisioneros del sector civil y castrense.
- Fuerte Guaicaipuro: Registra un total de 46 ciudadanos detenidos.
- Complejos Penitenciarios Yare II y Yare III: Suman 21 y 18 prisioneros respectivamente.
- Estructuras Capitalinas y del Interior: La red abarca instalaciones como el Centro de Resguardo de El Valle, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la avenida Urdaneta, el CNA-Las Acacias (10 detenidos), el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF, 8 detenidos), La Pica (7 detenidos) y el destacamento 411 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Mañongo.
Asimismo, se confirmaron detenciones de menor escala —pero bajo idéntico patrón de aislamiento— en Tocorón, la Planta, el Centro Occidente Penitenciario de Santa Ana y diversas sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en zonas de Anzoátegui, Barquisimeto y La Yaguara.
Crisis humanitaria en Rodeo I: 224 días de resistencia familiar
La situación en las inmediaciones del Internado Judicial Rodeo I alcanzó un punto de máxima tensión estructural y social. Este viernes, los comités de familiares de los detenidos cumplieron 224 días continuos de vigilia civil en las afueras de la prisión, demandando de forma urgente el ingreso de misiones humanitarias internacionales y la verificación del estado de salud de sus seres queridos.
Según el reporte oficial del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, las condiciones de habitabilidad se degradaron drásticamente a consecuencia del doble terremoto que azotó al país el pasado 24 de junio. Los informes médicos e internos señalan violaciones sistemáticas que han sido tipificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes:
- Uso desproporcionado de la fuerza: Los familiares reportan golpizas severas, heridas causadas por perdigones de goma y ataques con gas lacrimógeno en espacios confinados.
- Emergencia sanitaria encubierta: Existen múltiples internos heridos tras los incidentes de represión interna que carecen de cualquier tipo de asistencia médica calificada.
- Incomunicación absoluta: Se decretó la suspensión indefinida de la paquetería alimentaria y de medicinas esenciales provistas por los allegados, sumado a severas restricciones de visitas.
- Infraestructura colapsada: La administración penitenciaria obligó el reingreso forzoso de los internos a celdas que exhiben serias grietas y fallas estructurales derivadas de los sismos de junio, elevando el riesgo de un colapso físico.
El panorama de las excarcelaciones y el limbo legal
La comunidad internacional sigue con atención los movimientos del ejecutivo venezolano. En fechas recientes, el gobierno central anunció la excarcelación de 131 detenidos en un intento por mitigar la presión diplomática. No obstante, los defensores de derechos humanos llaman a la cautela. Activistas del Foro Penal Venezolano —organización que documenta de forma paralela la existencia de una masa crítica de presos políticos— informaron que únicamente se ha logrado verificar de manera efectiva la liberación de aproximadamente 80 personas.
Desde el ámbito legal, portavoces del Comité por la Libertad de los Presos Políticos enfatizaron que “excarcelar no es sinónimo de liberar”. Gran parte de los ciudadanos supuestamente beneficiados continúan inmersos en un limbo jurídico, condicionados a medidas punitivas severas que incluyen regímenes de presentación obligatoria ante tribunales móviles y la prohibición absoluta de salida del territorio nacional.
Desapariciones forzadas y persecución selectiva
La denuncia de la ONG Realidad Helicoide expone que el alcance de la persecución política trasciende los muros de los penales ordinarios. El balance de este mes ratifica la existencia de 7 personas bajo la condición jurídica de desaparición forzada y 10 ciudadanos en régimen de arresto domiciliario estricto.
Entre las figuras civiles que enfrentan arresto domiciliario se encuentra el abogado y académico Perkins Rocha, coordinador nacional del partido opositor Vente Venezuela. La persecución sistemática contra líderes ligados a la plataforma de María Corina Machado ha sido extensamente documentada por consultoras regionales como Methodo. En sus análisis independientes, exdetenidos describen un patrón homogéneo caracterizado por detenciones extrajudiciales en vías públicas, allanamientos de moradas sin orden penal, interrogatorios prolongados bajo coacción y un aislamiento total respecto a defensores privados.
Ante este escenario, la posición de los organismos civiles es unánime. En declaraciones publicadas a través de sus canales oficiales de información, Realidad Helicoide en Instagram sentenció que “visibilizar cada rincón de esta red es el primer paso indispensable para romper la impunidad reinante”. La organización concluyó exigiendo de manera categórica el cese definitivo de la infraestructura de terror del Estado, la liberación plena de todos los prisioneros de conciencia y el enjuiciamiento de los responsables de la cadena de mando represiva.
