By La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, expone la capacidad del Estado mexicano para ejecutar golpes de alto valor y el poco alcance de una estrategia que no desmantela la estructura criminal.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no cierra una etapa; cambio el punto de equilibrio. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los objetivos prioritarios de México y Estados Unidos durante más de una década, murió durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, ejecutado con inteligencia compartida y culminado con su fallecimiento durante el traslado a Ciudad de México.
El dato confirma capacidad operativa del Estado y coordinación bilateral; no define el desenlace. En México, la caída de un capo dejó de ser un punto final y pasó a ser el inicio de otra fase, generalmente más inestable.
La reacción precedió al relato oficial y fijó el tono. En cuestión de horas, células del CJNG bloquearon carreteras, incendiaron vehículos, interrumpieron flujos logísticos y forzaron cierres en múltiples estados. En Jalisco, epicentro del operativo, provocaron incendios y ejecutaron cierres de nodos viales. En otras regiones, la violencia replicó la misma secuencia en activación coordinada, lo que implica mando distribuido, comunicación eficaz y capacidad logística. La organización ejecutó un protocolo predeterminado.
Una estructura, no un mando
La arquitectura del CJNG no es una pirámide rígida sino una red con nodos relativamente autónomos. La figura del líder funcionaba como eje de cohesión y arbitraje, pero la operación cotidiana descansaba en mandos regionales con capacidad de decisión, financiamiento propio y control de células armadas. Un diseño que reduce la vulnerabilidad frente a la captura o muerte de la cúpula y permite respuestas rápidas sin necesidad de una cadena de mando centralizada.
La coordinación observada —bloqueos simultáneos, selección de puntos críticos, sincronización de acciones— sugiere que esa estructura se sostiene en una combinación de control territorial y control de flujos. Territorial, en la medida en que el cartel regula actividades económicas locales —legales e ilegales—, impone reglas y administra violencia.
Y de flujos, porque su negocio principal depende de mover mercancía, dinero y personas a través de rutas complejas. La interrupción de carreteras y nodos logísticos no fue solo una demostración de fuerza: fue una forma de recordar que el cartel puede afectar la circulación, es decir, el corazón económico de varias regiones. Un dato que obliga a revisar la premisa que durante años ordenó la política de seguridad: la eliminación de liderazgos como vía para debilitar estructuras.
Bajo Oseguera, el CJNG no solo consolidó rutas de narcotráfico sino que diversificó ingresos —extorsión, tráfico de personas, robo de combustible— y extendió control territorial en zonas urbanas y rurales. Su expansión coincidió con la mutación del mercado de drogas hacia sintéticos, en particular metanfetaminas y fentanilo. Se convirtió en un actor central en la cadena que alimenta la crisis de sobredosis en Estados Unidos y elevó su valor estratégico para Washington. La recompensa multimillonaria por su captura medía presión política.
La operación que terminó con su vida refleja el cruce de intereses y marca un cambio de tono. La participación de inteligencia estadounidense dejó de ser un matiz discreto para convertirse en un componente explícito de la acción.
Durante años, la cooperación bilateral osciló entre la necesidad operativa y la cautela política; México defendía soberanía mientras Estados Unidos exigía resultados. La ecuación actual es más directa: intercambio de inteligencia, objetivos de alto valor y rendición de cuentas implícita frente a la presión por el flujo de fentanilo.
El límite de la decapitación
Hay un punto que suele quedar fuera del debate público: la decapitación puede acelerar procesos internos que aumentan la violencia en el corto plazo. Sin una figura que concentre decisiones, los incentivos cambian.
Mandos intermedios buscan consolidar poder, demostrar capacidad y asegurar rentas. Eso se traduce en disputas más visibles, acciones más agresivas y una fragmentación que complica la respuesta estatal. No es un efecto colateral inesperado; es una consecuencia estructural.
En ese contexto, el tiempo se vuelve una variable crítica. El Estado compite contra una organización y contra la velocidad de su reconfiguración. Cada día sin control efectivo es un espacio que otros ocupan. La ventana que abre la caída de un líder es breve y exige una presencia sostenida que vaya más allá del despliegue inicial. Si esa presencia no se consolida, el sistema se reequilibra, a menudo en formas más inestables.
La violencia posterior no responde a impulsos emocionales sino a lógica operativa: coordinación simultánea en distintos puntos, interrupción de infraestructura, señal de capacidad. El CJNG mostró resiliencia, no colapso. Un comportamiento que define el primer límite de la estrategia de “decapitación”: puede producir éxitos tácticos visibles, pero no garantiza desarticulación. La estructura absorbe el golpe y reconfigura su mando.
La caída de líderes en Sinaloa, en Los Zetas o en organizaciones escindidas produjo fragmentación, disputas internas y aumentos localizados de violencia. El negocio no desaparece; se redistribuye. Mandos intermedios compiten, emergen facciones, se reordenan alianzas y el control territorial se vuelve más volátil. El problema no es la operación sino la secuencia posterior, donde el Estado debe sostener presencia y reducir la capacidad operativa de múltiples actores simultáneamente.
El giro político: Washington mide, México absorbe
La administración de Andrés Manuel López Obrador instaló una estrategia de contención sintetizada en la consigna “abrazos, no balazos”, que evitaba confrontaciones directas con la premisa de reducir la violencia sin escalar el conflicto. La actual presidenta Claudia Sheinbaum había defendido ese enfoque con argumentos de legalidad y eficacia, sosteniendo que la “guerra contra el narco” incrementó homicidios y abusos.
El operativo en Tapalpa contradice esa línea: uso de fuerzas especiales, objetivo de alto valor y coordinación activa con Washington. No es un ajuste retórico, coincide con una presión externa creciente.
La presión de Estados Unidos no se limita a la retórica. Está vinculada a métricas concretas: incautaciones, flujos de precursores químicos, desarticulación de laboratorios, reducción del tráfico de fentanilo. Es una lógica de resultados medibles que no siempre coincide con las necesidades de seguridad interna de México.
Un operativo exitoso puede tener alto valor político en la relación bilateral y, al mismo tiempo, aumentar la presión local y la volatibilidad. La cooperación tiene costos políticos internos. La participación de inteligencia extranjera reabre debates sobre soberanía y dependencia. El gobierno debe equilibrar esa cooperación con un discurso que preserve legitimidad interna, pero a veces genera ambigüedades entre lo que se hace y lo que se dice.
La decisión de participar en el operativo de decapitación del “Mencho” responde a una doble presión. Externa, por la centralidad del fentanilo en la agenda estadounidense y la demanda de resultados medibles; interna, por la persistencia de la violencia y el desgaste de una estrategia percibida como insuficiente. La muerte del famoso narcotraficante ofrece un resultado visible para la primera y abre interrogantes sobre la segunda. La violencia se mide en control territorial y en la vida cotidiana —homicidios, extorsión, movilidad—, no en el valor simbólico de los objetivos abatidos.
Una red que cruza fronteras
El CJNG opera en rutas que conectan Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos; su capacidad de adaptación depende de esas conexiones. La presión en México puede traducirse en desplazamientos geográficos, cambios de rutas y reconfiguración de alianzas. La reacción regional —refuerzo de controles, alertas ante posibles movimientos— no es preventiva sino estructural: el narcotráfico contemporáneo funciona como red, no como enclave nacional.
La dimensión financiera es otro punto crítico y menos visible. El CJNG, como otras organizaciones, no solo mueve droga: mueve dinero a través de sistemas formales e informales, utiliza empresas fachada, aprovecha vacíos regulatorios y se inserta en economías locales. Golpear esa dimensión requiere capacidades distintas a las operativas: inteligencia financiera, coordinación con el sistema bancario, cooperación internacional sostenida. Sin esa presión, la estructura puede absorber pérdidas operativas y recomponerse con relativa rapidez.
Además, la diversificación de ingresos actúa como mecanismo de resiliencia. Cuando una línea de negocio se ve afectada, otras compensan. La extorsión, por ejemplo, no depende de rutas internacionales y se sostiene en control territorial directo. Significa, incluso, que si el tráfico de drogas sufre interrupciones, la organización mantiene fuentes de financiamiento para sostener su aparato.
Éxito táctico, problema intacto
La operación en Tapalpa sintetiza la paradoja: éxito táctico con apoyo externo y demostración inmediata de capacidad adversaria. El problema no era un individuo sino una arquitectura criminal sostenida por rentas altas, instituciones locales vulnerables, corrupción e impunidad, además de una demanda internacional constante. Eliminar a un líder reduce visibilidad; no altera esas condiciones.
Hablar de control territorial implica algo más que presencia militar. Supone capacidad efectiva del Estado para garantizar seguridad cotidiana, funcionamiento de servicios, actividad económica y acceso a justicia. Un territorio puede estar patrullado y, sin embargo, seguir bajo la influencia de un grupo criminal que regula la vida diaria, impone normas y resuelve conflictos.
El indicador no es la presencia visible del grupo criminal sino su autoridad efectiva. ¿Quién decide qué se puede hacer y qué no? ¿Quién cobra, quién protege, quién castiga? En muchas zonas de México, esa autoridad está disputada o fragmentada. La muerte de un líder no altera automáticamente el equilibrio. Alterarlo exige tiempo, recursos y una coordinación institucional que históricamente ha sido irregular o no existente.
La prueba real
La pregunta relevante ahora es si el Estado puede alterar el entorno que hace posible la reproducción de liderazgos y estructuras. Un objetivo que exige continuidad operativa, fortalecimiento institucional, coordinación entre niveles de gobierno y reducción efectiva de la impunidad, junto con presión sostenida sobre las finanzas y la logística de las organizaciones. Una agenda menos visible y más costosa políticamente que la captura de objetivos de alto valor.
Medir el éxito en nombres abatidos produce evidencia inmediata, pero el verdadero indicador decisivo es el control territorial sostenido con menos violencia. La reacción del CJNG tras la muerte de su líder coloca ese indicador en primer plano. Si en las próximas semanas el Estado mantiene presencia, limita la capacidad de bloqueo y reduce la violencia, el operativo podrá ser el inicio de un cambio estratégico. Si la organización se reconfigura y la violencia se dispersa, será otro episodio de frustración
México enfrenta una estructura en movimiento. La muerte de “El Mencho” no resuelve esa ecuación; la expone y reduce el margen de error. El punto no es haber llegado al jefe, sino que el Estado pueda sostener la lucha aunque el adversario deje de tener rostro.
El desafío, en última instancia, es de consistencia. El Estado puede ejecutar operaciones complejas y alcanzar objetivos de alto valor, como lo demuestra la muerte de alias “el Mencho”. La duda está en su capacidad para sostener una estrategia que combine presión operativa, inteligencia, control financiero y fortalecimiento institucional de manera continua. No en ciclos reactivos, sino como política sostenida.
La historia reciente muestra que los golpes espectaculares generan expectativas que rara vez se cumplen en el mediano plazo. La atención se desplaza, los recursos se redistribuyen y las organizaciones criminales se adaptan. Romper ese patrón exige continuidad, algo menos visible y menos rentable políticamente que una operación exitosa, pero más decisivo.
La muerte de Oseguera no es un punto de llegada. Es una prueba: si el Estado puede sostener el control cuando desaparece el símbolo y queda la estructura.
